El Ayuntamiento de Creixell pide a la Sindicatura de Cuentas que lo intervenga

El Ayuntamiento de Creixell (Tarragon¨¨s) tiene una deuda de 8,1 millones de euros y en la localidad apenas viven 3.000 habitantes. La crisis se ha hecho tan insostenible que durante la noche del lunes el pleno del Consistorio decidi¨® pedir a la Sindicatura de Cuentas que intervenga las finanzas municipales. El motivo principal de esta decisi¨®n sin precedentes es que la deuda del Ayuntamiento duplica el presupuesto municipal, seg¨²n asegur¨® el alcalde de Creixell, Jordi Llopart (CiU). De hecho, este ¨²ltimo mes 16 personas han perdido su puesto de trabajo en el Consistorio y no se descartan nuevos recortes.

Votaron a favor de la moci¨®n todos los grupos pol¨ªticos del Consistorio. La deuda viene acumulada, principalmente, por facturas impagadas durante los mandatos anteriores. Creixell funcionaba con un presupuesto prorrogado desde 2006 y se preve¨ªan ingresos anuales de seis millones de euros, cuando en la pr¨¢ctica solo consegu¨ªan cuatro. En ocasiones dejaron de pagar la Seguridad Social, a Hacienda, tambi¨¦n el servicio de recogida de basuras y cuotas de urbanizaci¨®n pagadas por los titulares de las fincas despu¨¦s no eran ingresadas a las constructoras.

El texto especifica ¡°pedir ayuda a la Sindicatura de Cuentas para aclarar la contabilidad real¡± del Ayuntamiento de Creixell e insta a los grupos pol¨ªticos del Parlament a solicitar que el organismo intervenga las arcas municipales. Adem¨¢s, la moci¨®n va m¨¢s all¨¢ y pide que la Sindicatura ¡°eval¨²e¡± y se ¡°depuren¡± las responsabilidades de los anteriores dirigentes del municipio. Llopart culpa de la crisis al exalcalde Teodor Fuster (PP), ahora edil en la oposici¨®n.

La crisis de Creixell se ha desatado en la ¨²ltima semana. En este mandato gobernaban unidos CiU, PSC, ERC e ICV. Sin embargo, el ¨²nico edil ecosocialista, Juan Miguel Teruel, dimiti¨® el 9 de marzo por discrepancias con sus socios de gobierno. Entre otros aspectos, ICV critic¨® que el Consistorio no haya acudido a¨²n a la fiscal¨ªa para que investigue la gesti¨®n del PP y que no haya encargado ninguna auditoria del mandato anterior. En el pleno del lunes el alcalde finalmente capitul¨® y, seg¨²n afirm¨®, denunciar¨¢n ¡°ante la fiscal¨ªa¡± la gesti¨®n de los anteriores dirigentes de Creixell.

Los esc¨¢ndalos llevan m¨¢s de una d¨¦cada acumul¨¢ndose en el municipio: en 1999 la entonces alcaldesa, Rosa Mar¨ªa Bertr¨¢n (CiU), y otros cinco concejales del equipo de gobierno fueron investigados por un delito de prevaricaci¨®n en el marco de un litigio que acumul¨® hasta 20 presuntas irregularidades urban¨ªsticas y administrativas. Entonces, un concejal del PSC, Sof¨ªo Alcaide, lleg¨® a encerrarse durante 10 d¨ªas en las dependencias municipales para reclamar que se le entregara la documentaci¨®n de las presuntas anomal¨ªas. La arquitecta t¨¦cnica de Creixell declar¨® ante la fiscal¨ªa de Tarragona haber sufrido amenazas y coacciones de Bertr¨¢n para que aprobara determinados expedientes urban¨ªsticos. Incluso, en un pleno en 1996, con la llamativa abstenci¨®n de la entonces alcaldesa, se decidi¨® la anulaci¨®n del pago del recargo del IBI del padre de esta.

La Guardia Civil, adem¨¢s, acus¨® de evasi¨®n de hasta 160 millones de pesetas hacia Andorra a Bertr¨¢n, a su padre y al entonces alcalde de Roda de Bar¨¤, el tambi¨¦n convergente Rafael Ciur¨®. Finalmente, el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 3 de El Vendrell (Baix Pened¨¨s) archiv¨® la denuncia por ¡°no quedar justificada la perpetraci¨®n del delito¡±. Los acusados dijeron ser v¨ªctimas de un ¡°montaje¡± y recibieron el apoyo incondicional del entonces presidente intercomarcal de CDC, Josep Poblet, actual alcalde de Vila-seca (Tarragon¨¨s) y presidente de la Diputaci¨®n de Tarragona.

El Tribunal de Cuentas ya investig¨® las arcas municipales de Creixell de los ejercicios de 2000 a 2003. En 2009 la fiscal¨ªa de Tarragona pidi¨® nueve a?os de inhabilitaci¨®n para el exconcejal de Urbanismo de la poblaci¨®n Juan Jos¨¦ Conesa, antes del PP y despu¨¦s independiente, por supuestas irregularidades en la compraventa de unos terrenos de su propiedad.