Crisis e instituciones

En un momento en el que la crisis econ¨®mica que padecemos desde 2008 tiende a acentuarse, entre otros motivos porque durante todo este tiempo en Espa?a apenas se han atajado las causas que retroalimentan la propia crisis (un sistema financiero no saneado, unas finanzas p¨²blicas insostenibles en el tiempo), aparecen s¨ªntomas de otra crisis, esta institucional, cuyos efectos pueden ser a¨²n m¨¢s devastadores. Asistimos, algunos con perplejidad, al cuestionamiento de nuestras instituciones pol¨ªticas fundamentales. Tal es el caso del otrora incontestado Banco de Espa?a, cuya err¨¢tica labor de supervisi¨®n del sistema ha llegado a poner en duda el valor de sus informes.

Aunque muy grave, no es la p¨¦rdida de confianza en la instituci¨®n regulatoria de la actividad bancaria la m¨¢s preocupante de las crisis de nuestras instituciones. Pi¨¦nsese, en primer lugar, en la Jefatura del Estado, salpicada primero por turbios negocios econ¨®micos judicializados que afectan a miembros de la familia del Rey, y despu¨¦s cuestionada por actividades privadas ¡°equivocadas¡±, por emplear la misma expresi¨®n que el titular de la Jefatura del Estado utiliz¨®, en gesto que le honr¨®, para pedir disculpas al conjunto de los ciudadanos. En segundo lugar, el principio de autonom¨ªa pol¨ªtica de las nacionalidades y regiones que integran Espa?a, cada vez m¨¢s criticado desde algunos medios seudo-economicistas que propalan la especie de su alto coste (cuando, en realidad, los pa¨ªses de estructura federal tienden, por t¨¦rmino medio, a generar mayor nivel de bienestar a menor coste, medido ¨¦ste en t¨¦rminos de gasto p¨²blico sobre el Producto Interior Bruto). Un principio, el de autonom¨ªa, que tiene su reverso en el de unidad, tambi¨¦n objetado por amplios sectores soberanistas, incluso de forma estridente, en los actos deportivos que patrocina el propio jefe de Estado.

La controversia tambien afecta, en tercer lugar, al principio de representaci¨®n democr¨¢tica a trav¨¦s de las correspondientes c¨¢maras parlamentarias, pues no otra cosa significan los esl¨®ganes del tipo ¡°no nos representan¡± que se corean en muchas manifestaciones; como la que finaliz¨® con el establecimiento de un cerco al Parlamento de Catalu?a. Y algo similar se puede llegar a deducir, respecto de la crisis del principio de representaci¨®n, cuando se pone en duda la conveniencia de mantener la cofinanciaci¨®n p¨²blica de las organizaciones representativas de car¨¢cter pol¨ªtico, sindical y empresarial. Y qu¨¦ decir del poder judicial, con un Tribunal Constitucional incapaz de consensuar interpretaciones asumibles por una amplia mayor¨ªa de sus magistrados en materias tan relevantes como la estructura territorial del poder, y que adem¨¢s acumula a?os para de retraso en la renovaci¨®n de alguno de sus miembros, pese a la reiterada presentaci¨®n de dimisiones por parte de las personas afectadas. O de un Consejo General del Poder Judicial fracturado en tres por la valoraci¨®n del cobro de unas dietas por parte de su presidente, que a la vez lo es del Tribunal Supremo.

Si el lector que ha seguido lo hasta ahora escrito est¨¢ muy familiarizado con nuestra Constituci¨®n, podr¨¢ haber deducido que el orden de la exposici¨®n anterior se corresponde estrictamente con el que la norma fundamental establece para enumerar nuestras instituciones pol¨ªticas fundamentales en su T¨ªtulo Preliminar: la forma pol¨ªtica del Estado, como monarqu¨ªa parlamentaria, en el art¨ªculo 1; el derecho a la autonom¨ªa y la unidad de Espa?a en el 2; la representaci¨®n pol¨ªtica a trav¨¦s de partidos pol¨ªticos en el 6, y de sindicatos y asociaciones empresariales en el 7; y el principio de legalidad, del que deriva la existencia del poder judicial independiente, en el art¨ªculo 9.

No se conocen, en la historia de la humanidad, ejemplos de sociedades libres, democr¨¢ticas y que avancen con paso firme hacia la meta de la justicia social sin la existencia de instituciones jur¨ªdico-pol¨ªticas estables. Estas, en cuanto producto de la creaci¨®n humana, moldean a su vez la acci¨®n de los humanos para garantizar la libertad, la democracia, y la mejora de la justicia social. O nuestra sociedad comienza a concienciarse de ello, y a actuar en consecuencia en defensa de las instituciones que entre todos nos hemos dado, o corremos el riesgo de entrar en una espiral de cambios revolucionarios. Cambios que, por ser revolucionarios y una vez evaporado el fervor inicial, solo dejan tras de s¨ª, como dec¨ªa Kafka y en el mejor de los casos, el timo de una buena burocracia.