Traballo advierte de que la atenci¨®n a domicilio est¨¢ ¡°en el aire¡± en Lugo
La Diputaci¨®n se plantea presentar un contencioso administrativo contra el decreto que la obliga a sufragar servicios sociales en los municipios rurales
![El presidente de la Xunta, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, reivindic¨® la pol¨ªtica social de su gobierno como una tarjeta de presentaci¨®n ¡°incontestable¡± de su gesti¨®n. Feij¨®o visit¨® la escuela infantil de Eir¨ªs, en A Coru?a, junto a la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, y cifr¨® en ¡°m¨¢s de un 40%¡± el aumento de plazas p¨²blicas en guarder¨ªas desde la llegada del PP a la Xunta.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/7BMUZMPQB7FSFMTB7ND43M2SSQ.jpg?auth=de064b844c67252d726b9378b13e7ce6aaa11503007d80278604dcd1cf79312e&width=414)
El futuro de la asistencia en el hogar para personas sin dependencia reconocida, as¨ª como el de los profesionales que no sean trabajadores sociales pero que presten servicios auxiliares ¡ªcomo pedagogos o psic¨®logos¡ª est¨¢ ¡°en el aire¡± en la provincia de Lugo. Esta afirmaci¨®n no llega de la Diputaci¨®n, regida por socialistas y nacionalistas, ni de los 66 Ayuntamientos de la provincia que no superan los 20.000 vecinos, los afectados por el decreto del 30 de marzo, que aparta a la Xunta de la responsabilidad de financiar el servicio de asistencia a domicilio b¨¢sico en los municipios menos habitados para trasladarla a los entes provinciales. Es Coro Pi?eiro, secretaria general de pol¨ªtica social de la Conseller¨ªa de Traballo, la que advierte que ¡°si [la Diputaci¨®n de Lugo] no act¨²a conforme al decreto, los ayuntamientos pueden sufrir las consecuencias de que determinados programas que se ven¨ªan desarrollando tengan menos financiaci¨®n¡±.
?Aunque Pi?eiro y el vicepresidente de la Diputaci¨®n, Antonio Veiga, se reunieron ayer en Santiago para intentar acercar posturas, al t¨¦rmino del encuentro las posiciones de uno y otro continuaban siendo las mismas: el nacionalista Veiga pide que el decreto sea derogado mientras la Xunta insiste en mantenerlo sin modificaciones y anuncia que el resto de Diputaciones han aceptado sufragar este a?o ¡°una cantidad equivalente a lo que la Xunta destin¨® el a?o pasado¡±. Por el momento, Veiga no descarta recurrir a un contencioso-administrativo si el requerimiento presentado hace un mes contra el decreto no fructifica en un acuerdo. Sea cual sea la respuesta, la Diputaci¨®n de Lugo acaba de suspender el proyecto de construcci¨®n de un polideportivo en Palas de Rei para reservarse 1.075.000 euros, que destinar¨¢ ¡°a pol¨ªticas de bienestar¡±. ¡°De momento no hemos decidido qu¨¦ uso concreto se les dar¨¢, pero creemos que debemos atender lo prioritario¡±, defiende Veiga, que advierte que esa partida no ir¨¢ entera para ayuda en el hogar y que sin la colaboraci¨®n de la Xunta ¡°no se podr¨¢ mantener el servicio tal y como estaba¡±. Las razones expuestas por el nacionalista son id¨¦nticas a las esgrimidas cuando la entidad provincial supo de la nueva carga que le encomendaba la Xunta. ¡°Ahora mismo estamos en posturas antag¨®nicas. Los presupuestos los presentamos en diciembre y el decreto se aprob¨® en marzo¡±, argumenta Veiga, que insiste en que la conseller¨ªa ¡°act¨²o a sabiendas de lo que hab¨ªa, porque ya conoc¨ªa los presupuestos¡±.
Del otro lado, Coro Pi?eiro insiste en que las competencias de las diputaciones con respecto a los servicios sociales ya aparece en la Lei de Servicios Sociais de 2008 y que el nuevo decreto no hace m¨¢s que se?alar ¡°en qu¨¦ servicio deben intervenir con mayor intensidad¡±. La Xunta se reserva la financiaci¨®n de los trabajadores sociales de todos los Ayuntamientos pero excluye al personal de las unidades de intervenci¨®n social b¨¢sica en los municipios que no llegan a los 20.000 habitantes. Este gasto lo tendr¨¢n que asumir las Diputaciones, a las que ahora se les exige m¨¢s pero que sufragan parte del servicio desde hace a?os (500.000 euros en 2011, 600.000 en 2012); en la de Lugo, la aplicaci¨®n del decreto supone que al ente provincial se le endosa la atenci¨®n b¨¢sica en todos los municipios excepto en el de la ciudad de Lugo.
Veiga: ¡°La Xunta act¨²o a sabiendas, porque ya conoc¨ªa nuestro presupuesto¡±
Pi?eiro asegura que la norma proteger¨¢ las delicadas cuentas de los municipios, que tambi¨¦n aportan lo suyo en el mantenimiento del servicio. ¡°Con este decreto pretendemos no lesionar a los ayuntamientos. Nos comprometemos a que mantengan la financiaci¨®n igual que al a?o anterior¡±. La diferencia es que la parte que pon¨ªa la Xunta la desembolsar¨¢n las diputaciones. Pi?eiro, que reconoce las dificultades econ¨®micas ¡°de todas las administraciones¡±, se aferra al argumento de que la Conseller¨ªa dejar de financiar ¡°algo que es financiable por parte de las Diputaciones¡±. ¡°Si no, no lo har¨ªamos¡±, asegura.
Sangr¨ªa econ¨®mica
Antonio Veiga, vicepresidente de la diputaci¨®n lucense, enumera los recortes que desde finales del a?o pasado encararon los municipios en sus servicios de ayuda a domicilio y concluye que la Xunta ¡°est¨¢ condenando a los municipios de Lugo a quedarse sin ayudas¡±. Los tres millones que Benestar dej¨® de percibir del Plan Concertado en noviembre fueron la antesala de unos aprietos econ¨®micos que no han dejado de aumentar desde entonces. Por ahora, la Diputaci¨®n cuenta con 600.000 euros para ayudas a los municipios y, aunque la partida es 100.000 euros mayor que la del a?o pasado, la instituci¨®n ya no contar¨¢ con los 460.000 euros procedentes de la Xunta en 2011, que fueron 1.100.000 en 2010. La Conseller¨ªa ha defendido desde el principio que la intenci¨®n del decreto es dejar bien atados los compromisos de cada instituci¨®n. Solo las diputaciones de A Coru?a y Lugo manten¨ªan subvenciones para ayuda a domicilio antes de la redacci¨®n de la norma.
El decreto naci¨®, adem¨¢s, con el rechazo del Consello Consultivo, que lo encuentra ¡°contrario al ordenamiento jur¨ªdico¡±. A pesar del duro cuestionamiento, la Conseller¨ªa de Traballo ignor¨® el informe y sigui¨® adelante con el proyecto.
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