¡°Nos dejan en la calle como perros¡±

"Yo me jubilar¨ªa aqu¨ª, pero no me dejan", se lamenta Carlos con media sonrisa en la cara. ?l es uno de los 55 residentes del centro de mayores de Cepres en El Escorial. El 15 de marzo se proceder¨¢ al desahucio de esta residencia por la cantidad de impagos que acumula la empresa propietaria. Tiene muchos frentes abiertos: debe dinero a proveedores, empleados, el due?o del edificio e incluso a la Seguridad Social, a la que adeuda 12.136 euros, seg¨²n datos del Registro Mercantil. Esta compa?¨ªa tiene 14 causas judiciales abiertas por este mismo motivo desde 2010 por las que se le reclama un total de 242.715 euros.

En esa misma situaci¨®n se encuentra otro centro que pose¨ªa esta empresa en Zarzalejo, en la que viv¨ªan 40 ancianos. Ambas fueron adquiridas a finales del a?o pasado por otra compa?¨ªa, seg¨²n ha confirmado una fuente cercana al proceso. Algunos recibos de enero llegaron a los familiares provenientes de Sevenia Gestores y la plantilla cobr¨® una de sus ¨²ltimas n¨®minas de esta empresa. En el Bolet¨ªn Oficial del Registro Mercantil consta que la actividad de esta compa?¨ªa est¨¢ relacionada con los bienes inmuebles. Este diario ha intentado ponerse en contacto en repetidas ocasiones con los representantes de ambas compa?¨ªas, pero ninguno de ellos ha querido hablar.

Una historia extra?amente parecida se repite en otra residencia, en Oca?a (Toledo). El personal asegura que Sevenia adquiri¨® en enero este centro cuando estaba en una situaci¨®n similar. "Nos deben tres meses y medio de sueldo y creemos que va a cerrar en breve", asegura una empleada que no quiere dar su nombre. El personal de ese centro lleg¨® a encerrarse durante 24 horas para protestar.

"Mi madre llevaba m¨¢s de nueve a?os aqu¨ª y ahora nos dejan tirados en la calle como perros sin explicaciones", se queja muy enfadada Mar¨ªa Angeles, una de las familiares. "Le cost¨® mucho adaptarse. Est¨¢ muy delicada y ahora cambiarla de sitio puede ser para ella la puntilla", a?ade. Ella asegura que estuvo pidiendo durante m¨¢s de dos meses una reuni¨®n con los antiguos propietarios. Un encuentro que nunca lleg¨®. "Yo habl¨¦ con la directora y me dijo que no sab¨ªa nada. A m¨ª hay cosas que no me cuadran", cuenta Luis Miguel Pastor, otro familiar.

Los 29 empleados de El Escorial cuentan la misma historia. Nadie les ha comunicado nada, no sabr¨ªan el futuro de la empresa si no fuera por la carta que lleg¨® en enero a los parientes de los residentes: "El pr¨®ximo d¨ªa 15 de marzo tendr¨¢ lugar el lanzamiento del edificio en el cu¨¢l reside", les comunicaba el administrador judicial impuesto por el juez a la empresa. Lo que se traduce en el cese de la actividad que se lleva a cabo en el inmueble y el desalojo.

"No sabemos si nos van a echar ni si vamos a tener paro", reconoce una empleada que tampoco quiere decir su nombre por miedo a represalias. "Queremos que el juez investigue qu¨¦ ha pasado con ese dinero si los residentes han pagado puntualmente". Los familiares consultados por este peri¨®dico explican que cada mes pagaban entre 1.600 y 1.800 euros, en funci¨®n del grado de dependencia.

Este desahucio se ha aplazado en dos ocasiones. La primera se iba a llevar a cabo en septiembre y la segunda en noviembre. Fue uno de los acreedores el que decidi¨® demorar el desalojo por las negociaciones con los anteriores propietarios de la empresa, detallan fuentes del proceso.

"Qu¨¦dense en buenas manos", reza el cartel de bienvenida al centro de El Escorial. Lo que no saben los residentes y los trabajadores es en qu¨¦ manos est¨¢n y qu¨¦ es lo que va a pasar con ellos.