M¨¢laga, C¨¢diz y Almer¨ªa concentran la mayor¨ªa de multas a taxis ilegales

El sector del taxi es una selva. Y la proliferaci¨®n de todo tipo de veh¨ªculos piratas que realizan servicios fuera de la normativa o aprovechan sus resquicios legales es todo un quebradero de cabeza para los profesionales del sector y las administraciones p¨²blicas que tratan de ponerle orden. El ¨²ltimo ejemplo de este conflictivo h¨¢bitat es la imputaci¨®n, por parte del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 13 de Sevilla, de nueve taxistas por supuestas amenazas, coacciones y agresiones a una decena de compa?eros. Estos denunciaron ante el fiscal a un grupo de colegas que trataba de acaparar la parada del aeropuerto San Pablo impidi¨¦ndoles recoger a viajeros.

Si la anterior noticia demuestra el ambiente caldeado en que los propios conductores con licencia hacen a veces sus carreras, el aire se vuelve irrespirable cuando aparecen aquellos que conducen veh¨ªculos que no gozan de permiso alguno. Son los conocidos como taxis piratas, cuyo actividad irregular se concentra, sobre todo, en C¨¢diz, Almer¨ªa y la Costa del Sol, seg¨²n Miguel Ruano, presidente de la Federaci¨®n Andaluza de Aut¨®nomos del Taxi, que representa en torno al 80% del sector. ¡°El fen¨®meno del intrusismo es un hecho hist¨®rico que denunciamos desde hace a?os¡±, advierte.

A lo largo de 2012 y los tres primeros meses de este a?o, la Consejer¨ªa de Fomento y Vivienda ha abierto en Andaluc¨ªa 161 expedientes sancionadores por realizar servicios de transporte p¨²blico de viajeros sin autorizaci¨®n. Cada uno est¨¢ castigado con 1.501 euros de multa. Y en caso de reincidencia o especial gravedad de la infracci¨®n ¡ªpor la magnitud del beneficio il¨ªcitamente obtenido, el perjuicio causado o la repercusi¨®n social¡ª¡ª la infracci¨®n puede castigarse con 4.601 euros. Esta multa m¨¢xima se aplic¨® en 78 expedientes abiertos y en 83 se penaliz¨® la infracci¨®n con la sanci¨®n m¨¢s leve. Por provincias, en M¨¢laga se produjeron 48 sanciones; en Almer¨ªa y C¨¢diz, 34, respectivamente; en Sevilla, 19; en Huelva 15; en Ja¨¦n siete, en Granada, cuatro y en C¨®rdoba no se han tramitado expedientes por ese concepto.

Miguel Ruano se atreve a hacer una taxonom¨ªa de esta compleja fauna. ¡°Por un lado, tenemos al pirata total, que no tiene t¨ªtulo habilitante, como una licencia municipal o una autorizaci¨®n de transporte. Tambi¨¦n carece de veh¨ªculo propio homologado e incluso, en ocasiones, del permiso de conducir exigido a los profesionales del sector. Por supuesto, tampoco goza de seguro de responsabilidad civil alguno. Luego tenemos a aquellos que se ofertan a s¨ª mismos en las recepciones de los hoteles o en Internet y las redes sociales y que trabajan con pactos previos con los clientes. Tenemos tambi¨¦n los que est¨¢n especializados en puertos y aeropuertos. En el primer caso, muchas veces son extranjeros del Norte de ?frica que recogen a compatriotas que prefieren pagarles a ellos el servicio. En los aeropuertos tambi¨¦n encontramos a quienes se hacen pasar por conductores de coches precontratados para viajeros. Estos piratas falsean los documentos que permiten entrar en el aeropuerto. Con este enga?o, se cuelan y recogen al turista¡±, explica Ruano.

Una vez identificado y sancionado al infractor, la actual Ley de Ordenaci¨®n del Transporte Terrestre, de ¨¢mbito y competencia estatal, prev¨¦ el precinto del su veh¨ªculo, si se precisa. Pero esta medida no puede llevarse a cabo hasta la tramitaci¨®n completa del expediente y debe ser ejecutada por la Subdelegaci¨®n del Gobierno. Y ah¨ª est¨¢ el problema del que se quejan los taxistas. ¡°Hasta ahora, el coche no se inmovilizaba de forma inmediata y pod¨ªan seguir ejerciendo como taxistas piratas¡±, se queja el presidente de la Federaci¨®n Andaluza de Aut¨®nomos del Taxi.

Para salvar este bache, la Consejer¨ªa de Fomento y Vivienda est¨¢ trabajando con los taxistas para aplicar en la comunidad una norma que permita la inmovilizaci¨®n del turismo en el mismo momento en el que se detecta el acto il¨ªcito. No obstante, al ser la normativa que establece estas sanciones una ley estatal, el Gobierno auton¨®mico no puede introducir cambios en su corpus legal, por ello el texto que se est¨¢ redactando se incluir¨¢ como modificaci¨®n de la Ley 2/2003 de Ordenaci¨®n de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andaluc¨ªa, de car¨¢cter auton¨®mico.