El Constitucional suspende la restricci¨®n a las grandes superficies en Catalu?a

El Tribunal Constitucional (TC) ha abierto una v¨ªa de agua en la pol¨ªtica de la Generalitat en materia de grandes superficies comerciales, justo lo que desde hace a?os persigue el Gobierno central y la patronal de grandes distribuidores, Anged. El alto tribunal admiti¨® a tr¨¢mite el pasado mi¨¦rcoles el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ministerio de Hacienda, con el que este pretende anular las restricciones de la normativa catalana que restring¨ªan la apertura de establecimientos medianos (entre 800 y 1.300 metros cuadrados) y grandes superficies (de mayores dimensiones) en funci¨®n de la poblaci¨®n de cada municipio.

Pero m¨¢s all¨¢ de la admisi¨®n del recurso, la importancia de la decisi¨®n del TC radica en su decisi¨®n de suspender de forma cautelar los dos art¨ªculos que limitaban la apertura de nuevos centros comerciales. De esta forma, los grandes grupos de distribuci¨®n interesados en poner en marcha nuevos proyectos podr¨ªan presentar sus planes de apertura a la Generalitat, que se quedar¨ªa sin razones legales para impedirlo.

Fuentes del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat, responsable del ¨¢rea comercial, admitieron ayer las peligrosas consecuencias que, a su juicio, puede suponer la decisi¨®n del Constitucional y advirtieron que el Gobierno catal¨¢n impugnar¨¢ la decisi¨®n. Los t¨¦cnicos del departamento consideran que la suspensi¨®n cautelar puede ocasionar da?os irreparables al esquema comercial auton¨®mico, que ha limitado las grandes aperturas para salvaguardar al peque?o comercio.

El Consejo de Ministros decidi¨® el pasado 27 de septiembre presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley ¨®mnibus aprobada por el Parlamento catal¨¢n en diciembre de 2011, en la que se modificaban, entre otras cosas, el art¨ªculo 114 del decreto sobre grandes superficies comerciales con el objetivo de introducir una excepci¨®n: la posibilidad de abrir medianas y grandes superficies comerciales ¡°en zonas de acceso restringido de las estaciones de l¨ªneas transfronterizas y transregionales del sistema ferroviario que acogen el tren de alta velocidad¡±, de los puertos y de los aeropuertos comerciales.

El Gobierno catal¨¢n intentar¨¢ frenar la suspensi¨®n cautelar decidida por el Tribunal Constitucional con una impugnaci¨®n en el plazo m¨¢s breve posible. Sus t¨¦cnicos trabajaban ya ayer en la argumentaci¨®n que utilizar¨¢n para intentar frenar el golpe. Le obliga el temor de que esta se prolongue durante todo el periodo de tiempo que pase hasta tener una sentencia definitiva del tribunal, que se puede demorar a?os. Y la Generalitat es consciente de que las grandes empresas de distribuci¨®n, que han llevado la pol¨ªtica comercial auton¨®mica hasta los tribunales comunitarios, esperan su oportunidad para elevar su presencia comercial en Catalu?a.

Seg¨²n el Ministerio de Hacienda, los dos art¨ªculos recurridos vulneran el criterio de regulaci¨®n de libre comercio, al introducir ¡°barreras de acceso al ejercicio de la actividad comercial¡±. El Gobierno, amparado en la directiva europea de servicios, siempre ha sostenido que la apertura de nuevos establecimientos comerciales no puede decidirse en funci¨®n de factores demogr¨¢ficos o poblacionales ni atendiendo a los diferentes formatos comerciales.

De hecho, considera que el decreto ley sobre equipamientos comerciales que aprob¨® el Gobierno tripartito en 2009 era m¨¢s restrictivo todav¨ªa que la pol¨ªtica comercial impulsada por CiU en tiempos de la presidencia de Jordi Pujol. En ese sentido, justo cuando el actual Ejecutivo catal¨¢n elaboraba la ley ¨®mnibus de promoci¨®n de la actividad econ¨®mica, el Ministerio de Econom¨ªa presion¨® para que la Generalitat rebajara las restricciones.

El Ejecutivo aut¨®nomo introdujo una salvedad para adaptarse a las nuevas grandes instalaciones vinculadas al transporte de pasajeros, pero mantuvo el fondo del litigio al dejar intacto su escalada de restricciones. En los municipios de menos de 5.000 habitantes solo se pueden abrir establecimientos peque?os, de una superficie inferior a los 800 metros cuadrados. En los municipios que superen esa cifra pero no alcancen los 50.000 habitantes solo se pueden instalar establecimientos medianos (de 800 a 1.300 metros cuadrados) y grandes (hasta 2.500 metros), pero ¨²nicamente dentro de su trama urbana consolidada (ya construida), mientras que los grandes establecimientos comerciales territoriales (m¨¢s de 2.500 metros cuadrados) solo estar¨ªan permitidos en los municipios de m¨¢s de 50.000 habitantes. Todas esas condiciones est¨¢n ahora en el aire, con la suspensi¨®n cautelar del Constitucional.

El recurso presentado por el Gobierno central agrava todav¨ªa m¨¢s las relaciones con la Generalitat, que, tras a?os de tregua, vuelve a estar enfrentada con el Estado por sus divergentes puntos de vista en materia comercial. El Departamento de Empresa ya ha denunciado la invasi¨®n de competencias en la que ha incurrido el Ministerio de Econom¨ªa al aprobar el decreto ley sobre liberalizaci¨®n de horarios comerciales. Su implantaci¨®n, a la que se niega el Ejecutivo de Artur Mas, permitir¨¢ abrir m¨¢s horas al d¨ªa y dos festivos m¨¢s al a?o, e incluso establecer la libre apertura en festivos en la zona m¨¢s tur¨ªstica de Barcelona.