El fiscal pide citar como imputados a C¨¦sar Portela y a un exvicerrector

El castigo por levantar un edificio sobre el suelo de un aparcamiento en el campus de Elvi?a, sin licencia municipal y haber admitido posteriormente que lo hizo para no perder fondos p¨²blicos no se agot¨® con la destituci¨®n de Xos¨¦ Lois Mart¨ªnez como vicerrector de Infraestructuras y Gesti¨®n Ambiental de la Universidad de A Coru?a. Tras ser relevado el pasado octubre del puesto en el que llevaba ocho a?os, el exvicerrector se enfrenta ahora a una denuncia de la fiscal¨ªa especializada en delitos contra el medioambiente que ya ha llegado a los juzgados.

El ministerio p¨²blico ¡°no dirige la denuncia contra personas concretas¡± a la espera de esclarecer la participaci¨®n de media docena de personas que cita con nombres y apellidos y a los que solicita que se les llame en calidad de imputados. Entre ellos, Xos¨¦ Lois Mart¨ªnez, como responsable de la administraci¨®n promotora de las obras, C¨¦sar Portela, padre del proyecto arquitect¨®nico, Cesar Padr¨®n y Pablo Reboredo, t¨¦cnicos que hac¨ªan el seguimiento de los trabajos, adem¨¢s de la constructora Dragados que los ejecutaba. O lo que es lo mismo: las personas se?aladas por los expedientes sancionadores abiertos por el Ayuntamiento de A Coru?a.

El exvicerrector Xos¨¦ Lois Mart¨ªnez se jact¨® de edificar sin licencia

El caso viene de lejos. En una de sus ¨²ltimas decisiones antes de agotar su mandato, el exrector coru?¨¦s Jos¨¦ Mar¨ªa Barja destituy¨® el pasado 10 de octubre a Mart¨ªnez recordando que para la Universidad de A Coru?a ¡°el sometimiento a la legalidad y la leal colaboraci¨®n con el resto de instituciones p¨²blicas son principios b¨¢sicos e irrefutables¡±. Semejante declaraci¨®n lleg¨® unos d¨ªas despu¨¦s de que Mart¨ªnez, vicerrector responsable de las infraestructuras en el campus coru?¨¦s y arquitecto de profesi¨®n, reconociese que permiti¨® las obras del edificio sin licencia municipal porque pedirlo hubiera implicado la negativa del Ayuntamiento. Y recordara al tiempo que su decisi¨®n se produjo despu¨¦s de que el Gobierno municipal coru?¨¦s no fuera capaz de tramitar en seis a?os la modificaci¨®n del plan parcial del campus solicitada para amparar las nuevas construcciones.

Visto que las gestiones administrativas no acababan de dar frutos, el entonces vicerrector tir¨® por el camino m¨¢s recto y autoriz¨® la obra del primero de los cinco m¨®dulos para el ¨¢rea cient¨ªfica sobre el aparcamiento que hay tras las facultades de Inform¨¢tica e Ingenier¨ªa. El edificio fue concluido, la Universidad lleg¨® a recepcionar la obra y el dise?ador de los planos pase¨® orgulloso por la nueva infraestructura en el d¨ªa de su estreno.

Ahora Portela, junto a dos de sus colaboradores y el propio exvicerrector est¨¢n en el punto de mira del fiscal que pide delimitar sus responsabilidades en el desaguisado. Tras cotejar con el Ayuntamiento de A Coru?a la ¡°existencia de expedientes de reposici¨®n de la legalidad urban¨ªstica quebrantada en el caso de las construcciones realizadas sin licencia¡±, el ministerio p¨²blico concluye que los dos edificios constituyen obras ¡°ilegales e ilegalizables. El primero ¡°erigido en un espacio libre destinado para aparcamiento por encontrarse en medio de un espacio p¨²blico¡± y el segundo bloque de apartamentos sin rematar se ubica ¡°en el suelo calificado en parte como viario y en parte como zona verde¡±.

La fiscal¨ªa pregunta el coste de demoler los edificios "ilegales e ilegalizables"

En el escrito dirigido al juzgado de instrucci¨®n de A Coru?a para que proceda a su reparto, la fiscal¨ªa pide otras diligencias como oficiar a la Agencia de Protecci¨®n da Legalidade Urban¨ªstica, a quien el Ayuntamiento de A Coru?a remiti¨® los expedientes de reposici¨®n de la legalidad y sancionadores, para que se?ale el importe de los edificios y tambi¨¦n el coste que supondr¨ªa la demolici¨®n de los mismos. El fiscal tambi¨¦n solicita al juzgado que requiera al secretario de la Universidad de A Coru?a para que aporte todos los expedientes que haya en la instituci¨®n sobre estas edificaciones, incluidos ¡°autorizaciones, aprobaci¨®n del gasto y seguimiento de la ejecuci¨®n¡±.

Entre toda la documentaci¨®n que solicita, el ministerio p¨²blico se?ala la importancia de que se remitan al juez: ¡°la resoluci¨®n en la que se acuerda construir los edificios, los informes jur¨ªdicos que sirven de soporte a las resoluciones, si los hay, la certificaci¨®n de la identidad de las personas que resolvieron realizar la construcci¨®n, los contratos de obras acordados con las entidades constructoras, el informe sobre la existencia de una solicitud de licencia urban¨ªstica para la edificaci¨®n afectada [que seg¨²n el propio vicerrector no existe] y la comunicaci¨®n de la existencia de licencia a las entidades constructoras y a los t¨¦cnicos que las realizan¡±.