Orden p¨²blico, democracia y todo lo contrario

La publicaci¨®n esta semana de un informe del Departamento de Interior de la Generalitat parece querer avanzar, por fin, hacia la definici¨®n de un modelo de orden p¨²blico democr¨¢tico. Pero son muchos los episodios de protesta y represi¨®n ¡ªdesde 1978 al pasado 1? de Mayo¡ª que muestran las dificultades para adaptar principios democr¨¢ticos b¨¢sicos a los despliegues policiales.

En los San Fermines de 1978, en plena transici¨®n, la polic¨ªa llev¨® a cabo una tr¨¢gica carga en la plaza de toros de Pamplona que acab¨® con un muerto y 150 heridos, 11 de ellos de bala. La orden policial fue dada por la imposibilidad de contener a una multitud que ¡°insultaba¡±, en una muestra de la dificultad de la polic¨ªa de la dictadura para aceptar reglas fundamentales del orden democr¨¢tico. La incipiente democracia era, pues, una oportunidad para desarrollar las bases de un orden p¨²blico compatible con el ejercicio de derechos fundamentales negados y pisoteados por el franquismo.

Pero actuaciones c¨®mo las del pasado 1? de Mayo muestran que, 35 a?os despu¨¦s y salvando las distancias, el orden p¨²blico democr¨¢tico sigue siendo una asignatura pendiente. En la jornada previa al D¨ªa de los Trabajadores, 40 furgones policiales, 280 antidisturbios equipados con escopetas y m¨¢scaras de gas, y decenas de polic¨ªas de paisano fueron desplegados para una manifestaci¨®n que apenas reuni¨® a unas decenas de personas en el barcelon¨¦s barrio de Gr¨¤cia. El mi¨¦rcoles, la manifestaci¨®n alternativa fue cortada en dos por una intervenci¨®n policial.

Cierto es que controlar el orden p¨²blico no es f¨¢cil, pero eso s¨®lo hace a¨²n m¨¢s urgente el desarrollo de una teorizaci¨®n y protocolos de intervenci¨®n adecuados y proporcionales. En las manifestaciones colisionan derechos que obligan a los responsables de la seguridad a tomar decisiones dif¨ªciles, a considerar m¨²ltiples elementos y a tener presente la jerarqu¨ªa de derechos y deberes en cuesti¨®n. El objetivo de la presencia policial en una manifestaci¨®n deber¨ªa ser, prioritariamente, la protecci¨®n del derecho de manifestaci¨®n. En los casos en que su ejercicio colisione con otros, deben intervenir elementos de jerarqu¨ªa y proporcionalidad. Plantear, c¨®mo plante¨® la polic¨ªa valenciana en 2012 que la disoluci¨®n de una manifestaci¨®n de estudiantes del Instituto Llu¨ªs Vives era pertinente por perjudicar ¨¦sta el ¡°derecho al tr¨¢fico¡± muestra un desconocimiento de la jerarqu¨ªa de derechos que no deber¨ªa serle permitida a ning¨²n responsable, ni policial ni pol¨ªtico, de la seguridad. En la misma l¨ªnea van declaraciones que justifican intervenciones represivas de manifestaciones por ser ¡°ilegales¡±, cuando ¨¦stas no existen en nuestro marco jur¨ªdico al ser el derecho de manifestaci¨®n un derecho fundamental que no requiere autorizaci¨®n.

Pero volvamos al 1? de Mayo. Esa manifestaci¨®n fue el bautizo del nuevo consejero de Interior, sustituto del controvertido Felip Puig y de quien hered¨® el caso Ester Quintana y la comisi¨®n parlamentaria para estudiar la eliminaci¨®n de las pelotas de goma, y el procesamiento de dos Mossos por la jornada del 1? de Mayo de 2012. En un momento delicado para la polic¨ªa y la sociedad en general, el nuevo responsable de la polic¨ªa opt¨® por el continuismo y la teatralidad de unos despliegues que evidencian tanto el desconocimiento de la capacidad de movilizaci¨®n de las convocatorias de manifestaci¨®n como la falta de estrategias de orden p¨²blico que no entiendan el derecho de manifestaci¨®n como una afrenta u anomal¨ªa. En los d¨ªas posteriores, el despliegue masivo se justific¨® como alternativa al uso de pelotas de goma y por su supuesto uso habitual en otros pa¨ªses de Europa. Es cierto que en Europa algunas polic¨ªas utilizan la fuerza de los n¨²meros para controlar manifestaciones, pero ni es habitual hacerlo con personal antidisturbios ni han faltado las sentencias judiciales contrarias. Parece que ante la ausencia de un desarrollo propio del orden p¨²blico democr¨¢tico, ahora copiamos estrategias d¨¢ndoles nuestro toque predemocr¨¢tico y esquivando de nuevo el necesario debate sobre el orden p¨²blico que necesitamos.

En un momento de erosi¨®n de principios democr¨¢ticos b¨¢sicos y de emergencia social generalizada, el respeto escrupuloso por los derechos fundamentales y la profesionalizaci¨®n de la intervenci¨®n policial, basada en la desescalaci¨®n del conflicto y la defensa de los canales de expresi¨®n democr¨¢ticos, emergen con dureza. Si la crisis tiene que servir para algo, que sea para poner sobre la mesa los debates ninguneados por estos 35 a?os de transici¨®n a ninguna parte.

Gemma Galdon Clavell es profesora de Pol¨ªticas Y tecnolog¨ªas de Seguridad en la Universidad de Barcelona.