Juicio a dos exdelegados del PP de la Zona Franca de C¨¢diz

Cuando el pr¨®ximo viernes arranque el juicio por el caso Rilco, la justicia en C¨¢diz habr¨¢ dado un paso enorme. M¨¢s de una d¨¦cada despu¨¦s de que se denunciaran las primeras irregularidades contra la gesti¨®n del PP al frente de la Zona Franca llega la primera gran cita judicial. Es la hora de la verdad. El momento aguardado por la Abogac¨ªa del Estado para demostrar sus denuncias. Tambi¨¦n por los ex delegados del PP, Manuel Rodr¨ªguez de Castro y Miguel Osuna, que llevan a?os bajo sospecha. Lo que desde el viernes se va analizar es si un portal inform¨¢tico de comercio con Am¨¦rica fue un potente negocio que los esc¨¢ndalos frustraron, como dicen los principales acusados, o fue un mecanismo para desviar dinero de todos a cuentas de unos pocos, como sostiene la acusaci¨®n.

Todo en el juicio girar¨¢ en torno a la Red Iberoamericana de Log¨ªstica y Comercio, Rilco. Es un proyecto personal de Manuel Rodr¨ªguez de Castro, delegado del Estado en la Zona Franca entre 1996 y 2001, a?o en el que dimiti¨® acuciado por los esc¨¢ndalos. ?l lo defiende como una plataforma de comercio electr¨®nico que, de haberse desarrollado, hoy valdr¨ªa millones. La acusaci¨®n ¡ªque ejercen la Abogac¨ªa del Estado en representaci¨®n de la Zona Franca, la fiscal¨ªa y el PSOE¡ª cree que fue la pantalla para sustraer dinero a trav¨¦s de dos personas de su entorno, el matrimonio Germ¨¢n y Camila Leyva, que simularon ser los representantes de una sociedad que recibi¨® cuantiosos contratos p¨²blicos a pesar de no reunir condiciones para ello. En el juicio se intentar¨¢ demostrar que dinero de la Zona Franca acab¨® en cuentas de una empresa sin actividad de Rodr¨ªguez de Castro.

En el banquillo tambi¨¦n se sienta su sucesor en el cargo, Miguel Osuna, delegado hasta 2004. ?l defender¨¢ que no sab¨ªa nada, que continu¨® con el proyecto porque nadie la advirti¨® de irregularidades. Pero la acusaci¨®n le desmentir¨¢. Tratar¨¢ de demostrar que fue consciente de las ilegalidades y no hizo nada por evitarlas.

Los dos exdelegados se enfrentan a peticiones de entre 10 y 13 a?os de c¨¢rcel por prevaricaci¨®n, malversaci¨®n o fraude, entre otros delitos. Ambos se sentar¨¢n en el banquillo con una condena bajo el brazo: la sentencia del Tribunal de Cuentas que, por los mismos hechos, les se?ala como responsables contables de la desaparici¨®n injustificada de 4,3 millones.