La tijera que no corta o el cuento de los concejales

Al grito de ¡°el Estado actual es insostenible¡±, entre otras razones porque el n¨²mero de empleados p¨²blicos lo es (de Cospedal dixit), el Gobierno que gloriosamente nos rige ha incluido en el plan de ajuste que su presidente acaba de presentar en el Congreso dos propuestas de reforma del sistema administrativo: el traslado a las diputaciones provinciales de las ¡°competencias impropias¡± que los Ayuntamientos ejercen y, se supone, la gesti¨®n de al menos una parte de los servicios municipales obligatorios que el raquitismo de la mayor parte de las administraciones municipales impide prestar adecuadamente, y la reducci¨®n en un 30% de los esca?os de concejal en todos los Ayuntamientos. Lo que parece va a ahorrar unos 3.500 millones de gasto, se supone que superfluo.

Si se compara con la reducci¨®n de casi el 50% de las provincias que acaba de acordar en Italia el gobierno Monti no parece gran cosa, y si se compara con las propuestas de reforma del sistema administrativo avanzadas por UPyD y el PSOE no parece que el juicio pueda ser muy distinto. La raz¨®n es muy sencilla: la reforma que se propone es una reforma cosm¨¦tica y partidistamente sesgada. Veamos. En la actualidad tenemos un sistema administrativo en cuatro niveles: en primer lugar la Administraci¨®n general del Estado, en la que por cierto el gesto corriente apenas se reduce si dejamos de lado el pato que pagan los empleados p¨²blicos; en segundo lugar la Administraci¨®n auton¨®mica; en tercer lugar un sistema doble de gobierno local: municipios y diputaciones o entes que hacen sus veces (cabildos y consejos insulares). La parte del plan de ajuste que comento se centra en este punto, en el que hay dos niveles de gobierno y Administraci¨®n en casi todo el pa¨ªs; que esa duplicidad no es indispensable lo indica el hecho que uno de ellos, el provincial, no existe en seis comunidades aut¨®nomas de 17.

Nuestro sistema de gobierno local tiene un problema heredado: el minifundismo municipal. Con los datos de 2009, Espa?a ten¨ªa 8.112 municipios de los cuales 6.808 ten¨ªan menos de 5.000 habitantes y 4.860 menos de 1.000. En rom¨¢n paladino eso significa que casi las nueve d¨¦cimas partes de los municipios que atienden a algo menos del 13% de la poblaci¨®n no pueden tener el aparato administrativo, el personal cualificado, los recursos financieros y los medios t¨¦cnicos que se necesitan para gestionar los asuntos locales, raz¨®n por la cual esos municipios necesitan de rodrigones y muletas: las mancomunidades de servicios y las diputaciones provinciales, sin cuyo concurso y medios ni los ayuntamientos puede funcionar (entre otras cosas porque no pueden ni recaudar), ni los servicios prestarse. Lo que implica que hay aqu¨ª una considerable bolsa de gasto p¨²blico ineficiente. Cuando el se?or presidente anuncia campanudamente que las diputaciones van a asumir servicios municipales que los ayuntamientos no pueden las m¨¢s de las veces prestar, no hace si no levantar acta de lo que est¨¢ sucediendo, y no supone apenas innovaci¨®n alguna. Por esta parte no se ve c¨®mo se puede recortar significativamente un gasto p¨²blico ineficiente.

El problema de gasto p¨²blico local exige la racionalizaci¨®n del mapa municipal. Para hacerse una idea, cuando en 1812 se introdujo en la Constituci¨®n de C¨¢diz la moderna Administraci¨®n local, se previ¨® que deb¨ªa haber Ayuntamiento en los pueblo de al menos 1.000 habitantes. A la fecha casi seis de cada diez municipios (el 59,91 para ser exactos) no alcanzan ese tama?o¡­doscientos a?os despu¨¦s. Si fij¨¢ramos el umbral de viabilidad en el entorno de los 10.000 habitantes solo 750 municipios (el 9,45%) alcanzaban ese tama?o en 2009, aunque, eso s¨ª, cubr¨ªan casi ocho de cada diez habitantes (el 78,79 para ser exactos).

Claro que si los ayuntamientos tienen el suficiente tama?o para vivir de lo suyo, ?para qu¨¦ el segundo nivel de gobierno local, para qu¨¦ las diputaciones? Si el paciente puede por si solo andar no necesita muletas. ?Entonces? Claro que tocar las diputaciones (que por cierto se eligen con un sistema hijo leg¨ªtimo de la Ley de bases de 1975, tercio municipal) significa poner en cuesti¨®n las redes clientelares que se han tejido, y en no pocos casos, los cacicatos mas o menos modernizados que la miseria municipal ha venido a propiciar. Y eso crea no pocos problemas en el partido ?No es as¨ª, Don Mariano?

Si hay un excesivo n¨²mero de Ayuntamientos no debe sorprender que haya un excesivo n¨²mero de concejales, al fin y al cabo estos son la consecuencia de aquella causa. El n¨²mero es tan grande que sencillamente ning¨²n partido tiene capacidad para cubrir con sus candidatos todos los Ayuntamientos. Si tenemos en cuenta que una buena parte de los cargos concejales son honorarios, o poco menos, cabe plantearse qu¨¦ capacidad de reducci¨®n del gasto tiene la supresi¨®n de 19.000 concejales m¨¢s o menos. Hagamos un ejercicio: si cada concejal suprimido cobrara 12.000 euros/a?o, el ahorro ascender¨ªa a 228 millones/a?o, algo s¨ª como el 0,16% del gasto local total. De esa cifra a 3.500 millones de ahorro anunciado parece haber cierta distancia. ?A medir en a?os-luz?

Una reducci¨®n que, adem¨¢s, es lineal: no se reduce all¨ª donde el Ayuntamiento es peque?o y tiene pocos recursos, se reduce en todos, y en la misma proporci¨®n. No parece muy coherente si de lo que se trata es de disminuir gasto innecesario. Especialmente si de considera que tanto en t¨¦rminos hist¨®ricos, como comparativos nuestros cuerpos electos tienen un tama?o por debajo de los del pasado y por debajo de la media de los pa¨ªses de la UE de tama?o similar. Claro que si el n¨²mero de electos baja la proporcionalidad baja, las molestas minor¨ªas tendr¨¢n m¨¢s dif¨ªcil entrar y las listas m¨¢s votadas tendr¨¢n m¨¢s f¨¢cil convertir una minor¨ªa electoral en una mayor¨ªa en la representaci¨®n (envenenado regalo que se ofrece al PSOE). Adem¨¢s, como la elecci¨®n de las diputaciones es indirecta, esa prima se aumentar¨¢ a la hora de definir la mayor¨ªa de la Diputaci¨®n que se conserva en beneficio del partido mayor, que por feliz casualidad es aquel que dirige quien hace la propuesta. ?Se dan ustedes cuenta?

Concluyendo: es cierto que hay mucho gasto p¨²blico improductivo o innecesario en el gobierno local, y que aqu¨ª hay campo para racionalizar el gasto. Pero no es menos cierto que lo que se ha venido a anunciar sirve bien poco para resolver el problema porque hacerlo supone afrontar tensiones internas en el partido del Gobierno y eso es lo ¨²ltimo que el presidente quiere hacer. La tijera en el sistema de gobierno local es la tijera que no corta.

Manuel Mart¨ªnez Sospedra es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad CEU-Cardenal Herrera.