¡°Nos pagaron pero no nos dieron ni el mono de trabajo¡±

Pedro P¨¦rez ha cobrado 700 euros por trabajar en una obra pero no lleg¨® ni a pasar de la puerta. No lleg¨® a probarse el traje de faena. ¡°Nos hicieron firmar que nos hab¨ªan entregado el mono y las botas pero ni nos los dieron. Nos pagaron con un cheque en la entrada del recinto y nunca m¨¢s volvimos¡±. ?l es uno de los 75 operarios que fueron dados de alta en las obras del entorno del castillo de Santa Catalina de C¨¢diz, sufragadas con el Programa de Transici¨®n al Empleo, el plan Proteja, pero que nunca llegaron a trabajar. La Junta de Andaluc¨ªa ha retenido el dinero de la subvenci¨®n auton¨®mica al Ayuntamiento de C¨¢diz, que, a su vez, culpa al Gobierno andaluz de haber favorecido, con las condiciones impuestas en el plan, las ¡°trampas¡± que algunas empresas para conseguir las ayudas.

A Pedro P¨¦rez y el resto de sus compa?eros les llamaron del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a finales de 2011 para trabajar en esa obra. La empresa Peninsular de Contratas S.A., elegida por el Ayuntamiento de C¨¢diz con fondos del Proteja, estaba ejecutando la conversi¨®n en paseo peatonal del acceso al castillo de Santa Catalina. Los trabajos estaban presupuestados en casi 600.000 euros y hab¨ªan generado 28 puestos de trabajo. Cuando las labores estaban a punto de concluir, la empresa decidi¨® llamar a otros 75 operarios, entre ellos Pedro P¨¦rez. ¡°Yo estaba en el paro, nos llam¨® el SAE para hacer vigilancia y limpieza durante dos semanas. Firmamos el contrato en la oficina del SAE y fuimos a la obra¡±. El contrato era para 11 d¨ªas. Pero apenas estuvo minutos. ¡°Nos recibieron en la puerta, en el terrapl¨¦n de acceso al castillo, nos dieron un cheque de 700 euros y un documento de que hab¨ªamos recibido la ropa de trabajo. Y a casa¡±.

P¨¦rez cuenta que, en seguida, supo que se trataba de lo que ¨¦l denomina como un ¡°chanchullo¡± pero admite que no lo rechaz¨®. ¡°Yo era un parado de larga duraci¨®n, me daban 700 euros y me ven¨ªan como agua de mayo¡±. Pero su decisi¨®n ha tenido consecuencias negativas porque, de estar a la cabeza en la lista de demandantes de empleo, ha pasado a estar al final por un contrato ¡°fantasma¡±. Adem¨¢s su cotizaci¨®n a la Seguridad Social fue anulada. La Inspecci¨®n de Trabajo, tras la denuncia de tres operarios, descubri¨® el supuesto enga?o e inst¨® a la Seguridad Social a dar de baja a los 75 tras descubrir que jam¨¢s hab¨ªan realizado esas tareas.

El Gobierno andaluz ha retenido 50.000 euros como garant¨ªa de recobro

Para justificar la repentina necesidad de esa plantilla tan abultada en una obra que ya estaba terminada, la empresa ide¨® una relaci¨®n de puestos de trabajo que inclu¨ªa funciones tan peregrinas como la de pintar de amarrillo unas vallas, para las que contrat¨® a cuatro trabajadores, o de la reponedor de palmitos y petunias. La funci¨®n de Pedro P¨¦rez era la de ¡°repasador con mortero de arqueta¡±.

La Junta de Andaluc¨ªa, tras el informe de la Inspecci¨®n de Trabajo, inst¨® al Ayuntamiento a aclarar el supuesto fraude y a devolver el dinero de la subvenci¨®n correspondiente a esos contratos. El PSOE de C¨¢diz va a pedir en el pr¨®ximo pleno una comisi¨®n que aclare por qu¨¦ el Consistorio no actu¨® ante esta presunta irregularidad, a pesar de que hab¨ªa contratado una consultora externa para el seguimiento de esta y otras obras financiadas por planes auton¨®micos y estatales. El equipo de gobierno del PP argumenta que ese control fue exhaustivo y llev¨® a reclamar a Peninsular de Contratas S.A. varias veces documentaci¨®n sobre personal pero, en realidad, no fue hasta mayo de este a?o, tras las advertencias de la Inspecci¨®n de Trabajo y la Junta de Andaluc¨ªa, cuando la junta de gobierno municipal no exigi¨® responsabilidades a la empresa por esos contratos fantasma. De hecho, la compa?¨ªa todav¨ªa no ha contestado, seg¨²n el Ayuntamiento, porque est¨¢ en plazo de alegaciones.

Seg¨²n el concejal de Hacienda, Jos¨¦ Blas Fern¨¢ndez, el plan Proteja favorec¨ªa las irregularidades. ¡°Se primaba a las empresas que contrataban m¨¢s trabajadores, no el volumen de la obra. As¨ª que, hecha la ley, hecha la trampa¡±, sostiene el edil del PP. El Gobierno andaluz ya ha retenido 50.000 euros al Ayuntamiento como forma de garantizarse un pago. El Consistorio dice que requerir¨¢ ese dinero a la empresa si, en este plazo de alegaciones, no es capaz de demostrar que aquellos contratos, como el de Pedro P¨¦rez, no eran fantasmas.