Protecci¨®n de Datos investiga el uso de c¨¢maras para espiar a la polic¨ªa de Tossa
El Ayuntamiento expedient¨® a dos agentes locales por criticar a la exalcaldesa
Un turbio asunto en la sede de la polic¨ªa municipal de Tossa de Mar (Selva) ha provocado la apertura de un procedimiento sancionador contra el Consistorio por parte de la Agencia Catalana de Protecci¨®n de Datos (Apdcat). El organismo ve indicios de ilegalidad en la colocaci¨®n de c¨¢maras de videovigilancia en la comisar¨ªa y sus alrededores durante el anterior gobierno, de CiU, y cree que el uso que de ellas se hizo ¡°pudo ser desproporcionado¡±, seg¨²n consta en el expediente. Las grabaciones fueron utilizadas para sancionar a dos polic¨ªas locales por falta de respeto y consideraci¨®n hacia la alcaldesa y el jefe de la Polic¨ªa Local. El expediente del Ayuntamiento contra los dos agentes, que han presentado una denuncia ante el juzgado, ha sido revocado. La agencia ha declinado comentar el caso porque est¨¢ en fase de instrucci¨®n.
El asunto se destap¨® cuando el Consistorio comunic¨® a los dos polic¨ªas que se les hab¨ªa abierto un expediente y les entreg¨® como prueba unos discos compactos con grabaciones de conversaciones que ambos hab¨ªan mantenido en la comisar¨ªa. ¡°Era como un Gran Hermano¡±, censura Javier Eduardo, uno de los agentes denunciantes. En una de las grabaciones aparece ¨¦l quej¨¢ndose a un compa?ero de que el entonces jefe de la Polic¨ªa Local le hab¨ªa acusado de perder las llaves de una moto del cuerpo.
En otras, los agentes criticaban a la entonces alcaldesa, Imma Colom (CiU), que gobernaba con mayor¨ªa absoluta. ¡°Utilizaron las grabaciones para ejercer represalias contra los trabajadores¡±, denuncia ?lex Duran, abogado de la Agrupaci¨®n de Polic¨ªas Locales de CC OO. Carlos Moreno, el otro cabo involucrado, cree que en el cuerpo y en el Consistorio alguien sufr¨ªa ¡°paranoias y man¨ªa persecutoria¡±.
¡°Utilizaron las grabaciones para
El Ayuntamiento de Tossa implant¨® un sistema de videovigilancia en la comisar¨ªa de la polic¨ªa local en mayo de 2010. Estaba dotado de ocho c¨¢maras que registraban im¨¢genes y sonido, una de ellas en la recepci¨®n y el resto en la calle. La Apdcat mantiene que el Consistorio podr¨ªa haber incurrido en una falta grave al utilizar grabaciones permitidas para controlar los accesos a la comisar¨ªa para un finalidad distinta: controlar a los polic¨ªas. Fuentes municipales creen que el episodio de las c¨¢maras se enmarca en disputas internas del cuerpo de polic¨ªa, en las que el Gobierno municipal tom¨® parte activa.
Los dos agentes han presentado una denuncia por ¡°vulneraci¨®n del derecho a la intimidad y al honor¡± contra la exalcaldesa, el exregidor de Seguridad Ciudadana Joan Antoni Herv¨ªas y el entonces jefe de la polic¨ªa local, David Barranco.
Barranco ejerci¨® el mando de la polic¨ªa durante la excedencia de Josep S¨¢nchez, quien intent¨® regresar, pero no pudo porque el anterior gobierno le neg¨® la reincorporaci¨®n. S¨¢nchez ocupa ahora de nuevo su puesto por decisi¨®n del equipo actual, encabezado por la alcaldesa Gisela Saladich (Tossa Unida).
La Ley Org¨¢nica de Protecci¨®n de Datos obliga a crear un fichero y publicar un edicto en alg¨²n bolet¨ªn oficial antes de registrar cualquier imagen, algo que el Ayuntamiento de Tossa no hizo hasta seis meses despu¨¦s de poner en funcionamiento las c¨¢maras, seg¨²n ha avanzado el Diari de Girona. Tampoco cumpli¨® con la obligaci¨®n de informar a trav¨¦s de un cartel de que las c¨¢maras registrar¨ªan tambi¨¦n voz.
La Agencia de Protecci¨®n de Datos considera que el uso que se hizo del sistema de videovigilancia, previsto en principio para controlar los accesos de la comisar¨ªa, pudo rebasar los l¨ªmites de lo l¨®gico. ¡°La grabaci¨®n de sonido, y por tanto de las voces de las personas que permanecen o transitan cerca de las c¨¢maras, podr¨ªa no ser necesaria¡±, dice el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador. La Apdcat destaca que una de las c¨¢maras est¨¢ enfocada de tal manera que permite captar im¨¢genes y voces del polic¨ªa que trabaja en la recepci¨®n, de la pantalla de su ordenador y de cualquiera que acuda a la comisar¨ªa o a los lavabos. ¡°Dada la ubicaci¨®n y el ¨¢mbito de visi¨®n de esta c¨¢mara, podr¨ªa cuestionarse si su finalidad es controlar los accesos y la seguridad de las dependencias municipales, o bien controlar a las personas que trabajan en la recepci¨®n¡±, dice el documento.
Las c¨¢maras contin¨²an en la actualidad en la misma posici¨®n que cuando se colocaron. ¡°Ya hemos dado las instrucciones de que se cambie todo¡±, informa Saladich. ¡°Las c¨¢maras est¨¢n para dar seguridad, no todo lo contrario¡±, afirma la alcaldesa.
Saltarse la ley con la excusa de la seguridad
No es la primera vez que la Agencia Catalana de Protecci¨®n de Datos enmienda la plana a un Ayuntamiento por saltarse las leyes con la excusa de estar protegiendo la seguridad. El caso de Tossa de Mar (Selva) tiene un antecedente muy similar en un procedimiento que acab¨® con una resoluci¨®n contraria al Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) el a?o pasado.
Ese Consistorio coloc¨® cinco c¨¢maras de v¨ªdeo en la entrada de las oficinas municipales y la comisar¨ªa, as¨ª como en las dependencias policiales. Adem¨¢s de no inscribir el fichero de datos siguiendo los cauces oficiales ni informar de la colocaci¨®n de las c¨¢maras en el interior del edificio mediante carteles visibles, las im¨¢genes fueron utilizadas como prueba en un expediente sancionador contra un polic¨ªa por retrasos en su jornada laboral.
El Ayuntamiento de Viladecans (Baix Llobregat) instal¨® un sistema autom¨¢tico para grabar todas las conversaciones telef¨®nicas mantenidas a trav¨¦s de un n¨²mero donde se atend¨ªan llamadas relacionadas con la seguridad p¨²blica, consultas administrativas e incluso conversaciones privadas.
La Agencia de Protecci¨®n de Datos calific¨® el registro de esos datos de ¡°inadecuado, no pertinente y excesivo¡± y en 2009 solicit¨® al Consistorio en que diferenciase claramente los n¨²meros de tel¨¦fono para separar las llamadas administrativas de las relacionadas con infracciones o la seguridad p¨²blica. En este caso tambi¨¦n se utiliz¨® una conversaci¨®n grabada como prueba de cargo contra un trabajador.
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