Los bufetes de abogados cobraron 1,6 millones del fondo de los ERE
Empleo subvencion¨® los servicios prestados a empresas
"Despachos profesionales de prestigio vend¨ªan al empresario el producto, esto es, el ERE y las prejubilaciones, gratis o pr¨¢cticamente gratis porque pagaba la Junta (...) Es decir, asum¨ªan con los empresarios unos compromisos que todav¨ªa no se hab¨ªan producido y luego negociaban con usted para que estos efectivamente se produjera". La juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE, pronunci¨® la primera frase el pasado viernes y el ex director general de Trabajo Javier Guerrero confirm¨® su tesis.
La gravedad de lo ocurrido, el hecho de que la Junta asumiera el pago de servicios de asesor¨ªa legal a empresas, es tan ins¨®lito, que solo puede explicarse por la falta de control en el proceso administrativo aplicado a muchas de las 617 ayudas sociolaborales que concedi¨® la Consejer¨ªa de Empleo entre 2000 y 2010, sobre todo con el diputado Jos¨¦ Antonio Viera como consejero.
La factura que abon¨® Empleo a diversos bufetes super¨® los 1,6 millones en esa d¨¦cada. Y seg¨²n han desvelado los protagonistas y confirmado la investigaci¨®n, los abogados propon¨ªan a las empresas el negocio redondo porque no ten¨ªan que abonar nada, ni siquiera su minuta. La juez ha se?alado al bufete Garrigues como protagonista de esta forma de actuar, aunque otros despachos como Estudio Jur¨ªdico Villas¨ªs, Olivencia-Ballester e Ignacio Vergara tambi¨¦n recibieron abonos procedentes del fondo para empresas en crisis.
"El problema es que Garrigues vend¨ªa un producto ya hecho y empaquetado. Esto es muy grave porque estaban traficando influencias sobre subvenciones. Es de libro", sostienen fuentes del caso. Desde el prestigioso despacho, que percibi¨® 1,2 millones (el 75% del total), se limitaron a se?alar que actuaron "correctamente".
El bufete Estudios Jur¨ªdicos Villas¨ªs recibi¨® abonos por la asociaci¨®n de prejubilados de Santana Motor, una empresa p¨²blica de la Junta. "No he montado ninguna asociaci¨®n ad hoc, sino que me pusieron al frente de ellas y han sido a?os de trabajo", ha alegado Carlos Leal, responsable del bufete.
La juez Alaya ha imputado a dos abogados de Garrigues y otros dos de Estudios Jur¨ªdicos Villas¨ªs por la tramitaci¨®n de los ERE de las empresas Acyco y Surcolor. Alaya considera que los abogados percibieron fondos p¨²blicos y conocieron la inclusi¨®n de intrusos, adem¨¢s de achacarles un "papel relevante en la consecuci¨®n del fraude".
Una singular relaci¨®n con empleo
La relaci¨®n de la Consejer¨ªa de Empleo con los bufetes de abogados, conocedores de las garant¨ªas legales, borde¨® a menudo la ley. La Junta mantuvo una singular relaci¨®n con estos letrados, que desempe?aron un papel clave en la tramitaci¨®n supuestamente irregular de ciertos ERE. Hasta el punto de que en algunas conversaciones para alcanzar un acuerdo y firmar un expediente de regulaci¨®n de empleo para prejubilar trabajadores, el mismo despacho se sentaba a ambos lados de la mesa: con los sindicatos y la empresa.
Un ex alto cargo de Empleo explic¨® hace meses con meridiana claridad c¨®mo las facturas se pagaban al margen de la ley. "Era imposible saber c¨®mo iba a acabar un conflicto laboral. Nadie sab¨ªa d¨®nde estaba el final. Contratabas con Garrigues un contrato menor por 10.000 euros, pero luego se multiplicaba por diez". La ley de Contratos de las Administraciones P¨²blicas 2/2000 fija que los contratos menores no pueden exceder los 30.050 euros ni ser prorrogados o fraccionados.
El ex director general Javier Guerrero, en prisi¨®n provisional, explic¨® c¨®mo Estudios Jur¨ªdicos Villas¨ªs adelant¨® 240.000 euros a la sociedad municipal de Desarrollo Local de El Pedroso (Sevilla), su pueblo. "La sociedad se qued¨® sin dinero en met¨¢lico y entonces le hice el favor [a la sociedad municipal] para que Villas¨ªs adelantase, si pod¨ªa, la cantidad de 240.000 euros que necesitaba". Guerrero aleg¨® que le ofreci¨® a Carlos Leal, responsable del despacho, intervenir para "ampliar su cartera de cara a los futuros inversores".
Guerrero comenz¨® a explicarle a Alaya el pago irregular, de una empresa privada a una sociedad municipal, admitiendo: "El error fue hacerlo a trav¨¦s de mi secretaria (...) y por eso consta en la documentaci¨®n".
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