¡°Ser¨ªa un grave error abrir una guerra por el agua con el Gobierno¡±

Luis Planas (Valencia, 1952) est¨¢ al frente de una macroconsejer¨ªa, un enorme departamento en el que, tras las ¨²ltimas elecciones, se incluyeron las competencias sobre agricultura, pesca, medio ambiente, aguas, ordenaci¨®n del territorio... Todas son ¨¢reas en las que las relaciones con el Gobierno central son delicadas e importantes. Quiz¨¢s sea por su pasado diplom¨¢tico o quiz¨¢s simple pragmatismo, pero Planas intenta huir del enfrentamiento con el ministerio. "Mi misi¨®n es llegar a acuerdos, es el encargo del presidente", remacha.

Pregunta. Usted es consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. ?Por ese orden?

Respuesta. Cualquiera de las tres secretar¨ªas generales, m¨¢s el tema pesquero, constituye un elemento prioritario. La agricultura es uno de los sectores m¨¢s potentes de nuestra econom¨ªa. Tengo claro que la reforma de la PAC y la defensa de nuestros agricultores es uno de los temas b¨¢sicos y por eso me desplazo a Bruselas la semana que viene. La pesca es un sector tradicional, que tiene alguna vertiente industrial, pero que en Andaluc¨ªa es b¨¢sicamente artesanal y constituye un elemento de integraci¨®n de nuestros pueblos del litoral. Mi tarea es la de defender la preservaci¨®n de esa actividad. Medio Ambiente y agua son dos de los grandes temas de nuestra consejer¨ªa. La preservaci¨®n y el desarrollo de nuestra biodiversidad y la protecci¨®n del medio ambiente verde y gris (el de las ciudades) es un elemento fundamental. Y la ordenaci¨®n del territorio es lo que da sentido a todo ese conjunto. Es dif¨ªcil responder. Es como si a un padre le preguntan qu¨¦ hijo prefiere.

La existencia de una ¨²nica consejer¨ªa es una ventaja

P. Entre los hijos surgen fricciones. Entre la agricultura y el medio ambiente hay colisiones. ?Tenerlas juntas en una consejer¨ªa no puede suponer que un ¨¢rea est¨¦ supeditada a otra?

R. Al contrario, es una gran oportunidad para conseguir una aut¨¦ntica integraci¨®n de las pol¨ªticas y para hacer de la sostenibilidad un elemento horizontal. La existencia de una ¨²nica consejer¨ªa es una ventaja. Ya hemos detectado expedientes en los que hab¨ªa una coordinaci¨®n entre consejer¨ªas pero donde el grado de integraci¨®n no era suficiente. Los hechos nos dar¨¢n la raz¨®n.

No es una prioridad la extensi¨®n del regad¨ªo

P. ?Se urbanizar¨¢ finalmente Valdevaqueros?

R. Tras la aprobaci¨®n por parte del Ayuntamiento de Tarifa del plan parcial no me consta que se hayan producido nuevas iniciativas administrativas sobre la tramitaci¨®n que resta y durante la que se tendr¨¢ que pronunciar la consejer¨ªa. Tampoco se tienen noticias sobre la viabilidad econ¨®mica del proyecto ni de los planes de sus promotores. En la actual situaci¨®n econ¨®mica, podr¨ªa tener una cierta intuici¨®n, pero no voy a hacer predicciones. Me gusta ser riguroso y cumplir mis compromisos. Mi compromiso es que vamos a mirar con lupa el proyecto y su respeto a la legislaci¨®n ambiental, que es muy exigente.

Hay Ayuntamientos que han efectuado una cierta vista gorda con las casas ilegales

P. ?Bloqueara la Junta el desarrollo de Valdevaqueros?

R. La Junta va a cumplir con sus competencias y hacer bien su trabajo, sobre todo en una zona tan sensible y con tanto impacto ambiental como el litoral, pero l¨®gicamente no puedo anticipar el resultado de un proceso administrativo y t¨¦cnico que a¨²n no ha finalizado. Lo que s¨ª considero es que existen planeamientos urban¨ªsticos en el litoral que responden a criterios que tengo la impresi¨®n que hoy no respaldan la mayor¨ªa de los andaluces. El caso de Valdevaqueros es uno de ellos.

Los trabajadores del Infoca han hecho un esfuerzo heroico

P. La fiscal¨ªa se ha quejado de que hay casas ilegales con sentencias de demolici¨®n que no se derriban porque las Administraciones alegan que no tienen fondos.

R. Es cierto que cuando uno examina la cantidad de expedientes que se inician, las sentencias condenatorias y las demoliciones la estad¨ªstica puede parecer chocante. Pero, al menos con lo que respecta a las competencias de la Junta, las ejercemos de forma muy activa. Nuestra inspecci¨®n urban¨ªstica, creada en 2005, ha sido un elemento de vanguardia y est¨¢ formada por excelentes funcionarios. Pero quienes tienen la verdadera competencia son los Ayuntamientos. Nuestra tarea es de asesoramiento y supervisi¨®n, pero son los Ayuntamientos los que tienen que hacer por defender la legalidad y evitar que se rompa. Respecto a las demoliciones y su coste, hay un efecto en cascada que llega hasta los Ayuntamientos.

Hay que felicitar a los grupos ecologistas por su lucha con el Algarrobico

P. ?Ha sido un error que los Ayuntamientos hayan sido todopoderosos en urbanismo?

R. No me gusta juzgar el pasado. Pero ah¨ª no est¨¢ la clave del problema. Est¨¢ en c¨®mo se ha efectuado el ejercicio de las competencias. Cada uno ha jugado su papel y cada uno debe asumir su responsabilidad. Conozco Ayuntamientos que han efectuado una ordenaci¨®n y planificaci¨®n correctas. Otros que han efectuado una cierta vista gorda con las viviendas ilegales y ahora estamos pagando las consecuencias. Lo hemos visto recientemente con el incendio de Co¨ªn. La existencia de viviendas diseminadas, algunas perfectamente legales, ha dificultado mucho la extinci¨®n.

El sector fresero no tiene que estar preocupado

P. ?No es un error legislar para darle una salida a las viviendas ilegales a trav¨¦s de un decreto como el aprobado por la Junta?

R. Me parece un decreto y una orientaci¨®n correcta, en la medida que est¨¢ perfectamente encuadrada. No estamos hablando del conjunto de construcciones ilegales, sino de situaciones perfectamente acotadas donde, con la intervenci¨®n municipal, se les puede dar una respuesta teniendo en cuenta que es un n¨²mero muy elevado. Lo que se pretend¨ªa no era una amnist¨ªa generalizada, sino responder a situaciones concretas. Con una salvaguarda muy importante: nunca contra las decisiones de los tribunales.

La posici¨®n del Consejo de Do?ana debe ser tenida muy en cuenta en el dragado

P. ?Funciona ese decreto?

R. Los Ayuntamientos son los que deben dar los primeros pasos. Algunos se han interesado, han pedido informaci¨®n y est¨¢n preparando expedientes. Pero vamos a ser muy rigurosos en su aplicaci¨®n.

P. ?Le preocupa el plan hidrol¨®gico del Guadalquivir que el Gobierno aprobar¨¢ ahora que no tienen las competencias?

R. Hemos hecho un gran esfuerzo con los tres planes de las cuencas interiores, que son ¨ªntegramente andaluzas. Tenemos unos vol¨²menes y no se puede repartir aquello que no se posee. Evidentemente, debe haber un reparto en funci¨®n de las necesidades y de los usos, pero teniendo en cuenta tambi¨¦n las disponibilidades. Finalmente, hemos apoyado una tarificaci¨®n volum¨¦trica y no por superficie porque es importante para la eficiencia. Todos esos principios nos gustar¨ªa tambi¨¦n para la planificaci¨®n en la cuenca del Guadalquivir. Estamos en di¨¢logo con el Estado. Espero que lleguemos a un consenso. Ser¨ªa un grave error abrir una guerra por el agua. La confederaci¨®n y el Guadalquivir han tenido ya demasiado estr¨¦s.

P. ?Es sostenible una ampliaci¨®n de la superficie del regad¨ªo?

R. Disponemos de un volumen determinado que no puede ser incrementado y m¨¢s en una situaci¨®n de sequ¨ªa que podr¨ªa prolongarse en el tiempo. La doctrina es muy clara y qued¨® establecida con Bruselas: todos los ahorros que se produzcan deber¨ªan permitirnos dar respuesta a los usos existentes pero no legalizados. Y, solo y excepcionalmente, se podr¨ªan plantear situaciones concretas.

P. Durante estos ¨²ltimos a?os se ha producido una situaci¨®n parad¨®jica: el ahorro de la modernizaci¨®n se ha empleado en incrementar la superficie de regad¨ªo. ?Ese c¨ªrculo se puede romper?

R. Ese planteamiento podr¨ªa tener l¨®gica en otros momentos. Pero ahora est¨¢ ya claro que hemos alcanzado, y eso dicen los expertos, el regad¨ªo m¨¢s eficiente de Espa?a y de Europa y tenemos que sacar rendimiento a aquello que tenemos. No es una prioridad la extensi¨®n del regad¨ªo. Lo que es una prioridad es el mejor uso. El ahorro ha supuesto la extensi¨®n, en algunos casos porque era necesario. Pero, en este momento, no vamos por la ampliaci¨®n.

P. ?Han abordado con el Estado la ampliaci¨®n del dragado del Guadalquivir?

R. Hay ya unas recomendaciones cient¨ªficas y esa es la base de trabajo para cualquier actividad del futuro. Corresponde a la Autoridad Portuaria de Sevilla tomar la iniciativa ¡ªno me consta que lo haya hecho¡ª de plantear un expediente que el Estado deber¨ªa evaluar si necesita de una declaraci¨®n de impacto ambiental suplementaria. En ese caso, se pedir¨ªa a todas las partes implicadas, tambi¨¦n a la Junta, una manifestaci¨®n al respecto. El Consejo de Participaci¨®n de Do?ana tiene una clara posici¨®n al respecto y debe ser tenida muy en cuenta.

P. ?Hubo alg¨²n fallo en la extinci¨®n del incendio de M¨¢laga?

R. Fueron 8.000 hect¨¢reas quemadas, pero podr¨ªamos haber estado hablando de m¨¢s del doble con afectaci¨®n de zonas sensibles y habitadas. Ha sido un ¨¦xito del Infoca y de la coordinaci¨®n entre Administraciones. Sobre todo hay que rendir un homenaje a los trabajadores del Infoca. Han hecho un esfuerzo heroico.

P. ?Se han producido recortes en el Infoca? ?Hay menos contrataciones este a?o?

R. Hemos mantenido el presupuesto. Son 104 millones dedicados a tareas de prevenci¨®n y 81 dedicados a extinci¨®n. Hemos tenido la plantilla ajustada a las necesidades operativas, teniendo en cuenta que algunos elementos del plan han aumentado de coste, como combustible o retardante.

P. Pasan los a?os y los consejeros, y el Algarrobico sigue ah¨ª...

R. El ministerio y la consejer¨ªa est¨¢n dando los pasos necesarios para que, en el momento en el que dispongamos de seguridad desde un punto de vista judicial, proceder a la demolici¨®n y restauraci¨®n. El primer paso era hacer una evaluaci¨®n. En julio, el ministro y yo firmamos una carta conjunta dirigida a Tragsa para que haga la valoraci¨®n econ¨®mica de los trabajos de restauraci¨®n. No es un problema de fechas, es de proceso. Ese proceso le aseguro que se ha iniciado.

P. ?Participar¨¢n las dos Administraciones? El ministerio mostr¨® dudas al principio.

R. Hemos cofinanciado el estudio y creo que en ese esp¨ªritu de colaboraci¨®n queda claro. El ministerio y Junta compartimos la visi¨®n de que no solo hay un error urban¨ªstico grave, sino sobre todo una visi¨®n de Andaluc¨ªa que no es positiva.

P. ?Se atreve a ponerle fecha a la restauraci¨®n de la zona?

R. Tendremos que esperar a alguna sentencia significativa como la relativa a la licencia de obras, que deber¨ªa producirse en el TSJA en los pr¨®ximos meses. Pero, despu¨¦s hay un buen n¨²mero de procedimientos judiciales en curso. Deber¨ªamos llevar a cabo lo antes posible esa demolici¨®n y restauraci¨®n, pero al mismo tiempo tampoco generar responsabilidades para quien no las ha tenido en este proceso. Comprendo la expectativa social, no solo de los grupos ecologistas, a los que hay que felicitar por su labor en la detecci¨®n y lucha frente a este disparate, sino tambi¨¦n en el conjunto de la sociedad que, con algunas excepciones, est¨¢ a favor del ministerio y la Junta.

P. Pasan los a?os y tambi¨¦n siguen ah¨ª los pozos ilegales de Do?ana. ?Se acabar¨¢n cerrando?

R. He hecho una apuesta personal de que vamos a seguir toda la diligencia posible con las 3.800 alegaciones. Do?ana constituye una joya de nuestra naturaleza y de nuestro territorio que tenemos que preservar. Tambi¨¦n tenemos que dar continuidad a las actividades de agricultura y de turismo de la zona, que tienen sentido si son respetuosas con el medio ambiente. Se trata de establecer qu¨¦ se puede continuar haciendo. El sector fresero de Huelva lo sabe perfectamente y no tiene que estar preocupado. Tiene futuro, pero hace falta una ordenaci¨®n. Tambi¨¦n que se apruebe el trasvase Chanza-Piedra, cuyo declaraci¨®n de impacto est¨¢ pendiente.

P. ?Cu¨¢ndo estar¨¢ aprobado el plan especial?

R. Son 3.800 alegaciones y estamos empezando a responder. Esperamos que en el curso del a?o que viene avance adecuadamente.

P. ?Se retrasa su aprobaci¨®n?

R. No. Depend¨ªa del n¨²mero de alegaciones. Tenemos que responder, una por una, a 3.800 alegaciones. No tenemos 10.000 funcionarios para contestar.

P. ?Cree que los agricultores de la zona son conscientes del da?o que hace para su propia imagen que parte de la producci¨®n se sustente en una ilegalidad?

R. Me consta que est¨¢n preocupados de que se ofrezca una imagen distorsionada de lo que es su actividad. Mi deber es la preservaci¨®n del medio ambiente y que nuestros agricultores tengan acceso a mercados con una reputaci¨®n positiva.