Jerez no acredita la objetividad del despido de 260 empleados municipales

El gobierno municipal de Jerez, capitaneado por la alcaldesa Mar¨ªa Jos¨¦ Garc¨ªa Pelayo (PP), no ha podido justificar ante un tribunal que los 260 despidos que ejecut¨® el pasado mes de septiembre fueran objetivos, como se requiere en una administraci¨®n p¨²blica. En el juicio celebrado ayer en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) en Sevilla qued¨® demostrado que no existi¨® ning¨²n documento escrito o baremaci¨®n que determinara el personal afectado por la regulaci¨®n de empleo.

El abogado del Consistorio achac¨® esta ausencia de informes objetivos a que ¡°ning¨²n delegado municipal o t¨¦cnico quer¨ªa firmar¡± una selecci¨®n de afectados ¡°para no ser se?alado¡±. ¡°Hubo mucha presi¨®n medi¨¢tica, tensi¨®n, insultos y hasta amenazas de muerte¡±, argument¨® la defensa.

Una vez admitido que no hubo baremaci¨®n ?qui¨¦n decidi¨® qu¨¦ empleados perder¨ªan sus puestos de trabajo? El letrado del Ayuntamiento explic¨® ante la juez Eva Mar¨ªa G¨®mez que fueron ¡°los delegados municipales los que adoptaron la decisi¨®n por conocimiento propio, por observaci¨®n o indagaci¨®n, por consulta con otros delegados, con la propia alcaldesa y, finalmente, mediante contactos formales e informales con t¨¦cnicos municipales¡±.

Hasta seis directores o coordinadores de ¨¢rea negaron en el juicio que fueran consultados sobre los contratos a extinguir. Seg¨²n sus testimonios, ni hubo reuniones, ni informes verbales, ni les preguntaron.

Los directores de las delegaciones de Urbanismo y Medio Ambiente reconocieron haber mantenido conversaciones con los responsables pol¨ªticos de sus ¨¢reas para determinar ¡°qu¨¦ personal era m¨¢s eficiente¡±. Sin embargo, ambos admitieron que en esas reuniones no se determinaba ¡°ni la cualificaci¨®n profesional ni la formaci¨®n de los empleados¡±. Este aspecto s¨ª deber¨ªa haber sido elemento de valoraci¨®n.

El propio delegado municipal de Impulso Econ¨®mico, Francisco C¨¢liz, reconoci¨® en su declaraci¨®n que ¨¦l mismo elabor¨® un listado de ¡°imprescindibles¡±. Preguntado sobre si conoc¨ªa los criterios para seleccionar el personal afectado, reconoci¨® que s¨®lo sab¨ªa ¡°algunos¡± y cit¨® dos: ¡°conocimiento y antig¨¹edad¡±. Este ¨²ltimo criterio hab¨ªa sido descartado por el propio gobierno.

Las cinco secciones sindicales que demandaron al Ayuntamiento por supuestas ¡°irregularidades¡± en la tramitaci¨®n del ERE pidieron la nulidad del expediente al entender que fue ¡°subjetivo y arbitrario¡±. ¡° Fue una caza de brujas¡±, remach¨® la representaci¨®n legal de los trabajadores.

Para el Ayuntamiento, en cambio, ¡°no hubo criterios discriminatorios, arbitrariedad y, mucho menos, persecuci¨®n pol¨ªtica y sindical¡±. En la vista, todos los t¨¦cnicos que declararon como testigos negaron que los delegados municipales les preguntaran sobre la filiaci¨®n pol¨ªtica o sindical de la plantilla.

La situaci¨®n financiera municipal centr¨® parte de la sesi¨®n. Los trabajadores sostienen que la causa econ¨®mica no est¨¢ justificada porque el ¨²ltimo resultado presupuestario ajustado conocido (2011) arroj¨® un super¨¢vit de 3,1 millones de euros. El Ayuntamiento contrapuso a este argumento que ten¨ªa un remanente negativo de tesorer¨ªa de 422 millones de euros y era incapaz de atender sus obligaciones m¨¢s b¨¢sicas.