Un imputado ingres¨® 29.000 euros al hermano del gerente de Emarsa

Uno de los principales imputados por el saqueo de Emarsa, Sebasti¨¢n Garc¨ªa Mart¨ªnez, ha acreditado que hizo 29 ingresos en met¨¢lico de 1.000 euros cada uno en la cuenta bancaria de Jos¨¦ Ram¨®n Cuesta, hermano del exgerente de la sociedad p¨²blica y exdirigente del PP en la ciudad de Valencia, Esteban Cuesta. As¨ª consta en una de las ¨²ltimas providencias dictadas por el juez que investiga el vaciado del ente que se dedicaba a depurar el agua de Valencia, liquidada en 2010 con un agujero de 17 millones de euros.

Garc¨ªa Mart¨ªnez, conocido como Chan¨ªn y que tambi¨¦n ocup¨® un cargo en el PP de la ciudad de Valencia, ya hab¨ªa expuesto ante el juez muchas de las corruptelas que supuestamente eran la t¨®nica habitual en la depuradora ubicada en la pedan¨ªa de Pinedo. Entre ellas, que los responsables de Emarsa exig¨ªan comisiones de hasta el 60% para adjudicar contratos. Garc¨ªa Mart¨ªnez resume en cierta forma las pr¨¢cticas de Emarsa: seg¨²n la investigaci¨®n, particip¨® en el saqueo a trav¨¦s de empresas en las que tambi¨¦n figuraban como administradores algunos de sus hermanos; y, al mismo tiempo, trabajaba diariamente en la sociedad p¨²blica como responsable del ¨¢rea de inform¨¢tica.

El juez instructor Vicente R¨ªos ha solicitado en una providencia que se mantenga el magistrado de refuerzo en su juzgado, lo que le ha permitido concentrarse en el colosal saqueo de dinero p¨²blico que, seg¨²n las distintas estimaciones, habr¨ªa oscilado entre los 25 y los 40 millones de euros.

En su petici¨®n, el juez expone el volumen de las actuaciones realizadas hasta la fecha para justificar su petici¨®n. Las diligencias previas de esta causa se recogen en 87.770 folios en soporte papel (211 tomos) y en discos compactos. Hasta la fecha el juez ha o¨ªdo en declaraci¨®n a 28 de los 32 imputados en 68 comparecencias, si bien dos de ellos deber¨¢n comparecer de nuevo para completar su declaraci¨®n.

El juez tambi¨¦n expone que "se ha acordado y debe acordarse a¨²n la pr¨¢ctica de un n¨²mero ciertamente considerable de diligencias de declaraci¨®n de testigos y peritos, en cualquier caso superior al centenar, sin contar con las que puedan interesar a las partes y resulten pertinentes".

R¨ªos indica que se est¨¢ investigando el patrimonio de todos los imputados, sus familiares directos y sociedades implicadas con la colaboraci¨®n de dos inspectores de Hacienda del Estado en funciones de auxilio judicial.

Se han unido a la causa 837 discos compactos con expedientes de la delegaci¨®n valenciana de la Agencia Tributaria y otros 533 discos con informaci¨®n de la delegaci¨®n de Catalu?a.

En la fase de instrucci¨®n intervienen 38 partes, cinco de ellas acusaciones, 32 acusadas y una como eventual responsable civil directa, "al atribu¨ªrsele la condici¨®n de eventual receptadora civil".

Por el momento, se han abierto seis piezas separadas en relaci¨®n a la situaci¨®n personal de Jorge Ignacio Roca (en busca y captura), Enrique Crespo, Esteban Cuesta, Enrique Arnal, Sebasti¨¢n Garc¨ªa y Jos¨¦ Luis Sena, todos ellos (salvo Roca) en libertad provisional.

Tambi¨¦n se han abierto 15 piezas separadas de responsabilidad civil subsidiaria en relaci¨®n con otras tantas mercantiles de las que son administradores varios imputados en la causa.

Se han tramitado 12 recursos de apelaci¨®n interpuestos por las defensas, todos ellos desestimados por la Audiencia Provincial, y dos est¨¢n pendientes de resoluci¨®n.

En consecuencia, el juez R¨ªos considera que "a tenor del resultado de las diligencias practicadas resulta imposible hacer una previsi¨®n, siquiera aproximada, acerca del tiempo que deber¨¢ emplearse en finalizar la instrucci¨®n".

Por este motivo, considera que las medidas de refuerzo "se han revelado imprescindibles" para que las diligencias puedan ser instruidas "en un plazo razonable, teniendo en cuenta la naturaleza y dimensiones de la investigaci¨®n que se lleva a cabo".

Esas medidas de refuerzo, adem¨¢s de las expuestas, constan de una juez de adscripci¨®n territorial (que permite la dedicaci¨®n en exclusiva de R¨ªos a esta causa), una secretaria judicial y una funcionaria de gesti¨®n.

La petici¨®n de R¨ªos va dirigida a la presidenta del TSJ de la Comunidad Valenciana, la presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, el fiscal Jefe, el decano de los juzgados de Valencia, y al secretario de Gobierno y coordinador provincial.