Santiago aprueba una norma que restringe los actos en la calle

Los actos que se celebren en las calles de la capital gallega, sin distinci¨®n, no solo tendr¨¢n que solicitar el habitual permiso, sino que deber¨¢n pagar una tasa y abonar una fianza. Aunque cumplan con los requisitos que les pida el Ayuntamiento de Santiago, el Gobierno local podr¨¢ retirar la autorizaci¨®n en cualquier momento alegando ¡°circunstancias de tr¨¢fico, de riesgo u otras de an¨¢loga naturaleza que as¨ª lo aconsejen¡±. El alcalde, sin embargo, dice que no se pretende cobrar a las entidades sin ¨¢nimo de lucro. La nueva ordenanza reguladora de actividades y ocupaci¨®n de la v¨ªa de la ciudad pas¨® ayer su primer tr¨¢mite, la aprobaci¨®n inicial en el pleno, donde cosech¨® los votos positivos del Gobierno del PP, los negativos del BNG y la abstenci¨®n del PSdeG. Mientras en la sala de plenos se debat¨ªa la norma, por las ventanas se colaba la ruidosa protesta de un par de centenares de personas y representantes de colectivos sociales, partidos, asociaciones y sindicatos que ven en el texto una manera de ¡°privatizar la calle¡± y ¡°restringir derechos¡± como el de libertad de expresi¨®n o reuni¨®n. Ahora se abre el periodo de alegaciones a la ordenanza.

Una de sus principales novedades es la introducci¨®n de tasas por el uso de los espacios p¨²blicos para pruebas deportivas, actos culturales y fiestas populares, a las que hasta ahora les bastaba con solicitar una autorizaci¨®n y cumplir las condiciones que ped¨ªa el Ayuntamiento. El art¨ªculo 109 de la norma obliga ahora a todos a abonar una tasa fiscal sin tener en cuenta el tipo de actividad que se realice o cual sea su fin. Adem¨¢s, los organizadores tendr¨¢n que pagar tambi¨¦n el enganche a servicios como la luz y el agua y el consumo. El Ayuntamiento se reserva tambi¨¦n la posibilidad de requerir un dep¨®sito que ¡°garantizar¨¢ todo tipo de responsabilidades que se originen¡± por lo que aumentan considerablemente las exigencias que asociaciones u otras entidades tendr¨¢n que cumplir para celebrar cualquier acto. A pesar de que la redacci¨®n de la norma es clara en cuanto a que no caben excepciones, el concejal de Mobilidade, Albino V¨¢zquez Aldrey, explic¨® ayer en el pleno que la redacci¨®n es general porque la exenci¨®n de tasas ya se lleva a cabo en la ordenanza fiscal, que solo establece pagos para las actividades en terrenos de uso p¨²blico que tengan una finalidad lucrativa. Cuando iba a entrar a explicar por qu¨¦ las autorizaciones se dan ¡°en precario¡± en base, dijo, a un informe jur¨ªdico, se le acab¨® a Aldrey el tiempo de intervenci¨®n. El ¡°esp¨ªritu de la norma¡± no es cobrar a estas entidades sino ordenar otros aspectos que no recog¨ªa la norma anterior, de 1998, indic¨® tambi¨¦n el alcalde, ?ngel Curr¨¢s.

El concejal no explic¨®, sin embargo, por qu¨¦ hace unos d¨ªas, antes ni siquiera de que la norma entrase en el pleno, se le pidi¨® al Cineclube de Santiago y a la Rede Feminista 400 euros por organizar el visionado de una pel¨ªcula al aire libre en una plaza de la ciudad. ¡°Pod¨ªamos pagar un 50% menos porque la actividad no ten¨ªa ¨¢nimo de lucro¡±, explic¨® Maria Fidalgo, de Rede Feminista, que particip¨® en la protesta que reuni¨® al partido Candidatura do Povo, la asociaci¨®n cultural O Galo, el Foro de Inmigraci¨®n, el 15M o el Cineclube, entre otros. ¡°Es un mecanismo de control¡±, consider¨® Fidalgo. En ese sentido se quisieron pronunciar tambi¨¦n varios vecinos de la ciudad que pidieron la palabra al comenzar el debate sobre la ordenanza. El alcalde le neg¨® la palabra y suspendi¨® el pleno un par de minutos. Tampoco consiguieron hablar en la reanudaci¨®n y abandonaron el pleno tras reiteradas peticiones de Curr¨¢s. El alcalde apunt¨® despu¨¦s que ¡°no se utilizaron los cauces previstos¡± para participar en el pleno y que podr¨ªan haber hablado si lo hubieran hecho ¡°en plazo y forma¡±. Por la ma?ana hab¨ªan presentado en el registro escritos en contra de la norma.

La redacci¨®n del texto supone para el BNG ¡°introducir por la puerta de atr¨¢s elementos que restringen la libertad de expresi¨®n y de reuni¨®n¡±. El edil Rafael Villar afirm¨® que el ¡°mont¨®n de requisitos econ¨®micos¡± y ¡°arbitrariedades¡± que introduce el texto ¡°no tienen en cuenta¡± la actividad de las organizaciones que no tienen ¨¢nimo de lucro. Adem¨¢s, el car¨¢cter ¡°precario¡± ¡ªcomo se denomina en el texto¡ª de la autorizaci¨®n ¡°faculta que haya discriminaciones por afinidad de este grupo de Gobierno u otros en el futuro¡±. La norma de 1998 reservaba tambi¨¦n la posibilidad de cancelar un acto que no cumpliese con los requisitos o hubieses una ¡°causa justa¡±. ¡°Puede limitar a voluntad pol¨ªtica la actividad de determinados colectivos¡±, insisti¨® Villar. El actual Gobierno cancel¨® nada m¨¢s llegar al poder la autorizaci¨®n a los grupos independentistas Briga y Causa Galiza para dos fiestas el pasado 25 julio alegando motivos de ruido y seguridad y se neg¨® a apoyar econ¨®micamente y ceder un palco a la organizaci¨®n de la actividad educativa Correlingua. Queremos Galego tuvo que recurrir a la v¨ªa judicial para tener palco y conexi¨®n a un punto de luz el D¨ªa das Letras. El portavoz del PSdeG, Xos¨¦ S¨¢nchez Bugallo, indic¨® que el anterior Gobierno tomaba como criterio cobrar a las actividades que cobrasen entrada y pidi¨® tambi¨¦n que se cambiase la redacci¨®n del art¨ªculo.