El PP moviliza al Gobierno para denunciar al Ayuntamiento de Ourense

El PP ourensano sirve la venganza en plato fr¨ªo. Tras lustros de constantes denuncias sobre los enchufes de Baltar y con el cacique desfilando ante el juez, el PP llevar¨¢ a los tribunales contrataciones ilegales en el Ayuntamiento de Ourense, gobernado por el PSdeG. Y lo har¨¢ con dos frentes. El Gobierno central impugnar¨¢ ante el juzgado contencioso-administrativo ocho contratos presuntamente ilegales y el PP de Baltar denunciar¨¢ a los socialistas por prevaricaci¨®n continuada.

?El delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Ju¨¢rez, ha ordenado impugnar ante el juez cuatro decretos del Ayuntamiento ourensano que permitieron contratar temporalmente a ocho personas en febrero, junio y julio de 2012. Ju¨¢rez formaliza la impugnaci¨®n tras un informe de la Abogac¨ªa del Estado que certifica el incumplimiento de la ley. El documento explica que esas contrataciones vulneran el Real Decreto de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la correcci¨®n del d¨¦ficit p¨²blico, que prohibi¨® realizar contrataciones sin una justificaci¨®n de urgencia. El abogado del Estado tambi¨¦n refleja una actitud de ¡°desviaci¨®n de poder¡± por parte del organismo local.

Y ojo por ojo, diente por diente. El PP baltarista denunciar¨¢ a los responsables de los contratos por prevaricaci¨®n continuada. El n¨²mero dos de Baltar hijo, Rosendo Fern¨¢ndez, explica que aunque es ¡°al¨¦rgico a acudir a los tribunales¡±, no le ha quedado ¡°m¨¢s remedio ante tantas insumisiones y vulneraciones de las leyes¡±. ¡°No se justific¨® su urgencia¡±, alega. El PP tambi¨¦n ha exigido al alcalde ourensano, Agust¨ªn Fern¨¢ndez, el cese de la edil no electa responsable de Personal, Carmen Rodr¨ªguez Dacosta. Cuando se formalizaron estas contrataciones, Fern¨¢ndez todav¨ªa ejerc¨ªa como concejal de Econom¨ªa y Hacienda. Tras la detenci¨®n del exregidor Francisco Rodr¨ªguez, ascendi¨® a la alcald¨ªa.

El Ayuntamiento defiende la ¡°absoluta legalidad¡± de estos contratos. La edil de Personal explica que ¡°permitieron garantizar la prestaci¨®n de servicios esenciales para los ciudadanos¡± como ¡°la apertura de colegios y otros servicios¡±. La instituci¨®n asegura que no tiene notificaci¨®n sobre las denuncias, pero matiza que si los contratos llegan a los tribunales ¡°aprovechar¨¢ esa magn¨ªfica ocasi¨®n para defender el car¨¢cter esencial de estas actividades¡±. La concejal explica que ¡°cuando los ni?os bajan cada ma?ana del transporte escolar frente a sus colegios, las puertas deben estar abiertas para que puedan entrar en las aulas y para evitar cualquier riesgo¡±. El gobierno local justifica que, por ejemplo, los conserjes contratados fueron imprescindibles para ¡°garantizar la integridad¡± de los ni?os en las guarder¨ªas de cinco centros c¨ªvicos municipales.

Los cuatro decretos que ser¨¢n impugnados sirvieron para colocar a cuatro conserjes, un ingeniero t¨¦cnico y tres operarios de cementerios. Sin embargo, ninguno fue destinado a centros escolares, ya que los puestos fueron solicitados por las concejal¨ªas de Cultura y Servicios Sociales. El Ayuntamiento, emulando el ¨¦xtasis enchufador del baltarismo, contrat¨® entre febrero y noviembre del pasado a?o a 22 conserjes y porteros, que reparti¨® por diferentes edificios municipales. Los servicios jur¨ªdicos del PP todav¨ªa estudian el alcance de la querella por prevaricaci¨®n continuada, ya que los decretos est¨¢n firmados por la concejala no electa. Todos salvo uno, que lleva la r¨²brica del exalcalde, en libertad bajo fianza tras ser imputado en la operaci¨®n Pokemon por e cohecho y prevaricaci¨®n. El PP sospecha que las contrataciones tienen reparos de la intervenci¨®n municipal, por eso han solicitado todos los documentos del caso.