Gallard¨®n revisar¨¢ el C¨®digo Penal para endurecer las condenas a incendiarios

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, ha cuadrado su agenda para anunciar en Galicia que endurecer¨¢ el C¨®digo Penal en materia de incendios. Antes de hablar de la propuesta, Gallard¨®n record¨® que, de los 1.780 procedimientos por incendios provocados en 2010 en Espa?a, se dictaron 96 sentencias condenatorias. El titular de Justicia se escud¨® en el dato para anunciar un incremento de la pena m¨¢xima de prisi¨®n, de los cinco a?os a los seis. Se trata de casos en los que no se pone en riesgo la vida o la integridad f¨ªsica de las personas, de lo contrario, la pena se mantiene como hasta ahora, de 10 a 20 a?os. El juez puede decretar la aplicaci¨®n de distintas medidas preventivas, de considerarlo oportuno, ya que al extenderse la sanci¨®n, el plazo de prescripci¨®n del delito aumenta a 10 a?os. As¨ª, los casos ser¨¢n juzgados por la Audiencia Provincial y no por los juzgados de lo Penal, como en este momento.

El ministro tambi¨¦n incluir¨¢ como circunstancias agravantes que el incendio afecte a zonas pr¨®ximas a n¨²cleos de poblaci¨®n; que sacuda zonas forestales con una flora y una fauna protegida; y que el incendio sea provocado cuando las condiciones climatol¨®gicas del terreno incrementen su riesgo de propagaci¨®n.

La ¨²ltima de las medidas que ayer puso sobre la mesa el ministro es la introducci¨®n del art¨ªculo 358 bis en el C¨®digo Penal, que incluye la aplicaci¨®n de sanciones sobre delitos contra el medio ambiente a los incendios por imprudencia, sean o no forestales. Esto supone la administraci¨®n de condenas superiores en grado a las previstas cuando se trate de delitos contra espacios naturales protegidos, es decir, de entre seis y nueve a?os. El culpable tendr¨¢ que reparar los da?os, y, en caso de que por iniciativa propia decida recomponer el material extraviado, se reducir¨¢ la condena.

Son solo algunas de las piezas del armaz¨®n con el que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretende acerar el C¨®digo Penal. Entre ellas tambi¨¦n est¨¢ la discutida introducci¨®n de la prisi¨®n permanente revisable. Ser¨¢ este mes cuando se har¨¢n las propuestas en el Consejo de Ministros, pero hasta ¡°febrero o marzo¡± no ser¨¢ publicado en el Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE).

Despu¨¦s de reunirse con el presidente de la Xunta, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, el ministro ha remarcado que la legislaci¨®n no puede tratar los problemas del fuego solo desde su vertiente econ¨®mica. ¡°Tenemos que vincularlos directamente con la obligaci¨®n que tenemos los poderes p¨²blicos de protecci¨®n del ecosistema¡±, arguy¨® el ministro. Y record¨® que la extinci¨®n de incendios genera riesgos objetivos para la salud de las personas. En la ¨²ltima d¨¦cada, se han producido 170.000 fuegos en todo el territorio espa?ol. De estos, entre el 73 y el 80% fueron ¡°provocados por la mano del hombre¡±, expuso Gallard¨®n.

N¨²?ez Feij¨®o ha aludido a las reiteradas peticiones que desde Galicia se han hecho al Gobierno central para que se endurezcan las penas a los incendiarios. En 2010, el Parlamento gallego trat¨® de trasladarle al Estado, por unanimidad, la necesidad de revisar las normas jur¨ªdicas punitivas para intensificar las sanciones y garantizar ¡°el anonimato de los testigos¡±. Cada a?o en Galicia se destinan 100 millones de euros del Presupuesto auton¨®mico a apagar incendios forestales. Feij¨®o conf¨ªa en que la espera se zanje con esta nueva redacci¨®n del C¨®digo Penal, en la que se refleje que ¡°el que queme, paga¡±. Explic¨®, adem¨¢s, que, en lo que va de a?o, se han detenido el doble de presuntos incendiarios que el mismo per¨ªodo el a?o pasado.

Por otra parte, con respecto al plan elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para concentrar en las ciudades el mapa de los juzgados, Gallard¨®n mencion¨® que fue el Congreso el que solicit¨® la elaboraci¨®n de este informe. Limit¨® su repercusi¨®n a texto ¡°consultivo¡±, y avanz¨® que el anteproyecto del Gobierno central no comparte la soluci¨®n a la que ha llegado el CGPJ. Pero no quiso estimar si se reducir¨¢n los partidos judiciales, solo que ser¨¢ un plan adaptado al siglo XXI.