La Generalitat desoye en cuatro ocasiones a la justicia en la adjudicaci¨®n de ATLL

La Generalitat ha levantado un muro casi infranqueable en torno a su decisi¨®n de adjudicar a Acciona la privatizaci¨®n de la gesti¨®n de Aig¨¹es Ter-Llobregat (ATLL), la empresa p¨²blica encargada de la captaci¨®n del agua que despu¨¦s consumen casi cinco millones de catalanes. Agbar, que tambi¨¦n puj¨® por la mayor concesi¨®n de la Administraci¨®n catalana hasta ahora, ha chocado contra esa muralla. Pero tambi¨¦n lo ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC), que ha tenido que solicitar hasta en cinco ocasiones al Departamento de Territorio la documentaci¨®n completa con la que Acciona gan¨® el concurso, especialmente la oferta t¨¦cnica de Acciona. El ¨²ltimo auto en el que la demand¨® fue entregado el pasado 19 de marzo. Fuentes de la Generalitat aseguran que durante todo el proceso se han facilitado los papeles requeridos.

Agbar inici¨® los tr¨¢mites para poder consultar la oferta de Acciona el pasado mes de noviembre, una vez que Territorio ya hab¨ªa adjudicado el concurso a Acciona. Despu¨¦s de semanas denunciando que la oferta vencedora era inviable financieramente, el grupo que preside ?ngel Sim¨®n reclam¨® ver la oferta para armar el recurso que llev¨® ante el ?rgano de Recursos Contractuales de Catalu?a (OARCC), el ente de la Generalitat que fiscaliza los contratos auton¨®micos y que ha acabado tumbando el contrato.

Los abogados de la compa?¨ªa pudieron ver parte de la documentaci¨®n, pero no en su totalidad, por lo que acab¨® pidiendo amparo ante el TSJC. El alto tribunal le dio la raz¨®n hasta en dos ocasiones con sendos autos, pero Agbar no pudo disponer de la documentaci¨®n. Pese a ello, el recurso presentado prosper¨® y el OARCC le dio la raz¨®n parcialmente y resolvi¨® que la adjudicaci¨®n deb¨ªa anularse porque Acciona no cumpl¨ªa el calendario de inversiones.

La Generalitat se ha negado en todo momento a facilitar la documentaci¨®n bas¨¢ndose en la ¡°confidencialidad¡± de la oferta. El TSJC ha puesto en duda la validez de ese argumento una vez que el concurso estaba y, por tanto, el factor competencia hab¨ªa sido superado. Incluso demand¨® a la consejer¨ªa que ahora pilota Santi Vila que remitiera al alto tribunal la documentaci¨®n y que ser¨ªa este el que decidir¨ªa qu¨¦ partes pod¨ªan ser consideradas confidenciales y qu¨¦ otras no. Ni as¨ª lo consigui¨®. En el ¨²ltimo auto los magistrados alertan que para una autoridad judicial solo es confidencial un ¡°secreto oficial¡±, que no es el caso, y considera que cabe admitir la petici¨®n de Agbar.

El Gobierno sostiene que las cosas deben quedarse tal y como est¨¢n, con el contrato actual

La compa?¨ªa desconoc¨ªa ayer si el ¨²ltimo fallo del TJSC dar¨¢ frutos y si la Generalitat ha remitido o lo har¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas todo el expediente al tribunal. Lo que s¨ª conocieron es que el litigio por Aig¨¹es Ter-Llobregat va para largo, porque el Gobierno catal¨¢n no parece dispuesto a ejecutar la resoluci¨®n de su ?rgano de Recursos Contractuales de Catalu?a (OARCC), como fall¨® la semana pasada en un auto el TSJC.

Si fuera as¨ª el contrato firmado con Acciona deber¨ªa pasar a manos de Agbar. Esa opci¨®n, que las consejer¨ªas de Territorio y Econom¨ªa sopesaron por primera vez la semana pasada, ha sido finalmente descartada. El portavoz del Ejecutivo catal¨¢n, Francesc Homs, anunci¨® que la Generalitat recurrir¨¢ ante el TSJC y ante el Tribunal Supremo, si fuera necesario, para salvaguardar ¡°el inter¨¦s p¨²blico¡±.

Ese ¡°inter¨¦s p¨²blico¡± se explica tanto en lo que afecta a la prestaci¨®n del servicio ¡ªAcciona ofreci¨® unas tarifas del agua m¨¢s baratas que Agbar¡ª, como a la situaci¨®n econ¨®mica de la Generalitat, que se ha beneficiado de la privatizaci¨®n para enjugar casi 1.000 millones de d¨¦ficit. Pero Homs tambi¨¦n argument¨® la decisi¨®n de su Ejecutivo en la interpretaci¨®n que han acabado realizando los servicios jur¨ªdicos de la Generalitat, seg¨²n la cual las cuatro interlocutorias del TSJC rechazaran todas las medidas cautelares planteadas por la Generalitat, Acciona y Agbar. Las tres primeras ¡ªde la Generalitat y de Acciona¡ª persegu¨ªan paralizar la resoluci¨®n del OARC, mientras que la de Agbar solicitaba suspender el contrato que est¨¢ en vigor desde el pasado 1 de enero y que dota a Acciona del poder para gestionar ATLL. ¡°No dan la raz¨®n a ninguna de las partes¡±, sostuvo ayer Homs.

Con esa interpretaci¨®n, el Gobierno considera que las cosas deben quedarse tal y como est¨¢n, con el contrato actual en marcha y esperando una sentencia firme del TSJC. No obstante, uno de los autos, el que respond¨ªa al recurso presentado por el Departamento de Territorio, era claro cuando sentenciaba: ¡°No haber lugar a suspender la efectividad de la resoluci¨®n impugnada del ?rgano Administrativo de Recursos Contractuales¡±, la misma que considera que Acciona no cumpli¨® con el pliego de condiciones del concurso.

La Generalitat se suma as¨ª a la posici¨®n sobre el complejo proceso que se cierne sobre ATLL. La compa?¨ªa de la familia Entrecanales tambi¨¦n advirti¨® que recurrir¨¢ ante el TSJC y el Supremo los autos y que, en caso de que su oferta quede invalidada, tendr¨¢ que ¡°examinarse tambi¨¦n la regularidad de la oferta presentada por Agbar al citado concurso y los defectos que ¨¦sta presenta en relaci¨®n con las condiciones establecidas por la legislaci¨®n de competencia y las normas del procedimiento de licitaci¨®n¡±. Un aut¨¦ntico embrollo.

Acciona, que acudi¨® al concurso junto al banco brasile?o BTG Pactual y otros peque?os inversores, mantienen su apuesta por mantener viva la concesi¨®n, que aseguran que supone un ahorro para los ciudadanos de 900 millones de euros durante 50 a?os por las menores tarifas que est¨¢ dispuesto ¡ªy ofreci¨®¡ª a cobrar el consorcio. El grupo alert¨® de forma velada sobre las consecuencias que podr¨ªa tener la cancelaci¨®n del contrato en ¡°la comunidad inversora nacional e internacional¡± si no se respeta ¡°la continuidad del servicio contratado¡±.