Con los para¨ªsos fiscales hemos topado

Recientemente hemos conocido que la lista Falciani de evasores fiscales en Suiza inclu¨ªa al menos a 32 valencianos. A diferencia de Grecia, donde el periodista griego Kostas Vaxenavis difundi¨® la identidad de los grandes delincuentes fiscales patrios, siendo juzgado ¨Cy absuelto¨C por ello, en nuestro pa¨ªs ning¨²n medio ha citado a¨²n ni un solo nombre. Tal vez no sea por casualidad.

En Espa?a, indagar sobre alguna cuesti¨®n relacionada con los para¨ªsos fiscales es topar con un muro de silencio impenetrable. La opacidad hecha carne. Esa ha sido mi experiencia como diputado auton¨®mico de Esquerra Unida, a pesar de que legalmente tengo reconocido, como representante electo, el derecho a preguntar y a solicitar la documentaci¨®n necesaria para cumplir con mi tarea de fiscalizaci¨®n y control del Gobierno. As¨ª lo establece, entre otros, el art¨ªculo 12 del Reglamento de les Corts Valencianes, relativo a las solicitudes de documentaci¨®n, cuando dispone que ¡°para el mejor cumplimiento de las funciones parlamentarias, los diputados y las diputadas, previo conocimiento del respectivo grupo parlamentario, tendr¨¢n la facultad de recabar los datos, informes y documentos administrativos, en papel o en soporte inform¨¢tico de las administraciones p¨²blicas de La Generalitat, que obren en poder de ¨¦stas y de las instituciones, organismos y entidades p¨²blicas de La Generalitat, que obren en poder de ¨¦stas y de las instituciones, organismos y entidades p¨²blicas empresariales dependientes de la misma¡±; o el art¨ªculo 157, que hace referencia a la posibilidad de formular preguntas con solicitud de respuesta escrita con el mismo objetivo.Lo l¨®gico en estos casos es pensar que si uno tiene derecho a preguntar o a solicitar documentaci¨®n, tambi¨¦n tiene derecho a que sus preguntas sean contestadas ¨ªntegra y verazmente y a que le sean entregados los papeles que pidi¨®. Sin embargo, en el mundo real del parlamentarismo valenciano, no es as¨ª. Y mucho menos cuando se trata de para¨ªsos fiscales. Ve¨¢moslo.

Hace meses denunci¨¦ p¨²blicamente el pago de m¨¢s de 100 millones de euros en honorarios a Santiago Calatrava por los proyectos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Estas percepciones millonarias est¨¢n vinculadas directamente a los sobrecostes de las obras y han disfrutado de un r¨¦gimen fiscal ¡°especial¡±, pues han sido facturadas sin IVA en Suiza a pesar de que los servicios de arquitectura se prestaron en Valencia, hecho reiteradamente cuestionado en los informes anuales de la Sindicatura de Cuentas. La p¨¦rdida de ingresos para la Hacienda espa?ola es doble, por cuanto los beneficios ¡°suizos¡± de Santiago Calatrava S.A. tampoco est¨¢n sujetos al impuesto de sociedades.

Escandalizado porque una administraci¨®n p¨²blica pague a un contratista en un para¨ªso fiscal eludiendo la aplicaci¨®n de la legislaci¨®n fiscal espa?ola, present¨¦ por registro de las Cortes Valencianas una pregunta a cada uno de los consellers del Gobierno valenciano. En la misma les preguntaba si su Conselleria hab¨ªa contratado con alguna empresa radicada en alguno de los pa¨ªses de una amplia lista de ¡®centros financieros offshore¡¯, que inclu¨ªa los considerados oficialmente para¨ªsos fiscales por la OCDE, los estados que por las caracter¨ªsticas de su sistema legal o bancario est¨¢n directamente relacionados con los negocios offshore y todas aquellas jurisdicciones o territorios con incentivos fiscales de naturaleza parecida. Pues bien, todos y cada uno me dieron una respuesta id¨¦ntica: que ¡°la normativa sobre contrataci¨®n p¨²blica, tanto la comunitaria como la estatal, no obligan a justificar el territorio de radicaci¨®n de las empresas, sino su nacionalidad¡±. Y despu¨¦s de una perorata sobre el libre comercio, me indicaban que la Conselleria X ¡°no ha realizado ning¨²n contrato con empresas en las que concurran prohibiciones de contratar¡±, una afirmaci¨®n que, por un lado, ya se le presupone a la Administraci¨®n p¨²blica, y que, por otro lado, no respond¨ªa a mi pregunta.

Si no era cuesti¨®n del territorio de radicaci¨®n sino de la nacionalidad, hab¨ªa que insistir. As¨ª que volv¨ª a registrar otra pregunta a cada uno de los consellers inquiri¨¦ndoles si su departamento hab¨ªa contratado con alguna empresa de las nacionalidades indicadas en la misma lista de centros financieros offshore. Para mi sorpresa, la respuesta de todos los miembros del Gobierno valenciano no s¨®lo volvi¨® a ser un¨¢nime, sino que adem¨¢s era calcada a la anterior.

O sea, da igual que pregunte si la Generalitat Valenciana ha contratado con empresas ¡°radicadas¡± o ¡°nacionales¡± de para¨ªsos fiscales, porque el Consell no me va a responder. Con los para¨ªsos fiscales, ni transparencia ni cumplimiento de la legalidad. Para el Partido Popular, los derechos de un diputado, y por ende de toda la ciudadan¨ªa a la que representa, pesan mucho menos que los privilegios de un evasor fiscal