Imputados otros cinco ex altos cargos de Sant Pau por ¡°contratos ficticios¡±

La investigaci¨®n sobre las irregularidades cometidas en la gesti¨®n del hospital de Sant Pau toma forma. Diez meses despu¨¦s de que la radi¨®loga Carmen P¨¦rez denunciara el caso, el juez ha imputado a seis personas m¨¢s por pagos indebidos; la mayor¨ªa de ellos, ex altos cargos del centro. Tres de los nuevos imputados son los beneficiarios de las cantidades abonadas por tareas que, presuntamente, no realizaron: el ex gerente adjunto Ricard Guti¨¦rrez; el expatrono Jos¨¦ Ignacio Cuervo y la facultativa Merc¨¨ Cruells. El resto de imputados ¡ªuno de ellos ya hab¨ªa sido citado a declarar¡ª son los responsables del hospital que firmaron aquellos contratos.

En un auto al que ha tenido acceso este diario, el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 22 de Barcelona, Juan Emilio Vil¨¢ Mayo, se?ala que baraja dos ¡°hip¨®tesis¡± sobre el caso. Una, que ¡°la contraprestaci¨®n laboral existiera¡± realmente. La otra, que no. En este ¨²ltimo caso, se tratar¨ªa de ¡°contratos ficticios¡± que supusieron ¡°un lucro indebido¡± para los implicados y un perjuicio econ¨®mico considerable para los fondos del Sant Pau, como denuncia la Asociaci¨®n Profesional de Enfermer¨ªa (API). El juez ve necesario verificar si esos trabajos se realizaron o no y, dado que se trata de dinero p¨²blico, se?ala que los exresponsables del hospital pudieron haber cometido un delito de malversaci¨®n de fondos.

El caso m¨¢s notorio es el de Ricard Guti¨¦rrez. Apenas trabaj¨® tres a?os en el hospital (de 2001 a 2004) y sin embargo sigui¨® cobrando su sueldo ¨ªntegro durante los siete a?os siguientes: 140.000 euros. Por si fuera poco, al ser formalmente despedido ¡ªlo que ocurri¨® hace apenas dos a?os por las presiones de los trabajadores¡ª percibi¨® una indemnizaci¨®n cercana de 158.000 euros. Guti¨¦rrez, en la ¨®rbita del PSC, ha ocupado diversos cargos directivos en el ¨¢mbito sanitario.

En el frente de los beneficiarios se sit¨²an otras dos personas. Cuervo, expatrono del hospital de Sant Pau, percibi¨® distintas remuneraciones pese a que la ley catalana de fundaciones le prohib¨ªa hacerlo.

Cruells tambi¨¦n recibi¨® pagos irregulares, seg¨²n la denuncia. La mujer hab¨ªa sido directora de Atenci¨®n Ciudadana del Departamento de Salud en la ¨¦poca de la socialista Marina Geli y fue contratada como ¡°facultativo colaborador¡± con un salario ¡°superior¡± al que le correspond¨ªa. Seg¨²n los denunciantes, no desempe?¨® sus funciones y estuvo ubicada en el Departamento de Comunicaci¨®n.

?El juez tambi¨¦n ha comunicado su condici¨®n de imputados ¡ªaunque no les ha citado, por ahora, a declarar¡ª a las tres personas que firmaron esos contratos ficticios. Uno de ellos es el exgerente Joaquim Esperalba, que trajo a Ricard Guti¨¦rrez al Sant Pau y se march¨® con ¨¦l en 2004.

Jordi Varela, que fue gerente desde 2007 hasta su destituci¨®n en 2012, ya hab¨ªa sido imputado por malversaci¨®n y, de hecho, prest¨® declaraci¨®n ante el juez. El exgerente justific¨® las retribuciones de los antiguos directivos y patronos. En el caso de Guti¨¦rrez, dijo que percibi¨® un sueldo por un proyecto con la Fundaci¨®n Doctor Robert para desarrollar una c¨¢tedra sobre gesti¨®n sanitaria. El proyecto fue ¡°muy provechoso para el hospital¡±. Sobre Cuervo ¡ªque hab¨ªa sido delegado del Gobierno catal¨¢n en Madrid¡ª a?adi¨® que le contrat¨® seis meses para impulsar un trabajo sobre sanidad.

La investigaci¨®n judicial no se limita a los cobros de los directivos y abarca a las suministradoras de material y al sobrecoste de las obras

Varela fue destituido de su cargo en marzo del a?o pasado, cuando la Generalitat detect¨® un agujero de 30 millones en las cuentas del Sant Pau. Antes de ¨¦l hab¨ªan declarado ante el juez dos de los m¨¢ximos responsables del hospital: Albert Folia, expresidente de una de las tres fundaciones que integran el Sant Pau (la de ¡°gesti¨®n¡± sanitaria) y Josep Llu¨ªs Alay, administrador de turno de la fundaci¨®n ¡°patrimonial¡±. Ambos negaron cualquier de responsabilidad en los sobresueldos e indemnizaciones. El ¨²ltimo de los nuevos imputados es el exresponsable de recursos humanos, Felipe Carbajo.

La estructura jur¨ªdica del Sant Pau es, seg¨²n la API ¡ªque ejerce la acusaci¨®n popular¡ª el pecado original de las irregularidades. El complejo organigrama ha permitido que la ¡°gestora¡± tenga n¨²meros rojos mientras la ¡°patrimonial¡± acumula beneficios. El pasado mayo, el juez encarg¨® una auditor¨ªa sobre las fundaciones, en las que est¨¢n representadas la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Iglesia.

La causa judicial no se limita a los cobros de directivos. El juez investiga tambi¨¦n los contratos por 5,1 millones con la multinacional Philips para amueblar el hospital, as¨ª como los sobrecostes en la construcci¨®n del nuevo Sant Pau. El centro, inaugurado en 2009, acumul¨® una desviaci¨®n presupuestaria de 77 millones ¡ªdesde los 216 previstos hasta 293 millones¡ª tras una serie de modificaciones, errores y retrasos, seg¨²n la ampliaci¨®n de la denuncia. En el escrito de la API, el abogado Vicente L¨®pez Mourelo detalla que dos de las fases de construcci¨®n ¡°no fueron sometidas a licitaci¨®n y se adjudicaron directamente a la UTE que realiz¨® las obras¡±.

En relaci¨®n con este asunto, el juez ha dictado otro auto en el que exige a los responsables del hospital que aporten los libros diarios de contabilidad y los registros desde el a?o 2000, precisamente ¡°para atender al ¨¢mbito de la adjudicaci¨®n y construcci¨®n del nuevo hospital¡±. La resoluci¨®n tambi¨¦n habilita a los peritos judiciales para que soliciten informaci¨®n a la Agencia Tributaria sobre la contabilidad de las fundaciones. El magistrado acuerda la medida porque, aunque puede afectar al derecho a la intimidad de los implicados, permite avanzar en la investigaci¨®n, lo cual ¡°es necesario en una sociedad democr¨¢tica¡±.