El alcalde de Portas busca un pacto para eludir la c¨¢rcel por delito fiscal
El ministerio p¨²blico pide cuatro a?os de prisi¨®n para el regidor del PP
Roberto V¨¢zquez Souto, el alcalde popular de Portas desde hace 20 a?os, trata de alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscal¨ªa de Delitos Econ¨®micos de Pontevedra que le acusa de un presunto delito fiscal y otro de falsedad en documento mercantil para evitar una eventual pena de c¨¢rcel. Sus abogados pretenden lograr una rebaja de la condena de cuatro a?os de prisi¨®n que solicita el fiscal al m¨ªnimo de la pena establecido por ley y que en todo caso evitar¨ªa su cumplimiento, al carecer el regidor de antecedentes penales.
?Los letrados de V¨¢zquez Souto tambi¨¦n negociar¨¢n al mismo tiempo con la Agencia Tributaria el pago de una sanci¨®n de 300.000 euros por falsear la liquidaci¨®n del impuesto de sociedades, que increment¨® con gastos inexistentes, por lo que se le impondr¨ªa una multa de 5.400 euros y una indemnizaci¨®n de 151.432 por responsabilidad civil que se corresponde con la cantidad supuestamente defraudada.
El juicio de conformidad no es sino un reconocimiento de los delitos imputados por parte del acusado. A cambio de asumir la culpabilidad en ambos delitos, el fiscal modificar¨ªa su escrito de acusaci¨®n inicial contra el alcalde de Portas por otro en el que se plasmar¨ªan los t¨¦rminos del acuerdo para elevarlos al tribunal competente de Pontevedra al que corresponde dictar sentencia.
Fuentes conocedoras del caso indicaron que la rebaja ¨²nicamente afectar¨ªa a la cuant¨ªa de las penas de privaci¨®n de libertad solicitadas por la fiscal¨ªa, pero en ning¨²n caso a las cantidades presuntamente defraudadas que reclama Hacienda m¨¢s la se?alada multa.
Cuando han trascurrido 13 meses desde que la Audiencia Provincial revocara la condena de un a?o de suspensi¨®n en el cargo y multa de 3.600 euros a Roberto V¨¢zquez por haber contratado a sus empresas para realizar servicios municipales, el alcalde se enfrenta ahora a un segundo proceso en el que su promotora inmobiliaria, Pazos Souto 2000, SL, est¨¢ en el punto de mira.
Aunque el juicio estaba previsto que se celebrara antes de las elecciones municipales de mayo del a?o pasado, los abogados del alcalde recurrieron el auto del juez de Caldas por el que se transformaban las diligencias en sumario. Un recurso que retras¨® varios meses el procedimiento evitando que este llegase a Pontevedra para fijar la vista oral, pero la Audiencia de Pontevedra finalmente lo desestim¨®.
Seg¨²n el escrito de la acusaci¨®n, en la liquidaci¨®n del impuesto de sociedades de 2005, Hacienda detect¨® que esta empresa, de la que es administrador el alcalde de Portas, declar¨® gastos de obras inexistentes por importe de 151.432 euros.
Entre otras promociones que desarroll¨® la sociedad en la isla canaria de Fuerteventura, Pazos Souto, SL promovi¨® la construcci¨®n de dos edificios, El Castillo I y El Castillo II, de 26 y 51 viviendas, respectivamente. En la primera promoci¨®n utiliz¨® a la empresa Mapafuer, SL y en la segunda a Mapacons Insulares, SL, declarando pagos por obras que no ejecutaron.
En noviembre de 2009, cuando el regidor hab¨ªa sido imputado y la oposici¨®n ¡ªBNG y PSdeG¡ª intent¨® que saliese adelante una moci¨®n de reprobaci¨®n, V¨¢zquez Souto apel¨® a su inocencia. ¡°Cuando los jueces hablen, entonces tendr¨¦ algo que decir. Mientras tanto, no quiero seguirles el juego a los que s¨®lo buscan publicidad con este asunto¡±, manifest¨® en aquella ocasi¨®n.
Cuentas firmadas por un fallecido
Mapafuer, SL y Mapacons Insulares, SL, las dos constructoras que Pazos Souto utiliz¨® en sus promociones de Fuerteventura, ten¨ªan como administrador y ¨²nico socio a Pablo Vieira Vieira, quien supuestamente present¨® las declaraciones del impuesto de sociedades del ejercicio 2006, pero que falleci¨® el 13 de febrero de 2005, por lo que no pudo presentarlas y, en consecuencia, seg¨²n el fiscal, ¡°alguien tuvo que falsificar su firma¡±.
La acusaci¨®n sostiene que Roberto V¨¢zquez lleg¨® a crear ¡°las facturas y justificantes de pago emitidos¡± con la finalidad de disminuir la base imponible resultante. Adem¨¢s llega a la conclusi¨®n de que ambas sociedades utilizadas para facturar no pudieron haber realizado los trabajos descritos ya que desde el a?o 2002 no consta que tuvieran trabajadores para poder realizarlos.
Sin embargo, en los dos siguientes ejercicios fiscales de 2003 y 2004, las dos firmas dejaron de presentar declaraciones tributarias y de operaciones con terceras personas, mientras que un a?o despu¨¦s volvieron a presentarlas, aunque curiosamente y de manera exclusiva con Pazos Souto 2000. ¡°Se recogen unos gastos que cubren los ingresos que se dicen recibidos por la empresa de Roberto V¨¢zquez pero, consecuentemente, nada ingresan en la Hacienda p¨²blica¡±, se?ala el fiscal.
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