R¨¦plica a los m¨¦todos de la juez Alaya
Las defensas del caso de los ERE cuestionan los interrogatorios de la magistrada, solicitan que se graben las sesiones y censuran el uso de la prisi¨®n preventiva
¡°?Qu¨¦ es eso de ¡®asuma usted su responsabilidad como consejero¡¯ y frases similares? ?Est¨¢bamos en un juzgado de instrucci¨®n o en el Parlamento de Andaluc¨ªa en una sesi¨®n de control pol¨ªtico? Porque parec¨ªa lo segundo (...) ?Y qu¨¦ hay de las voces de la magistrada instructora al imputado Fern¨¢ndez, que sali¨® publicado hasta en las redes sociales?¡±, se quej¨® el letrado Julio Mart¨ªnez. Los abogados del caso de los ERE han dicho basta y se han rebelado contra los incisivos m¨¦todos e interrogatorios de la juez Mercedes Alaya.
Unos con m¨¢s vehemencia que otros, pero la mayor¨ªa ha censurado el tono, las formas y los argumentos esgrimidos por la instructora para enviar a la c¨¢rcel al exconsejero de Empleo Antonio Fern¨¢ndez. Su interrogatorio de cuatro d¨ªas extenuantes supuso un punto de inflexi¨®n decisivo en la causa, y las quejas se han multiplicado. Mart¨ªnez ha pedido que se graben las sesiones de declaraci¨®n ¡°para evitar que se produzcan excesos¡± y sugiere que la conducta de Alaya podr¨ªa haber atentado contra el derecho a la integridad personal del imputado.
Los letrados se han sumado al recurso que elev¨® a la Audiencia Provincial el abogado de Fern¨¢ndez, Alfonso Mart¨ªnez del Hoyo, para pedir su salida de la c¨¢rcel. Este veterano letrado reconviene las salidas de tono e ideas preconcebidas que Alaya expuso durante su extenso cuestionario de 178 preguntas. Ninguna fuente del caso duda de que el tercer grado al que Alaya somete a los imputados da frutos y cuando la juez aprieta, las respuestas son jugosas. El problema es que el instructor debe ser imparcial y los interrogatorios en sede judicial est¨¢n reglados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo art¨ªculo 389 obliga a hacer ¡°preguntas directas, no capciosas ni sugestivas, desde luego sin g¨¦nero alguno de coacci¨®n al declarante¡±. De la lectura de la transcripci¨®n de la declaraci¨®n judicial se deduce que dicho art¨ªculo se borde¨® durante esos cuatro d¨ªas.
¡°No nos referimos solo a tonos elevados de voz, gestos claros de desaprobaci¨®n o disgusto ante respuestas del Sr. Fern¨¢ndez (...) Es que por parte de la instructora no se duda en espetarle: ¡°Ahora me cuenta usted otra¡± lo que revela claramente que en el ¨¢nimo de la misma no exist¨ªa la menor intenci¨®n de creer, en modo alguno, cualquier afirmaci¨®n o explicaci¨®n del imputado¡±. El fiscal, que pidi¨® prisi¨®n para Fern¨¢ndez, matiz¨® sobre sus respuestas: ¡°Declarar no es sin¨®nimo de colaborar¡±.
Para justificar la prisi¨®n preventiva de Fern¨¢ndez, una dr¨¢stica medida que el Tribunal Supremo indica debe evitarse salvo en casos extremos, los argumentos de Alaya fueron ¡°escasos, d¨¦biles y estereotipados¡±, argument¨® Mart¨ªnez del Hoyo. Sin embargo, otros abogados como Miguel Villegas se han centrado en recurrir solo los argumentos jur¨ªdicos para la prisi¨®n preventiva, y el hecho de que esta no fuera sustituida por el arresto domiciliario o la utilizaci¨®n de medios electr¨®nicos de localizaci¨®n del imputado.
Mientras, otro letrado ha subrayado c¨®mo hasta ahora los abogados han defendido el procedimiento de ayudas p¨²blicas con mayor vehemencia que la Junta, acusaci¨®n en el caso. ¡°La Junta, en lugar de salir a explicar, a justificar, a razonar a los ciudadanos la base y explicaci¨®n t¨¦cnica que ten¨ªa el procedimiento 31L, en lugar de sacar a la pizarra a sus funcionarios, t¨¦cnicos y juristas para que expliquen por qu¨¦ crearon dicho procedimiento, qu¨¦ base legal ten¨ªa, qu¨¦ finalidades cubr¨ªa (...) sucumben al miedo pol¨ªtico que supone la actual potencia acusatoria y se esconden bajo un enigm¨¢tico lenguaje y misteriosa y ambigua actuaci¨®n¡±.
Esta indecisi¨®n, arguye el letrado, ha obligado al exconsejero ¡°a justificar, conocer, explicar y razonar en solitario los miles de actos administrativos producidos bajo su mandato por decenas de personal administrativo, funcionarios, t¨¦cnicos, juristas y directores generales¡±.
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