La Junta abona el 75% de las guardias a los abogados de oficio
La consejer¨ªa de Justicia dice que pagar¨¢ todas las minutas que se generen hasta fin de a?o
La Consejer¨ªa de Justicia e Interior de la Junta ha abonado en lo que va de a?o el 75% de las guardias realizadas por abogados de oficio en el servicio de justicia gratuita. El departamento que dirige Emilio de Llera inform¨® ayer del abono de 6,5 millones de euros, con lo que el importe total pagado hasta el momento a los colegios de abogados por estos gastos asciende a cerca de 30 millones.
En un comunicado, la Junta destac¨® que esa cifra es ¡°m¨¢s de la mitad de lo presupuestado para todo el a?o¡±, y que ¡°desde el pasado mes de julio, la Consejer¨ªa no ha dejado de ir abonando mensualmente diferentes cantidades a estos profesionales por la prestaci¨®n de este servicio¡±. La intenci¨®n de la Consejer¨ªa es que a finales de a?o todas las guardias de justicia gratuita hayan quedado abonadas en su totalidad.
Las deudas a los abogados del turno de oficio provocaron que en 2011 los letrados de Granada secundaran un paro de cuatro horas todos los martes. Esta movilizaci¨®n fue denunciada por la Consejer¨ªa hace un a?o por posible afectaci¨®n a los derechos fundamentales de los detenidos que no contaron con abogado de oficio durante la huelga.
En los presupuestos auton¨®micos para el pr¨®ximo a?o, Justicia ha mantenido una partida de 44 millones de euros para el servicio de justicia gratuita. La Consejer¨ªa destaca su ¡°compromiso¡± con los abogados de oficio frente al Ministerio de Justicia, que destina 34 millones para las cinco comunidades aut¨®nomas que no tienen transferidas las competencias.
Tasazo judicial
La gratuidad de la justicia tambi¨¦n preocupa a la Secretar¨ªa General de Consumo, dependiente de la Consejer¨ªa de Administraci¨®n Local y Relaciones Institucionales, dirigida por Diego Valderas, de IU. Este departamento sostuvo ayer que las tasas para recurrir sentencias implantadas por el Gobierno central suponen un retroceso para los consumidores y usuarios frente a posibles ¡°cobros indebidos¡± de grandes empresas.
La secretar¨ªa general considera que el tasazo va a afectar muy negativamante al sistema arbitral de consumo, ya que a partir de la entrada en vigor de la Ley 10/2012, quienes pretendan ejecutar judicialmente un laudo favorable que la empresa se niega a cumplir ¡°deber¨¢ abonar una tasa m¨ªnima de 200 euros¡±.
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