Descarrila la Operaci¨®n Chamart¨ªn

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la operaci¨®n urban¨ªstica dise?ada por el Ayuntamiento, la Comunidad, el Ministerio de Fomento, Renfe, Adif y el BBVA para soterrar las v¨ªas de la estaci¨®n de tren de Chamart¨ªn, prolongar el paseo de la Castellana y la l¨ªnea 10 de metro, y construir 17.000 viviendas con las que sufragar todas esas obras.

Como sucedi¨® en enero de 2012 con la operaci¨®n para tirar abajo el estadio Vicente Calder¨®n y construir pisos con los que pagar la reforma de La Peineta, los magistrados han dictado que el desarrollo de la Castellana vulnera la Ley del Suelo aprobada en 2007 por la expresidenta regional Esperanza Aguirre (PP), que limita a cuatro alturas los nuevos desarrollos urban¨ªsticos. El plan de la Castellana, aprobado en marzo de 2011, prev¨¦ levantar una veintena de torres de m¨¢s de 20 pisos.

Este obst¨¢culo legal podr¨ªa solventarse mediante un recurso ante el Tribunal Supremo, como se ha hecho en el caso de la Operaci¨®n Calder¨®n, puesto que el Gobierno regional aprob¨® en junio un cambio en la Ley del Suelo que presumiblemente desbloquear¨¢ ambos desarrollos.

Pero la prolongaci¨®n de la Castellana, que lleva m¨¢s de 20 a?os varada, parece gravemente tocada: el plan estipulaba que, a cambio de levantar los pisos, los propietarios del suelo ampliar¨ªan cinco paradas la l¨ªnea 10 de metro y construir¨ªan un t¨²nel entre la Castellana y el barrio de Las Tablas. Los magistrados han estimado, sin embargo, que no se les puede obligar a sufragar las obras.

La Operaci¨®n Chamart¨ªn se ide¨® en 1993 para soterrar las v¨ªas y ampliar sobre ellas la Castellana hacia el norte. Sin embargo, la falta de consenso entre las tres Administraciones mantuvo bloqueado el plan hasta diciembre de 2008, cuando el Ministerio de Fomento (entonces, socialista, y ahora del PP), la Comunidad de Madrid (PP), el Ayuntamiento de la capital (PP), Renfe, Adif y la sociedad an¨®nima Desarrollo Urban¨ªstico Chamart¨ªn (el 72,5% pertenece al BBVA, y el resto a la constructora San Jos¨¦) firmaron un convenio para desarrollarlo.

El Ayuntamiento aprob¨® en marzo de 2011 el plan parcial urban¨ªstico, que fue recurrido ante la justicia por un estudio de arquitectura seis meses despu¨¦s. Ese plan prev¨¦ liberar (mediante el soterramiento de las v¨ªas) 3,1 millones de metros cuadrados para hacer 17.000 viviendas (4.000, protegidas). En 15 a?os, ya acabadas, albergar¨¢n a 50.000 personas. La intervenci¨®n ir¨¢ acompa?ada por una inversi¨®n de 11.000 millones de euros por parte de las tres Administraciones, que ser¨¢ sufragada ¨ªntegramente por las plusval¨ªas de la operaci¨®n inmobiliaria.

As¨ª, se extender¨¢ 2,8 kil¨®metros la Castellana hasta conectarla con la M-40; se construir¨¢n 53 hect¨¢reas de parques y 81 hect¨¢reas de equipamientos p¨²blicos; se ampliar¨¢ 100.000 metros cuadrados la estaci¨®n (que pasar¨¢ de 21 a 32 v¨ªas para llevar las l¨ªneas del AVE de Atocha al norte de la ciudad); la l¨ªnea 10 de Metro crecer¨¢ 4,4 kil¨®metros con cinco nuevas estaciones; se har¨¢ un nudo norte de conexi¨®n con M-30, A-1, M-11, y M-607; y se enlazar¨¢ con un t¨²nel el barrio de Las Tablas y Fuencarral-Tres Olivos.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia, fechada el 21 de junio y adelantada por la web VozPopuli, considera sin embargo que, al contrario de lo que dispone la Ley regional del Suelo, no se puede obligar a los propietarios del suelo a costear todas esas infraestructuras. Bas¨¢ndose en la doctrina del Supremo (lo que dificultar¨¢ un eventual recurso ante ese tribunal), los magistrados eximen a estos de sufragar la ampliaci¨®n del metro (valorada en 207 millones de euros) y el t¨²nel de Tres Olivos (37,5 millones).

El coste de esas obras recaer¨ªa pues en las Administraciones, pese a que el acuerdo con la sociedad an¨®nima Desarrollo Urban¨ªstico Chamart¨ªn estaba dise?ado para que las plusval¨ªas inmobiliarias cubrieran el gasto; tanto es as¨ª que el Ayuntamiento incluso increment¨® la edificabilidad del suelo ¡°para poder cubrir el excepcional coste econ¨®mico de las infraestructuras¡±.

Respecto a la limitaci¨®n a cuatro alturas prevista en la ley regional, la Comunidad aprob¨® en junio una disposici¨®n adicional (colada de rond¨®n en la Ley de Patrimonio Hist¨®rico) que exime ¡°al suelo que estuviera clasificado como urbano antes de la entrada en vigor¡± de la norma en 2007. Con este cambio, teledirigido quir¨²rgicamente para solventar los reveses de la justicia a cuenta de la ley regional, deber¨ªa quedar solventado el conflicto de interpretaci¨®n entre los magistrados y el Ayuntamiento, pendiente en cualquier caso del dictamen del Supremo a cuenta de la Operaci¨®n Calder¨®n.