El Tribunal de Cuentas de Espa?a investiga el sobrecoste de la AP-1

El Tribunal de Cuentas de Espa?a ha abierto una investigaci¨®n en torno a los sobrecostes abonados por la sociedad p¨²blica guipuzcoana Bidegi a los adjudicatarios de las obras de construcci¨®n de la autopista AP-1 (Eibar-Vitoria) durante el anterior Gobierno de la Diputaci¨®n, presidido por el peneuvista Markel Olano. La Unidad de Actuaciones Previas de la Secci¨®n de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha iniciado la investigaci¨®n despu¨¦s de recibir un escrito del fiscal de este ¨®rgano, que observa la posibilidad de que dichas desviaciones presupuestarias "pudieran ser constitutivas de un presunto il¨ªcito contable por alcance".

La instructora ha abierto el procedimiento y ha remitido una comunicaci¨®n a Bidegi en la que le informa de la situaci¨®n y le requiere una serie de documentos sobre la adjudicaci¨®n, las modificaciones del proyecto y la liquidaci¨®n del contrato. Las supuestas irregularidades ya fueron desveladas por el Tribunal Vasco de Cuentas P¨²blicas (TVCP) en su informe de fiscalizaci¨®n de la Diputaci¨®n de Gipuzkoa relativo al ejercicio 2009.

Este informe se?al¨® que un contrato de la AP-1, el del tramo Eskoriatza Norte-Arrasate Norte, adjudicado en 106,6 millones de euros, sufri¨® incrementos, "por aprobaci¨®n de modificados y adjudicaci¨®n de obras complementarias", del 52 % respecto al importe original. Adem¨¢s, el TVCP destac¨® que la liquidaci¨®n de la obra principal, que se aprob¨® en junio de 2011 -justo antes de que los miembros del Gobierno foral del PNV-H1! abandonaran sus cargos tras la victoria electoral de Bildu-, incluy¨® un incremento adicional del 22 % "no amparado en modificaci¨®n contractual alguna".

Las presuntas irregularidades ya fueron detectadas? por el TVCP

Precisamente este ¨²ltimo aspecto, el referido a la liquidaci¨®n con un sobrecoste no justificado, es el que cita la instructora del Tribunal de Cuentas en el escrito remitido a Bidegi, fechado el 16 de noviembre. La infracci¨®n que se investiga consiste en "la ausencia de justificaci¨®n en las cuentas que deben rendir las personas que tienen a su cargo el manejo de caudales o efectos p¨²blicos", seg¨²n explica el propio Tribunal de Cuentas en su p¨¢gina web.

Si la instructora, una vez recabada la documentaci¨®n requerida, observa la posibilidad de que se haya producido el citado "il¨ªcito contable", las actuaciones previas podr¨ªan derivar en la apertura de diligencias y en la celebraci¨®n de un juicio en los ¨®rganos jurisdiccionales del Tribunal de Cuentas.

En el caso de que la sentencia fuera condenatoria, el tribunal se?alar¨ªa en su fallo a los responsables de los sobrecostes injustificados y podr¨ªa establecer la obligatoriedad de reingresar al erario p¨²blico el dinero abonado irregularmente, adem¨¢s de los intereses, seg¨²n fuentes del tribunal.