La juez deja libre con cargos al exalcalde de Alcauc¨ªn
Mart¨ªn Alba califica de ¡°desproporcionada¡± su detenci¨®n durante tres d¨ªas
El exalcalde de Alcauc¨ªn (M¨¢laga, 2.700 habitantes) Jos¨¦ Manuel Mart¨ªn Alba ha quedado en libertad con cargos despu¨¦s de comparecer ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n n¨²mero 3 de V¨¦lez-M¨¢laga, Isabel Urb¨®n por la llamada Operaci¨®n Trist¨¢n, una trama de falsificaci¨®n de registros del catastro para hacer pasar por suelo urbanizable residencial parcelas r¨²sticas no edificables. Mart¨ªn Alba ha sido el primero de los ocho detenidos el pasado martes en declarar ante la juez Urb¨®n en esta pieza separada del caso Arcos, la trama de corrupci¨®n urban¨ªstica por la que pas¨® dos meses en prisi¨®n tras su arresto en marzo de 2009.
El exregidor ¨Cahora concejal raso en una formaci¨®n independiente- ha declarado a su salida de los juzgados vele?os que est¨¢ imputado ¡°por los mismos delitos¡± que se le atribuyeron en su primer arresto, informa Efe. En aquella ocasi¨®n, los delitos que se le imputaron fueron cohecho, blanqueo, prevaricaci¨®n, falsedad documental y prevaricaci¨®n urban¨ªstica. Mart¨ªn Alba ha tachado de ¡°desproporcionada¡± su detenci¨®n el pasado martes y los tres d¨ªas que ha pasado en dependencias de la Guardia Civil. Su declaraci¨®n en el juzgado ha durado medio hora.
Otros tres de los arrestados el martes, entre ellos el exjefe adjunto de Arquitectura de la Diputaci¨®n de M¨¢laga, Jos¨¦ Mora, han sido puestos a disposici¨®n judicial este viernes por la ma?ana.
La Operaci¨®n Trist¨¢n es una de las nueve piezas separadas del llamado caso Arcos y la ¨²nica que permanece a¨²n bajo secreto de sumario. En ella se investiga la trama formada por funcionarios del catastro, el abogado Pedro Grandfils, el alcalde y un empresario del sector inmobiliario para alterar los registros catastrales, de modo que se pudieron vender como falsamente urbanizables fincas en las que no se pod¨ªa construir. Esta estafa afect¨® a alrededor de una docena de compradores, en su mayor¨ªa extranjeros. Los funcionarios que falsearon los registros cobraron supuestamente entre 200 y 300 euros por cada modificaci¨®n, seg¨²n las investigaciones.
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