La Audiencia Nacional reclama de nuevo que se anule la concesi¨®n a Ence

La Audiencia Nacional ha vuelto a condenar a la Administraci¨®n a que active el expediente de caducidad de la concesi¨®n sobre los terrenos en que se asienta la f¨¢brica de Ence junto a la r¨ªa de Pontevedra. Una sentencia del 19 de abril da la raz¨®n a los planteamientos de la ONG Salvemos Pontevedra, que recurri¨® judicialmente despu¨¦s de no obtener respuesta en la v¨ªa administrativa. La resoluci¨®n no entra en el fondo del asunto sino que da directamente la raz¨®n a la asociaci¨®n, ya que entiende que en este tipo de casos el silencio de la Administraci¨®n implica autom¨¢ticamente que se ampare a quien reclama. El fallo, que no es firme, manda adem¨¢s parar la actividad de la depuradora de de aguas de Praceres (Mar¨ªn) y su emisario submarino, que dan cobertura a la comarca.

?Esta es la segunda sentencia de la Audiencia Nacional que manda anular la concesi¨®n a la pastera. La primera, de mayo de 2011, empleaba un razonamiento parecido y se refer¨ªa directamente a la planta, que, seg¨²n Salvemos Pontevedra, hab¨ªa perdido la concesi¨®n durante el proceso de privatizaci¨®n de la empresa, con el cambio de siglo. La nueva sentencia llega a la misma conclusi¨®n, pero parte de un recurso contra la ubicaci¨®n de la estaci¨®n depuradora de aguas residuales de Placeres y del emisario submarino, que la Xunta termin¨® de construir en 1994. Los magistrados razonan que ambas obras se hicieron en los terrenos de la primitiva concesi¨®n de la f¨¢brica, un permiso que databa de 1958, y adem¨¢s entienden que es la propia Administraci¨®n la que reconoce el hecho.

¡°Tanto la EDAR [Estaci¨®n Depuradora de Aguas Residuales] como el emisario submarino se encuentran dentro de la concesi¨®n cuyo titular es Ence, en el dominio p¨²blico mar¨ªtimo terrestre, sin los debidos t¨ªtulos concesionales, como se deriva del expediente administrativo y de la contestaci¨®n del abogado del Estado". La referencia alude a un documento de que el Gobierno central envi¨® al Ayuntamiento de Pontevedra en 2010 en que da las pautas para legalizar la concesi¨®n con un plazo de cinco a?os para ponerla en marcha.

La sentencia supone una nueva victoria para Salvemos Pontevedra, que en sus 10 a?os de existencia ha atacado desmanes urban¨ªsticos en toda la comarca, algunos sonados, como el edificio del ahora diputado del PP Telmo Mart¨ªn en plena playa de Silgar, en Sanxenxo. Su m¨¢xima aspiraci¨®n es recuperar para el uso p¨²blico las marismas de Louriz¨¢n, donde Ence no es la ¨²nica empresa presente. Su portavoz, Francisco D¨ªaz, dice respecto a esta ¨²ltima resoluci¨®n que la depuradora ¡°se hizo en el ¨²nico sitio en que no se pod¨ªa hacer¡± y responsabiliza del deterioro de la zona a los pol¨ªticos de todos los partidos. Protesta adem¨¢s por la tibieza del Ayuntamiento pontevedr¨¦s, al que acusa de no ser lo suficientemente expeditivo contra la presencia de industrias en el ¨¢rea. La autov¨ªa de doble carril a pie de la r¨ªa y la nueva variante de Mar¨ªn, inaugurada el a?o pasado por la Xunta, inciden a su entender en los mismos errores de planeamiento.

La empresa trat¨® de que la causa no llegase a t¨¦rmino apelando incluso a una supuesta irregularidad formal ¡ªque la Audiencia no acept¨®¡ª sobre el modo en que la ONG decidi¨® internamente presentar el recurso judicial, y adujo que si la depuradora est¨¢ en situaci¨®n irregular no solo es culpa suya, sino que resulta ¡°directamente perjudicada¡±. Tras el fallo, un portavoz de Ence anunci¨® un recurso ante el Tribunal Supremo. La compa?¨ªa interpreta que el texto ¡°¨²nicamente condena a la Administraci¨®n a incoar el procedimiento de caducidad, pero no prejuzga su resultado¡± y recalca que no entra en el fondo de la cuesti¨®n. Ni la empresa ni Salvemos Pontevedra prefieren de momento pronunciarse sobre los efectos de la reforma de la Ley de Costas, aprobada ayer, sobre esta cuesti¨®n. La nueva norma permite prorrogar las concesiones en dominio p¨²blico, pero no conceder nuevos permisos.