Botella presiona a Montoro para eliminar el impuesto de plusval¨ªa a desahuciados

La Ley Hipotecaria no s¨®lo es injusta, tal y como determin¨® la semana pasada el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea. Adem¨¢s, somete a aberraciones poco comprensibles a las familias a las que se despoja de su hogar por el impago del pr¨¦stamo bancario. La legislaci¨®n tributaria considera que el traspaso forzado de la vivienda, que queda en manos de la entidad financiera, obliga a la familia a pagar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, tambi¨¦n conocido como de plusval¨ªa.

Este tributo responde al incremento de valor que ha sufrido el inmueble desde que su propietario lo compr¨®; debe abonarlo ¨¦ste, pues, al venderlo. Excepto en caso de herencia o donaci¨®n, en cuyo caso lo paga el receptor. En los desahucios, lo satisface el propietario que pierde la vivienda. Ese dinero lo recibe el Ayuntamiento; en la capital, supone unos ingresos de 416 millones en 2013, casi uno de cada diez euros que entran en las arcas municipales.

El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Ana Botella (Partido Popular), ve "chocante" esta normativa, "trat¨¢ndose de un asunto tan sensible", y considera que "viene a agravar a¨²n m¨¢s la delicada situaci¨®n de las familias que sufren este penoso trance". "No es razonable", sostiene el ¨¢rea municipal de Hacienda, que dirige Concepci¨®n Dancausa. Cree que debe acometerse un cambio normativo "sin demora", pero carece de "autonom¨ªa o capacidad" para llevarlo a cabo. Por ello, "va a instar e impulsar ante el Estado una nueva modificaci¨®n de la Ley de Haciendas Locales para que las personas desahuciadas de su vivienda habitual no tributen por este impuesto".

Si la iniciativa partiera de otro Ayuntamiento y en otras circunstancias, parecer¨ªa m¨¢s bien un brindis al sol. Sin embargo, Madrid no s¨®lo es el municipio m¨¢s poblado (3,3 millones de habitantes), y por tanto uno de los m¨¢s afectados por estas situaciones. Su alcaldesa adem¨¢s mantiene una estrecha coordinaci¨®n con el Ministerio de Hacienda, lo que, unido a la presencia en el Gobierno de antiguos responsables econ¨®micos del Ayuntamiento, ha permitido sacar adelante otras medidas en la l¨ªnea de las propuestas de la capital. En este caso en concreto, fuentes cercanas a Botella se muestran muy optimistas. La cifra anual de desahucios en la capital es complicada de fijar, puesto que los datos judiciales se conocen con varios meses de retraso y no afinan demasiado geogr¨¢ficamente. Sin embargo, el Ayuntamiento cifra en hasta 7.199 las ejecuciones durante 2012, a partir de la intenci¨®n en todas ellas de la Polic¨ªa Municipal como cuerpo policial de apoyo. Esta cifra no es tampoco exacta, puesto que los agentes contabilizan sus actuaciones, no los desalojos efectivos, de forma que aparecen como tales tambi¨¦n aquellas frustradas por cualquier circunstancia.

El Pleno municipal ya aprob¨® en diciembre de 2011, con Alberto Ruiz-Gallard¨®n a¨²n como alcalde, una proposici¨®n un¨¢nime para instar al Gobierno a introducir este cambio, a instancias de Izquierda Unida. Entonces, Mariano Rajoy (Partido Popular) acababa de sustituir al socialista Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero al frente del Ejecutivo. Recogi¨® la propuesta en el decreto ley de marzo de 2012 de medidas urgentes de protecci¨®n de deudores hipotecarios sin recursos, un remiendo r¨¢pido de la norma hipotecaria aprobado ante la alarma social provocada por los desahucios. Pero la circunscribi¨® a supuestos muy restrictivos, en concreto a familias en riesgo de exclusi¨®n por falta de recursos. La intenci¨®n del Ayuntamiento ahora es ampliar esa protecci¨®n a todos los casos. La propuesta de Botella no elimina el tributo, sino que demora su pago hasta la siguiente transmisi¨®n. Es decir, no lo tendr¨¢ que pagar la familia desahuciada, pero tampoco al banco. O no al menos en el momento de la ejecuci¨®n.

Lo har¨¢ cuando venda la casa, calcul¨¢ndose a partir del incremento de valor hasta ese momento. Eso permite no cargar tampoco las tintas sobre las entidades financieras, muchas de las cuales ya han tenido que ser rescatadas con dinero de todos los ciudadanos. El Ayuntamiento "intentar¨¢ que la propuesta tenga efectos retroactivos para que se puedan beneficiar de ella las personas desahuciadas en los ¨²ltimos meses tambi¨¦n". La incidencia de la medida "ser¨¢ pr¨¢cticamente inapreciable" para las arcas municipales, puesto que las probabilidades de cobrar el tributo a las familias desahuciadas "es pr¨¢cticamente inexistente".

Si de esta manera logra ingresos extraordinarios, aunque sea dentro de a?os, gracias a la capacidad financiera de los bancos, miel sobre hojuelas. El Gobierno municipal quiere solucionar tambi¨¦n otro problema tributario provocado por los desahucios. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se gestiona a partir del padr¨®n, que depende de la Direcci¨®n General del Catastro. As¨ª, el Ayuntamiento recibe la informaci¨®n del cambio de titularidad de la vivienda por desahucio o bien a trav¨¦s de la entidad financiera o bien de la familia afectada. Si ni uno (por inter¨¦s o incompetencia) ni el otro (por el drama de su situaci¨®n) lo hace, los recibos se siguen cobrando al anterior propietario.

Para evitarlo, el ¨¢rea de Hacienda esta negociando con el Estado una f¨®rmula que le permita "disponer de manera lo m¨¢s r¨¢pida posible" de esta informaci¨®n. Al frente de la Direcci¨®n General del Catastro estuvo de enero a octubre de 2012 Rosana Navarro, antes responsable de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento y ahora secretaria general de Coordinaci¨®n Auton¨®mica y Local.