El fiscal pide ocho a?os de inhabilitaci¨®n al exconcejal de Urbanismo de Granada

La Fiscal¨ªa de Granada ha solicitado ocho a?os de inhabilitaci¨®n para Luis Gerardo Garc¨ªa Royo (PP), que fue concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada en el primer mandato de Jos¨¦ Torres Hurtado, y otras siete personas m¨¢s. Entre ellas, el exgerente de Urbanismo, t¨¦cnicos municipales y conocidos empresarios de la ciudad como Jos¨¦ Juli¨¢n Romero y Manuel Jos¨¦ Rodr¨ªguez Acosta. Les atribuye la posible comisi¨®n de un delito de prevaricaci¨®n en una operaci¨®n urban¨ªstica en el Cerrillo de Maracena donde incluyeron terrenos de Fomento y la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir (CHG) sin dar conocimiento a la Administraci¨®n central.

Los hechos se remontan a 2005. Garc¨ªa Royo ya era concejal de Urbanismo y modific¨® unas negociaciones que se hab¨ªan iniciado a?os atr¨¢s para el desarrollo urban¨ªstico del Cerrillo de Maracena, donde estaba previsto construir el Palacio de Hielo. Seg¨²n el fiscal, con ¡°la finalidad de obtener cuantiosos ingresos para las arcas municipales¡± y con la ¡°aquiescencia¡± de las empresas propietarias mayoritarias de los terrenos interesados en el desarrollo comercial de la zona modific¨® el criterio de los ¡°excesos de aprovechamiento¡±. Las empresas tambi¨¦n obtendr¨ªan beneficio al aumentar la edificabilidad de los terrenos.

Se firm¨® un acuerdo de aprobaci¨®n inicial de convenio que se present¨® en el Ayuntamiento y en el que los propietarios mayoritarios manifestaban su voluntad de ¡°adquirir los excesos de titularidad municipal¡± de terrenos situados en el sector a desarrollar. La Junta de Gobierno Local lo aprob¨® en 2006, fecha en la que se constituy¨® la Junta de Compensaci¨®n sin convocar ni avisar al Ministerio de Fomento ni a la CHG, que ten¨ªan terrenos en ese plan parcial. Los responsables ¡°omitieron¡± cualquier notificaci¨®n a las administraciones estatales y en 2007 se aprob¨® definitivamente el proyecto, con informes favorables de los t¨¦cnicos municipales.

El resultado de esta operaci¨®n es que se incluyeron terrenos que no eran del Ayuntamiento y por los que, sin embargo, este cobraba a las empresas que vieron c¨®mo a cambio aumentar¨ªa de forma irregular la edificabilidad en las parcelas, seg¨²n el escrito del ministerio p¨²blico. En concreto, el convenio afect¨® a dos parcelas de Fomento, de 4.532,36 y 423,84 metros cuadrados; a otra de la CHG, de 20.484; as¨ª como a dos parcelas rotacionales destinadas a viales de 4.503 y 3.554 metros cuadrados. En total, 33.497,20 metros a los que hay que unir otros 8.873 de titularidad discutida que se incluyeron en el proyecto de reparcelaci¨®n.

El fiscal indica que el incremento de aprovechamiento supuso un beneficio para el Ayuntamiento y los promotores y por ello solicita, adem¨¢s de la inhabilitaci¨®n por prevaricaci¨®n como autores o coautores, la nulidad del plan parcial, del convenio urban¨ªstico y de todo el proyecto de reparcelaci¨®n.

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