El TSJA tumba el ERE de Jerez por la selecci¨®n arbitraria de los despedidos
El gobierno del PP tendr¨¢ que readmitir o indemnizar con 45 d¨ªas por a?o a los 260 despedidos
El Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) ha revocado el Expediente de Regulaci¨®n de Empleo (ERE) ejecutado en septiembre en el Ayuntamiento de Jerez. En la sentencia, la sala de lo Social del alto tribunal andaluz concluye que los 260 despidos aprobados por el gobierno municipal (PP) ¡°no se ajustan a derecho¡±.
La magistrada da dos opciones al Consistorio: readmitir a los trabajadores municipales ¡°en las mismas condiciones laborales¡± que ten¨ªan y ¡°abonar los salarios atrasados desde el despido hasta la fecha de la resoluci¨®n¡±; o indemnizar a los afectados con 45 d¨ªas por a?o trabajado con un m¨¢ximo de 42 mensualidades.
La juez Ana Mar¨ªa Orellana confirma lo que ya advirti¨® por escrito la Inspecci¨®n de Trabajo antes de que se formalizaran los despidos: la selecci¨®n de los trabajadores afectados fue subjetiva. La juez es clara en la exposici¨®n. ¡°En la aplicaci¨®n de los criterios se ha incurrido en arbitrariedad, lo que adquiere mayor gravedad dada la condici¨®n de Administraci¨®n p¨²blica. En la aplicaci¨®n del criterio de evaluaci¨®n continua se ha incurrido en una absoluta arbitrariedad¡±, remacha Orellana en la sentencia.
Los datos del despido colectivo
- El Ayuntamiento de Jerez, gobernado por la popular Mar¨ªa Jos¨¦ Garc¨ªa Pelayo, anuncia el 30 de marzo de 2012 un Expediente de Regulaci¨®n de Empleo (ERE) para 300 trabajadores
- El gobierno municipal publica el 20 de julio de 2012 el listado de afectados sin explicar los criterios de selecci¨®n del personal iba a ser despedido
- El Consistorio ejecuta el despido de 260 empleados el 12 de septiembre de 2012 para ahorrar 13,2 millones de euros en el gasto de n¨®minas
- La Administraci¨®n jerezana cuenta con 1.700 empleados (despu¨¦s del ERE) y una deuda que asciende a los 1.000 millones de euros.
- El ERE de la plantilla municipal de Jerez se incluye en un plan de ajuste solicitado por el Ministerio de Hacienda para habilitar un pr¨¦stamo del Instituto de Cr¨¦dito Oficial (ICO) de 328 millones de euros para el plan de pago a proveedores
La resoluci¨®n recoge que el gobierno del PP elabor¨® la lista de empleados afectados por el ERE ¡°sin pedir el curr¨ªculum, sin valorar el tiempo de prestaci¨®n del servicio y sin evaluar la formaci¨®n acad¨¦mica espec¨ªfica para desempe?ar el puesto de trabajo¡±. A?ade que ¡°la valoraci¨®n fue subjetiva, carente de la aplicaci¨®n de cualquier par¨¢metro objetivo, sin tener en cuenta ni la competencia t¨¦cnica, ni la formaci¨®n, ni la experiencia, ni la polivalencia¡± de la plantilla. El TSJA resuelve que tampoco hubo ¡°buena fe¡± en el periodo de consultas.
?Por qu¨¦ no se atiende entonces la petici¨®n de nulidad total del ERE formulada por los sindicatos? El TSJA entiende que ¡°se ha dado cumplimiento formal a lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores¡±. Es decir, la sala no cuestiona el ERE, sino la subjetividad en su aplicaci¨®n.
Una vez conocida la sentencia y sin admitir un solo fallo en la tramitaci¨®n de los despidos, el portavoz del gobierno, Antonio Salda?a, anuncia que el ERE ¡°es necesario¡± y ¡°seguir¨¢ adelante¡±. En los pr¨®ximos d¨ªas el Ayuntamiento pedir¨¢ a la sala que aclare si la revocaci¨®n afecta tambi¨¦n a los 125 contratos extinguidos por edad, para, entonces, determinar si es m¨¢s factible la readmisi¨®n o el pago de una indemnizaci¨®n que, seg¨²n el Consistorio, ¡°se rentabiliza en poco tiempo¡±.
La sentencia se conoce en un momento muy delicado para el Ayuntamiento de Jerez por los m¨²ltiples conflictos que tiene abiertos (huelga en el mantenimiento del alumbrado y en la televisi¨®n municipal o nuevos retrasos en las n¨®minas).
El ERE de Jerez fue pol¨¦mico desde que se anunci¨®. El gobierno municipal gast¨® cerca de 60.000 en la contrataci¨®n de la consultora Deloitte para tramitar despidos de manera ¡°m¨¢s objetiva¡±, pero finalmente fue el gobierno el que confeccion¨® el listado de despedidos sin hacer una baremaci¨®n escrita ¡°por la tensi¨®n y la presi¨®n medi¨¢tica¡±. En el juicio celebrado en Sevilla en marzo, el gobierno municipal no pudo demostrar que la extinci¨®n de los 260 contratos fuera objetiva.
Miembros del gobierno reconocieron en sala que hab¨ªan seleccionado a parte del personal afectado ¡°por ser m¨¢s quejica o problem¨¢tico, seg¨²n la rumorolog¨ªa¡±. Algunos delegados municipales evidenciaron en sala que ni siquiera conoc¨ªan los criterios para determinar qu¨¦ empleados ir¨ªan a la calle.
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