Un juzgado avis¨® al colegio en diciembre de que ser¨ªa embargado
El auto judicial se?ala que el expediente por impagos se abri¨® en 1991 La Seguridad Social asegura que hubo un intento previo de llevarse los muebles en 2010 Seg¨²n la Administraci¨®n, el centro ha rechazado "sistem¨¢ticamente" soluciones de pago
La deuda del colegio Santa Illa de Madrid con la Seguridad Social, que asciende 992.263 euros desde hace 20 a?os, comenz¨® a acumularse en 1991. As¨ª queda reflejado en el auto del juzgado de lo contencioso-administrativo n¨²mero 19 de Madrid que autoriza a los funcionarios de la Tesorer¨ªa General de la Seguridad Social a ejecutar el embargo del colegio privado biling¨¹e.
El auto est¨¢ fechado el pasado 22 de diciembre. El director, I?aki Santa, lo recibi¨® el 31 de ese mismo mes, seg¨²n? explic¨® ¨¦l mismo a EL PA?S. Es el documento el que autoriza a la Tesorer¨ªa a entrar en horario escolar, de 9.00 a 18.00 horas en el centro. La resoluci¨®n especifica que la ejecuci¨®n del embargo corre a cargo de funcionarios de la Seguridad Social y no es un acto en el que intervenga el juzgado, que simplemente se limita a conceder la autorizaci¨®n previa necesaria para proceder a "la ejecuci¨®n forzosa de actos de la Administraci¨®n p¨²blica".
Se?ala que los funcionarios deben ir acompa?ados de agentes de Polic¨ªa y que el embargo se ejecutar¨ªa "en el plazo m¨¢ximo de un mes" desde la notificaci¨®n a la Tesorer¨ªa. Santa asegura que no avis¨® a los padres entonces porque el auto permit¨ªa presentar un recurso de apelaci¨®n del que hizo uso y del que "todav¨ªa" no tiene respuesta.
Seg¨²n un portavoz del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Tesorer¨ªa conoci¨® el permiso de embargo el 23 de enero. El plazo se cumpl¨ªa el jueves, recuerda el ministerio en una nota,? que se?ala que la direcci¨®n del colegio "estaba al corriente" de lo que iba a ocurrir y acusa a la empresa de "ignorar repetidamente los requerimientos de la Administraci¨®n para resolver su abultada deuda". Entre otras soluciones "ofrecidas por la Seguridad Social" cita la posibilidad de "pago fraccionado de la deuda" y a?ade que el centro "hizo caso omiso" a la petici¨®n que se le hizo de una relaci¨®n de bienes. Hubo un intento previo de embargo en 2010, seg¨²n la informaci¨®n facilitada por el ministerio, y la empresa "neg¨®" el acceso a sus instalaciones. Entonces, la Seguridad Social solicit¨® autorizaci¨®n judicial.?
El director ha explicado que la notificaci¨®n con fecha y hora concreta le lleg¨® el mi¨¦rcoles? a las tres de la tarde para su ejecuci¨®n el jueves en horario escolar. Asegura que intent¨® mediar con la Consejer¨ªa de Educaci¨®n y la patronal de centros privados (Acade) y no avis¨® a las familias porque se le ech¨® el tiempo encima. "A las seis de la tarde ya no puedes decirle a los padres que no lleven a sus hijos a clase al d¨ªa siguiente", ha explicado despu¨¦s de que los operarios que se llevaron pupitres y el resto de enseres volvieran a dejarlos en el colegio apenas 24 horas despu¨¦s.? La mayor¨ªa de los padres tuvieron noticia del embargo mientras se estaba produciendo y conocieron los detalles el jueves por la tarde en una reuni¨®n en la que decidieron no llevar a sus hijos el viernes a clase.
Despu¨¦s de la denuncia p¨²blica de los padres, la Seguridad Social ha buscado una f¨®rmula para que el centro siga funcionando, al menos, hasta junio. El funcionario que esta ma?ana acudi¨® al colegio, Andr¨¦s Ruiz, asegur¨® que el cambio de planes (devolver los muebles y permitir que el centro siga su curso) se ha debido a la "alarma social" provocada por el caso. Tanto el jueves por la tarde como el viernes por la ma?ana, las puertas del centro estaban rodeadas de periodistas y c¨¢maras.
El Ministerio de Empleo se?ala en su nota oficial que el cambio se produce "en atenci¨®n al inter¨¦s de los alumnos y una vez comprobado que se cumplen las garant¨ªas de seguridad y solvencia". La empresa, Colegio Santa Illa SA, es? ahora la depositaria "obligada a custodiar los bienes" que han sido devueltos al colegio. Pero el proceso de embargo sigue, aseguran desde la Administraci¨®n.
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