El esc¨¢ndalo de la TDT

El Tribunal Supremo, en sentencia de hace unos d¨ªas que se dio a conocer el jueves, anula al fin el reparto de (parte de) las licencias para emitir TDT local que hizo la Generalitat valenciana hace seis a?os. La sentencia es muy importante porque permite hacer luz sobre un proceso escandaloso de principio a fin y, aunque no genera necesariamente mucha confianza en que el estropicio pueda arreglarse a estas alturas (con licencias concedidas hace a?os, competidores quebrados, una situaci¨®n econ¨®mica horrible y un previsible encastillamiento del Consell que hace intuir que el cumplimiento de la sentencia ser¨¢ m¨¢s formal que material), obliga a repasar r¨¢pidamente lo que ha pasado aqu¨ª.

Tras el reparto de competencias entre Estado y Comunidades Aut¨®nomas para la implantaci¨®n de la TDT, correspond¨ªa a estas adjudicar las licencias de televisi¨®n local y auton¨®mica. M¨¢s o menos a la vez, les Corts Valencianes aprobaron una ley para la TDT valenciana con una serie de principios y reglas que todos podemos compartir: limitar el n¨²mero m¨¢ximo de adjudicaciones a una misma empresa de comunicaci¨®n, puntuar para primar la producci¨®n de proximidad y obligar a garantizar unos contenidos propios (y con un porcentaje en valenciano) con la idea de que estas televisiones fueran, de verdad, locales y auton¨®micas, dieran informaci¨®n de proximidad, dinamizaran el sector audiovisual valenciano, etc.

Sin embargo, en paralelo, las adjudicaciones, realizadas a partir de las valoraciones de una consultora privada (en lo que es una irregularidad procedimental clave para anular el proceso pero que, en el fondo, viene hasta bien pues de esta manera la m¨¢s que cuestionable adjudicaci¨®n no tiene su origen en una valoraci¨®n abiertamente irregular realizada por alguien de la casa), provocaron cosas como que en 13 de las 14 demarcaciones fuera agraciada una tele de una misma empresa o que grupos nacionales como Intereconom¨ªa, Libertad Digital o El Mundo acumularan concesiones. El Consell, as¨ª, liquid¨® de un plumazo lo que pretend¨ªa su propia ley. Las consecuencias, en forma de los canales que todos podemos ver, han acabado de certificar con el tiempo, por si hab¨ªa alguna duda, de qu¨¦ iba esta pel¨ªcula.

Sorprendentemente, las primeras sentencias tras las l¨®gicas impugnaciones, llevando al extremo la deferencia desgraciadamente habitual en Espa?a respecto de las decisiones de las Administraciones P¨²blicas, no vieron problema alguno. Ni formal ni de fondo. Que los beneficiarios fueran a veces la misma empresa aunque camuflados con diversos ropajes jur¨ªdicos no se estim¨® relevante. Que las reglas sobre adjudicar a quienes garantizaran producci¨®n local fueran tan obscenamente ignoradas, tampoco. Y la cosa pas¨®, obligando a los recurrentes a emplear m¨¢s tiempo y dinero todav¨ªa (los que perseveraron, que fueron ya muy pocos) y provocando que, a estas alturas, la cosa tenga ya dif¨ªcil arreglo. Porque, adem¨¢s, visto el nulo control que la Generalitat est¨¢ ejerciendo sobre estas televisiones, que violan diariamente (con alguna honrosa excepci¨®n) todas sus obligaciones de emisi¨®n, no parece que tampoco desde el Consell, en este como en muchos otros temas, tenga la m¨¢s m¨ªnima intenci¨®n de rectificar y empezar a funcionar de manera m¨¢s o menos homologable con lo que se espera en un Estado de Derecho.

@Andres_Boix blog en http://blogs.elpais.com/no-se-trata-de-hacer-leer/