El coste de la privatizaci¨®n ¡®express¡¯

El conflicto judicial en torno a la privatizaci¨®n de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) ha hecho saltar las alarmas. La judicializada adjudicaci¨®n a Acciona de la empresa no solo condiciona la posibilidad de que la Generalitat se acerque al objetivo de d¨¦ficit de 2012, necesitada de recursos como nunca antes. Tambi¨¦n ha da?ado la imagen de la Administraci¨®n catalana, amenazada por demandas por da?os y perjuicios tanto por la ¡ªde momento¡ª compa?¨ªa vencedora como por la derrotada Agbar. Pero, sobre todo, ha lanzado una sombra de duda sobre los procedimientos privatizadores iniciados en 2012 para hacer caja con la que rebajar el d¨¦ficit.

La venta de ATLL y la de los t¨²neles del Tibidabo y del Cad¨ª ha reportado, de momento, a la Administraci¨®n catalana unos ingresos de 610 millones de euros, que computan en el ejercicio de 2012; de ah¨ª la necesidad y las prisas de cerrar las dos operaciones de venta antes de acabar el pasado a?o para que estos ingresos computaran en aquel ejercicio econ¨®mico y redujeran el d¨¦ficit.

La mayor¨ªa de los expertos consultados por este diario consideran el problema creado en torno a la concesi¨®n de ATLL a Acciona, anulada por una resoluci¨®n del ?rgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARCC) de la Generalitat y que ha sido recurrida por la propia Administraci¨®n, como una muestra de que el proceso se ha realizado con excesivas prisas por las necesidades financieras y sin tener en cuenta los problemas que podr¨ªan conllevar en un futuro contratos a muy largo plazo. ¡°Cuando se hacen a toda prisa, las privatizaciones no se hacen suficientemente bien y las compa?¨ªas se benefician¡±, explica Carles Rami¨®, catedr¨¢tico de Ciencia Pol¨ªtica y responsable del grupo de investigaci¨®n sobre Gesti¨®n P¨²blica de la universidad Pompeu Fabra. En su opini¨®n, esas decisiones llevan aparejado ¡°problemas ¨¦ticos y morales, porque son contratos de centenares de millones de euros y a futuro pueden aparecer sospechas de corrupci¨®n o problemas con la ejecuci¨®n de los contratos¡±.

Una posici¨®n similar asume Ferran Brunet, profesor de Econom¨ªa Aplicada de la universidad Aut¨°noma de Barcelona. A su parecer, ¡°la historia absolutamente rocambolesca¡± de ATLL ha mermado ¡°la confianza en las instituciones¡±. En su opini¨®n, procesos como los de la empresa p¨²blica encargada de la gesti¨®n y saneamiento del agua en alta, un servicio esencial, se tendr¨ªa que haber realizado mediante un ¡°proceso de consensos, con lentitud y transparencia¡± y asegurando "un contexto de seguridad jur¨ªdica¡±.

Otras fuentes aseguran que justamente, esas bases garantistas han sido posibles gracias a la existencia del OARCC, si bien su resoluci¨®n fue posterior a la firma del contrato, provocando un galimat¨ªas de final incierto. El OARCC fue creado hace dos a?os, a la sombra del entonces secretario del Gobierno y hoy consejero de Justicia, Germ¨¤ Gord¨®, y a instancias de la Uni¨®n Europea, justamente para asegurar que los litigios por la adjudicaci¨®n de contratos administrativos se pudieran lidiar de forma veloz y evitando los tribunales. No ha sido, no obstante, este el caso. Agbar intenta en el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) la revocaci¨®n inmediata de la adjudicaci¨®n de ATLL a Acciona mientras que la Generalitat ha recurrido el recurso de su propio organismo, el OARCC.

Joaquim Triad¨², profesor de IESE y abogado de PWC, es de los que consideran que el proceso ha durado lo justo, si bien en la situaci¨®n de riesgo-pa¨ªs de Espa?a, conseguir inversiones internacionales era dif¨ªcil, como se ha demostrado con la ausencia de los grandes fondos internacionales. Tanto en el caso de ATLL como en el de la privatizaci¨®n de Tabasa y Cad¨ª, con la cesi¨®n de la explotaci¨®n de los t¨²neles del Cad¨ª y de Vallvidrera a Abertis, el proceso se prolong¨® durante medio a?o.

?Los procesos de privatizaci¨®n de los t¨²neles y de la compa?¨ªa de aguas tuvieron que modificar las condiciones iniciales para dar m¨¢s facilidades a las empresas interesadas. En el caso de los t¨²neles de la Generalitat, el concurso qued¨® inicialmente desierto por falta de ofertas y solo en un procedimiento negociado que se prolong¨® un mes se adjudic¨® a Abertis, el grupo crecido a la sombra de La Caixa. Abertis pagar¨¢ 430 millones de euros por la concesi¨®n de las v¨ªas, pero con plazos m¨¢s flexibles.

La rapidez en el proceso, la crisis econ¨®mica y la acuciante necesidad de las arcas de la Generalitat de conseguir recursos antes del cierre del ejercicio 2012 han contado con un vencedor claro: las compa?¨ªas adjudicatarias, y entre ellas, una especialmente, el banco brasile?o BTG Pactual, socio financiero de las dos alianzas empresariales vencedoras.

La Generalitat inicia la externalizaci¨®n del Centro de Telecomunicaciones

¡°La situaci¨®n ha provocado poca concurrencia y, de hecho, que las tres empresas [Acciona, Agbar y Abertis] que han participado en ambos concursos sean espa?olas¡±, se?ala Triad¨². Y, claro, a menos competencia, menor previsi¨®n de ingresos. Las compa?¨ªas ten¨ªan unos problemas de partida que obligaron a la Generalitat a rebajar un precio que en otro momento podr¨ªa haber sido superior. Seg¨²n las fuentes consultadas, estos problemas fueron las dificultades de encontrar recursos en el mercado con los que financiar la operaci¨®n por la crisis. Este ¨²ltimo factor es relevante en el caso de Tabasa y Cad¨ª, que han sido vendidas en su peor momento a causa de la ca¨ªda del tr¨¢fico, si bien la duraci¨®n de la concesi¨®n, 25 a?os en este caso, deber¨ªa resolver ese problema. ¡°Las empresas saben perfectamente cu¨¢ndo la Administraci¨®n est¨¢ en situaci¨®n de ahogo y, adem¨¢s, los precios que cobran los bancos por sus pr¨¦stamos acaban siendo tenidos en cuenta en el precio de venta¡±, subraya Triad¨².

La mayor¨ªa de los expertos consultados no cuestionan la privatizaci¨®n de un servicio esencial como el saneamiento del agua. Consideran que es un proceso de externalizaci¨®n que se est¨¢ llevando a cabo con cierto ¨¦xito. La cuesti¨®n es si, en tiempos de crisis, ese proceso debe suponer un incremento del precio p¨²blico del agua, en parte porque la compa?¨ªa que la va explotar argumenta su inter¨¦s en el negocio por un beneficio econ¨®mico que en el caso de la Administraci¨®n no existe.

Acciona aseguraba unas tarifas m¨¢s econ¨®micas que, en el caso de que Agbar se acabara quedando cone el concurso, pueden subir el 8,5% m¨¢s, seg¨²n fuentes del sector. ?C¨®mo pod¨ªa Acciona, que no puede conseguir las econom¨ªas de escala y sinergias que s¨ª est¨¢n al alcance de Agbar ¡ªcon mucha presencia en el ¨¢rea metropolitana de Barcelona¡ª, asegurar un agua m¨¢s barata? Sigue siendo una inc¨®gnita y Agbar sostiene que la oferta de Acciona es inviable econ¨®micamente.

Otra pregunta la arroja Agust¨ª Colom, profesor de Teor¨ªa Econ¨®mica de la universidad de Barcelona. ¡°?Por qu¨¦ se privatizan negocios rentables para la Generalitat y, a la vez, la Administraci¨®n se queda pistas de esqu¨ª, que no lo son?¡± A lo que responde con una afirmaci¨®n que se ha situado como m¨¢xima de la izquierda: ¡°Socializar p¨¦rdidas y privatizar beneficios¡±. En el caso de Tabasa, sus beneficios serv¨ªan para invertir en nuevos modelos de movilidad, como los carriles de alta ocupaci¨®n o la construcci¨®n del t¨²nel de maniobra de la estaci¨®n de Ferrocarriles de la Generalitat en la plaza de Catalunya.

¡°La cuesti¨®n es no dar el poder a los otros¡±, subraya Rami¨®, muy cr¨ªtico con el proceso de externalizaci¨®n que el Gobierno catal¨¢n tambi¨¦n ha emprendido en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnolog¨ªas de la Informaci¨®n, y que supone la cesi¨®n de las redes por las que fluye toda la informaci¨®n de la Generalitat. ¡°Ese es el sistema nervioso de la Administraci¨®n y por donde una empresa te puede condicionar o coaccionar¡±, denuncia Rami¨®.