La supresi¨®n de los partidos judiciales alarma a abogados y a los municipios
El CGPJ prev¨¦ reducir de 85 a 30 las demarcaciones en Andaluc¨ªa
Los antiguos juzgados de Co¨ªn, en el malague?o valle del Guadalhorce, se pusieron en funcionamiento el d¨ªa de los Inocentes de 1989. La sede judicial se instal¨® provisionalmente en una planta baja en un pol¨ªgono industrial a la entrada del municipio. La crisis de principios de los noventa convirti¨® lo provisional en perdurable. A medida que los asuntos se apilaban en las mesas de unos jueces que, reci¨¦n salidos de la Escuela Judicial, solicitaban el cambio de destino a la primera oportunidad, las dependencias se iban quedando peque?as y obsoletas. Los archivos se apilaban en los pasillos y el p¨²blico en general se mezclaba con funcionarios, abogados, jueces y fiscales en unas oficinas oscuras y apretadas.
La situaci¨®n de penuria dur¨® casi veinte a?os. En 2008 se inaugur¨® la nueva sede judicial de Co¨ªn: un edificio con la firma de Juan Pedro Donaire, peque?o pero sumamente funcional. Dos salas de vistas, cl¨ªnica forense, calabozos, archivo, sala de reprograf¨ªa, servicios comunes de comunicaci¨®n¡ Las dos plantas del inmueble permitieron ampliar de dos a tres el n¨²mero de juzgados de primera instancia e instrucci¨®n en ese partido judicial, del que dependen 52.806 personas de los municipios de Co¨ªn, Alhaur¨ªn el Grande, Guaro, Monda y Tolox.
Apenas cuatro a?os despu¨¦s de inaugurarse, los nuevos juzgados de Co¨ªn, que supusieron una inversi¨®n de la Consejer¨ªa de Justicia de 2,92 millones de euros, corren serio riesgo de quedarse sin uso. El Gobierno, en su lucha por abaratar costes y hacer m¨¢s eficiente la administraci¨®n de Justicia, tiene previsto reducir los 431 partidos judiciales de toda Espa?a a una cifra de entre 190 y 200 demarcaciones. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya ha emitido una propuesta inicial para reordenar la planta de juzgados y tribunales.
La actual ley de Demarcaci¨®n y Planta judicial, de 1988, fija que el partido judicial debe contar con una poblaci¨®n m¨ªnima de 50.000 habitantes y que estos se encuentren a 15 kil¨®metros de los juzgados. El CGPJ plantea que las nuevas circunscripciones acojan a un m¨ªnimo de 100.000 personas y que el desplazamiento desde los n¨²cleos de poblaci¨®n hasta la cabecera de partido se ampl¨ªe a una hora ¡°a trav¨¦s de las v¨ªas de comunicaci¨®n existentes¡±. La aplicaci¨®n estricta de este criterio supone que los 85 partidos judiciales con que cuenta Andaluc¨ªa actualmente se reducir¨¢n a un m¨¢ximo de 30.
Esta medida es cara para el sistema y discriminatoria para los habitantes de los pueblos Isabel Urbaneja, concejal de Co¨ªn
En el caso concreto de Co¨ªn, este partido se fusionar¨ªa con el de Fuengirola, que atiende a 148.145 habitantes de este municipio costero y del vecino Mijas. En Fuengirola, los nueve juzgados est¨¢n dispersos en tres edificios que padecen la misma falta de espacio y funcionalidad que la antigua sede coine?a. ¡°La noticia es hasta surrealista¡±, afirma Isabel Urbaneja (PP), segunda teniente de alcalde de Co¨ªn y abogada ejerciente.
Numerosas localidades andaluzas, muchas de las cuales han inaugurado o reformado sus sedes judiciales en los ¨²ltimos a?os, se arriesgan a quedarse sin jueces. ¡°Creo que el Consejo no ha valorado bien las consecuencias de la propuesta. Es una incongruencia alejar la justicia del justiciable si se quiere tener una justicia m¨¢s racional, y hoy por hoy la justicia no se acerca por medios telem¨¢ticos, y menos a las poblaciones rurales¡±, sostiene la concejal Urbeneja. ¡°Esta medida va a obligar a una inversi¨®n descomunal en edificios de las ciudades donde se establezca la cabecera y a aumentar las dietas por desplazamiento de forenses, polic¨ªas y guardias civiles. Es caro para el sistema y discriminatorio para los habitantes de los pueblos¡±, opina la edil de Co¨ªn, que resume el sentir de los pol¨ªticos de las poblaciones que se exponen a perder los juzgados.
El CGPJ ha venido planteando la revisi¨®n de las demarcaciones desde 1996. El ¨®rgano de gobierno de los jueces recuerda que el partido judicial respond¨ªa a un ¡°contexto hist¨®rico caracterizado por grandes deficiencias en las infraestructuras y por las consiguientes dificultades de desplazamiento¡±, aunque deja la elecci¨®n de las cabeceras de partido a las comunidades aut¨®nomas. En su propuesta, que deber¨¢n analizar los distintos tribunales superiores auton¨®micos, el CGPJ plantea, aunque de forma poco detallada, que la fusi¨®n de demarcaciones judiciales deber¨¢ venir acompa?ada de otras reformas como la implantaci¨®n de la nueva oficina judicial.
La propuesta ha puesto tambi¨¦n en guardia a los letrados. El decano del colegio de abogados de Malaga, Manuel Camas, considera que ¡°antes de determinar la extensi¨®n de los partidos judiciales habr¨ªa que poner sobre la mesa hacia qu¨¦ modelo vamos, no determinar el tama?o sin saber de qu¨¦ se trata¡±. Seg¨²n el representante de los letrados, una reforma profunda de la administraci¨®n de justicia es deseable, ¡°pero se ha empezado por un concepto que genera una preocupaci¨®n innecesaria¡±. ¡°Si de lo que se trata es de mover los juzgados de sitio, el plan es rid¨ªculo y, lejos de abaratar, genera m¨¢s costes¡±, opina Camas. ¡°Si testigos, peritos, partes y profesionales se tienen que desplazar mas lejos, los ciudadanos sienten que se desplaza la propia Justicia¡±, a?ade.
Se ha empezado por un concepto que genera una preocupaci¨®n innecesaria Manuel Camas, decano del Colegio de Abogados de M¨¢laga
Por su parte, el fiscal superior de Andaluc¨ªa, Jes¨²s Garc¨ªa Calder¨®n, sostiene que ¡°la nueva distribuci¨®n de partidos judiciales por s¨ª misma no va a resolver mucho¡±. Para el m¨¢ximo representante del ministerio p¨²blico en la comunidad, ¡°la clave siempre ser¨¢ la descarga del volumen de asuntos que asumen los juzgados de instrucci¨®n, que es completamente absurda. Ahora tenemos un mill¨®n de diligencias previas¡±. Garc¨ªa Calder¨®n insiste en la necesidad de despenalizar las faltas y potenciar la v¨ªa administrativa y los juzgados de paz para asuntos penales menos graves.
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