Los funcionarios y la ley del martillo
La reordenaci¨®n del sector p¨²blico andaluz, pendiente de los jueces y las elecciones
Un funcionario con corbata roja y camisa blanca trabaja frente a un ordenador. Por sorpresa, un enorme martillo con la inscripci¨®n Ley 1/2001, la de la norma de Reordenaci¨®n del sector p¨²blico andaluz, le golpea en la cabeza. El mazazo se repite una y otra vez, igual que las concentraciones y protestas de rechazo a la que los sindicatos denominan ¡°Ley del enchufismo¡±. Bajo la escena animada, que da la bienvenida a la p¨¢gina del Sindicato andaluz de funcionarios de la Junta de Andaluc¨ªa (Safja), un calendario recuerda que la norma lleva 13 meses y 4 d¨ªas aprobada. El trabajador levanta un cartel en el que pide: ¡°Derogaci¨®n Ya¡±.
Ya pas¨® la ¨¦poca del ruido. Es el momento de esperar cambios. CSIF y Safja, dos de los sindicatos m¨¢s beligerantes contra esta ley, considerada por muchos el mayor traspi¨¦ pol¨ªtico de la ¨²ltima legislatura, hablan de las protestas del ¨²ltimo a?o y medio como todo un hito en la historia reciente de la lucha sindical.
Desde julio de 2010, han salido a la calle en infinidad de ocasiones, boicoteado actos del Gobierno andaluz y perseguido hasta la saciedad al presidente Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n (PSOE), y candidato en las pr¨®ximas elecciones auton¨®micas del 25 de marzo. Todav¨ªa se organizan concentraciones en la puerta de la sede de la Consejer¨ªa de Hacienda y Administraciones P¨²blicas para denunciar que la norma da trato de empleado p¨²blico a casi 20.000 trabajadores de sociedades instrumentales que no han pasado por ning¨²n proceso de oposici¨®n.
La Junta niega las acusaciones de enchufismo. El acceso a la condici¨®n de personal funcionario o laboral de la Junta s¨®lo se efectuar¨¢ mediante ofertas de empleo p¨²blico, explican desde la Consejer¨ªa de Hacienda y Administraciones P¨²blicas.
La Junta defiende la medida para ahorrar 118,3 millones hasta 2013 y conseguir una gesti¨®n m¨¢s eficaz y eficiente
La reordenaci¨®n pretende dar cobertura legal a la eliminaci¨®n de 111 empresas p¨²blicas para agruparlas en 14 grandes agencias. La Junta defiende la medida para ahorrar 118,3 millones hasta 2013 y conseguir una gesti¨®n m¨¢s eficaz y eficiente. ¡°Se ha garantizado que los servicios p¨²blicos sean prestados por agencias p¨²blicas, es decir, que sigan siendo prestados por la Administraci¨®n andaluza con la seguridad que ello conlleva¡±, a?aden.
Las protestas en la calle han dado paso a la lucha en los tribunales. Entre los sindicatos y diferentes colectivos han presentando en torno a un centenenar de recursos contra su tramitaci¨®n y puesta en pr¨¢ctica. El Partido Popular registr¨® en mayo un recurso ante el Tribunal Constitucional al entender que es un ¡°atentado¡± y ¡°ataque brutal¡± a los derechos de los funcionarios y al Estatuto, as¨ª como un ¡°intento de escapar del control del Derecho administrativo¡±. Javier Arenas, candidato del PP a la Junta, prometi¨® derogarla si llega a la presidencia.
De momento, y a la espera de las decisiones que adopte el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), que tambi¨¦n prev¨¦ una reordenaci¨®n del sector p¨²blico, los tribunales han apoyado las reclamaciones sindicales en la mayor¨ªa de las ocasiones. Sin embargo, no hay unanimidad. La Sala de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) habla en unos de esos fallos de ¡°desprecio al Estado de Derecho¡± y de vulneraci¨®n flagrante de los derechos fundamentales para acceder a la funci¨®n p¨²blica ¡°conforme a los principios de igualdad, m¨¦rito, capacidad y publicidad de convocatoria¡±. La Sala de M¨¢laga del alto tribunal andaluz considera ¡°necesaria¡± la reordenaci¨®n. El Tribunal Supremo tendr¨¢ la ¨²ltima palabra a la hora de forzar la ejecuci¨®n de las sentencias y paralizar el proceso de integraci¨®n de los empleados externos.
En las ¨²ltimas semanas, los sindicatos aparecen menos en los medios de comunicaci¨®n, pero siguen organizando actos
En las ¨²ltimas semanas, los sindicatos aparecen menos en los medios de comunicaci¨®n, pero siguen organizando actos. Alfredo P¨¦rez, presidente del sindicato Safja en Sevilla, incide en que las protestas contin¨²an porque el Gobierno andaluz no ha querido escucharles ¡°ni al principio, ni durante la elaboraci¨®n de la norma, ni ahora¡±. ¡°No se han sentado con nosotros a negociar, nos ha presentado lo mismo que ha terminado aprob¨¢ndose¡±, a?ade.
En el sindicato mayoritario CSIF-A hablan de ¡°ataque sin precedentes¡± a los funcionarios por parte de quienes m¨¢s les tienen que defender. ¡°Han jugado al desprestigio¡±, mantiene Alicia Martos, presidenta del sector de Administraci¨®n General de la Junta de Andaluc¨ªa de esta formaci¨®n.
Martos atribuye la tenacidad y la magnitud de su lucha al elevado grado de indignaci¨®n de los trabajadores p¨²blicos. ¡°Han dicho basta, hasta aqu¨ª hemos llegado, llevaban 25 a?os viendo como los estaban arrinconando con la administraci¨®n paralela, se estaban usurpando funciones sin garant¨ªas¡±, explica. ¡°Con el tiempo se ha demostrado que surgi¨® por motivos puramente pol¨ªticos, porque los tribunales estaban rechazando encomiendas de gesti¨®n a empresas por tareas que s¨®lo pod¨ªan hacer funcionarios¡±, a?ade.
En el PSOE admiten que no han gestionado bien el conflicto, a¨²n as¨ª, no han dado marcha atr¨¢s.
"Cada uno vota como personita"
Dos expertos en comunicaci¨®n pol¨ªtica consultados dudan de que el conflicto de los funcionarios con el Gobierno andaluz sea determinante en el sentido del voto del pr¨®ximo 25 de marzo. ¡°Al final, a la hora de depositar la papeleta, todo el mundo vota como personita (¡) poca gente lo hace en estrategias generales¡±, considera Benito Caetano, periodista y consultor. Antonio Castillo, profesor de Comunicaci¨®n de la Universidad de M¨¢laga, habla de estudios realizados en Latinoam¨¦rica sobre protestas de colectivos en los que no se ha podido determinar una influencia clara en el sentido de su voto. ¡°Alguien que est¨¦ en el sistema deber¨ªa tener la opci¨®n de consensuar, para actuar de forma lo m¨¢s acorde posible con lo que piensa la sociedad¡±, reflexiona el docente, autor de numerosos art¨ªculos sobre grupos de presi¨®n. El profesor cree que los funcionarios han recurrido al ¡°conflicto¡± para llamar la atenci¨®n de los medios y trasladar su mensaje a la clase pol¨ªtica. Esas acciones tambi¨¦n sirven a los grupos de presi¨®n para crear un clima de comprensi¨®n a sus demandas, recoge en su libro Lobby y Comunicaci¨®n. El colectivo reclama la derogaci¨®n de la norma, aunque no ha conseguido imponer a los representantes pol¨ªticos en el poder su visi¨®n. ¡°La cuesti¨®n est¨¢ en la maleabilidad de la persona con quien tengan que negociar¡±, contempla el profesor. Y para conseguir ese objetivo entran en juego muchos factores, como el poder pol¨ªtico del partido en el gobierno o el tiempo que reste para las pr¨®ximas elecciones.
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