Zona Franca de C¨¢diz pide la imputaci¨®n del exdelegado del Estado Miguel Osuna

La Abogac¨ªa del Estado, que representa a la Zona Franca de C¨¢diz, en la causa penal abierta por el esc¨¢ndalo de la empresa Quality Food, la supuesta estafa cometida a las arcas p¨²blicas a trav¨¦s de esta compa?¨ªa alimenticia, cree que el ex delegado del Estado Miguel Osuna, del PP, debe ser incluido en la querella presentada hace siete a?os como imputado y no como testigo, como hasta ahora ha ejercido. Los letrados ven indicios de ¡°malversaci¨®n¡± en su actuaci¨®n como m¨¢ximo responsable de la Zona Franca cuando este ¨®rgano compr¨® la mayor¨ªa de acciones de esta sociedad, vendida entonces por el PP como ejemplo emprendedor.

Fue precisamente en la etapa de Osuna, durante la ¨²ltima legislatura de Aznar, cuando se puso la querella que abri¨® la instrucci¨®n que todav¨ªa sigue abierta en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de C¨¢diz. Se investiga el quebranto de 30 millones de euros que supuso para las arcas de la Zona Franca el mantenimiento de esta empresa y los supuestos enga?os que pudo cometer el propietario de esta compa?¨ªa, Manuel Garc¨ªa Gallardo.

Hasta ahora los ¨²nicos imputados eran el empresario y personas de su familia y su entorno econ¨®mico. Pero la Abogac¨ªa del Estado cree que Osuna tambi¨¦n contribuy¨® a la malversaci¨®n y debe ser juzgado.

As¨ª lo recogen los letrados en un informe, al que ha dado ya el visto bueno el comit¨¦ ejecutivo de la Zona Franca presidido por el actual delegado, Jorge Ramos, del PP. ¡°Yo soy independiente y llegaremos hasta las ¨²ltimas consecuencias para exigir responsabilidades y cerrar esta p¨¢gina judicial¡±, ha explicado para justificar esta ampliaci¨®n de la querella que salpica a uno de los suyos. La alcaldesa de C¨¢diz y presidenta del pleno del Consorcio fiscal, Te¨®fila Mart¨ªnez, eludi¨® pronunciarse con el argumento de que desconoc¨ªa el contenido del informe, pese a que dos de sus concejales m¨¢s pr¨®ximos est¨¢n en ese comit¨¦ ejecutivo.

La ampliaci¨®n de la querella puede prolongar en el tiempo la instrucci¨®n de este caso. La resoluci¨®n de la causa penal, adem¨¢s de determinar penas, debe resolver qu¨¦ ocurre con los 13 millones de euros que Garc¨ªa Gallardo reclama a la Zona Franca. El empresario present¨® una demanda por la v¨ªa mercantil que se resolvi¨® con una sentencia del Tribunal Supremo en su favor, en virtud de la cual el organismo p¨²blico deber¨ªa entregarle esa cantidad por la compra de sus acciones. Pese a ser firme, la ejecuci¨®n de la sentencia est¨¢ suspendida hasta que se cierre el juicio por la v¨ªa penal.