?vila eleva a 17 millones el fraude de los ERE y a 241 los presuntos implicados

El Gobierno andaluz revisa la concesi¨®n de ayudas directas por 106 millones. Tras un a?o y medio de investigaci¨®n, las cifras del fraude de los ERE. empiezan a florecer. La Junta de Andaluc¨ªa estima que los intrusos (prejubilados ajenos a las empresas beneficiadas) han causado un perjuicio a las arcas p¨²blicas de 17 millones como m¨¢ximo. Han sido 196 personas que cobraron p¨®lizas de prejubilaci¨®n sin que les correspondiera y otras 45 personas que est¨¢n siendo investigadas por el Ejecutivo aut¨®nomo. Sin embargo, de momento las arcas p¨²blicas no han recuperado ni un solo euro debido a las garant¨ªas del proceso, que permite presentar alegaciones a estos polizones.

Antonio ?vila, consejero andaluz de Econom¨ªa, Innovaci¨®n, Ciencia y Empleo, ofreci¨® ayer las cifras durante su comparecencia en la comisi¨®n de investigaci¨®n parlamentaria sobre un fondo dotado con 647 millones pero que finalmente ha costado 1.217 millones debido a la refinanciaci¨®n de la deuda y los intereses de demora acumulados. Ahora la Junta intenta recuperar parte del dinero mal entregado, y junto a los 17 millones de los intrusos, la Administraci¨®n revisa 106 millones concedidos a empresas, Ayuntamientos, fundaciones privadas y universidades a trav¨¦s de 191 ayudas directas. Solo siete de estas subvenciones est¨¢n pr¨®ximas a ser devueltas tras el dictamen favorable del Consejo Consultivo andaluz. De no haberse detectado a tiempo el fraude, los intrusos habr¨ªan cobrado otros 15 millones ya comprometidos y las empresas, 29 millones.

?vila quit¨® hierro al esc¨¢ndalo y resalt¨® que, durante los 10 a?os investigados (2001-2010), 81.464 trabajadores andaluces se vieron afectados por expedientes de regulaci¨®n de empleo; el 7,9% de estos ERE fueron subvencionados y solo presentan irregularidades el 0,29% del total. ¡°Hay una injusta criminalizaci¨®n del instrumento¡±, dijo ?vila sobre los ERE.

Ante las denuncias de la portavoz de IU Alba Doblas por el sistema ¡°chapucero¡± que instaur¨® la Junta y permiti¨® el fraude, el consejero incidi¨® en la defensa de todos los altos cargos socialistas ante la comisi¨®n: el procedimiento no se dise?¨® para desviar fondos p¨²blicos, como sostiene el PP, y el problema fue la decisi¨®n de ciertas personas de ¡°saltarse el procedimiento¡±. Eso s¨ª, admiti¨® la ausencia de norma que regulara la concesi¨®n de ayudas, basadas en un convenio marco firmado en 2001, que permit¨ªa a la Consejer¨ªa de Empleo conceder subvenciones sin que la agencia pagadora Idea revisara los mismos.

Tras ?vila compareci¨® ante la comisi¨®n el?ex interventor general de la Junta Manuel G¨®mez para aclarar la fiscalizaci¨®n del gasto que ejerci¨® su departamento sobre las ayudas. Hasta 15 errores e incumplimientos detect¨® la Intervenci¨®n General durante los informes que analizaron el fondo entre 2005 y 2008. ¡°No he visto un caso como este¡±, destac¨® el ex alto cargo. La clave est¨¢ en que los interventores analizaron los pagos ejecutados por Idea pero los convenios se firmaban y conservaban en Empleo. La Intervenci¨®n alert¨® de que el sistema incurr¨ªa en irregularidades, aunque sin identificar un menoscabo de fondos p¨²blicos. Pero el aviso fue claro y ayer G¨®mez lo expres¨® de manera gr¨¢fica: ¡°Si su vecino le advierte a voces por la ventana de que hay llamas en el extractor, ?usted llamar¨ªa a los bomberos para evitar la cat¨¢strofe o esperar¨ªa a que su vecino le confirmara la noticia por carta?¡±.

En otro momento, a?adi¨®: ¡°Nosotros lo advertimos y quien ten¨ªa que tomar decisiones no las tom¨®; lo que resulta ir¨®nico es que quien no tom¨® decisiones ahora se queje de que no fue advertido¡±. G¨®mez se refer¨ªa a las excusas dadas ante la comisi¨®n por el exconsejero de Empleo Antonio Fern¨¢ndez y su predecesor, el diputado a Cortes Jos¨¦ Antonio Viera. Ambos alegaron la semana pasada que la Intervenci¨®n General nunca emiti¨® el informe de actuaci¨®n que habr¨ªa alertado de un c¨®digo rojo sobre menoscabo de fondos p¨²blicos. Pero ayer G¨®mez aclar¨® que nunca existi¨® tal posibilidad porque lo prohib¨ªa el reglamento, dado que el organismo analizado era la agencia Idea.

El exinterventor aclar¨® que el sistema ideado fue legal, ya que las transferencias de financiaci¨®n (el instrumento de pago) tienen rango de ley. G¨®mez no aclar¨® si los informes llegaron al presidente de la Junta, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, cuando fue consejero de Econom¨ªa y Hacienda, tal y como estaba establecido. A pesar de que Gri?¨¢n ha negado la mayor, G¨®mez subray¨® c¨®mo las modificaciones presupuestarias se fueron corrigiendo hasta desaparecer con el tiempo.