D¨ªaz cree que ¡°lo l¨®gico¡± es pagar solo la defensa a los cargos absueltos

La Junta de Andaluc¨ªa abri¨® ayer la puerta a costear la defensa de los cargos y funcionarios imputados por la juez Mercedes Alaya la semana pasada, una posibilidad que se recoge en una normativa auton¨®mica que data de 2000. Pero la consejera de la Presidencia, la socialista Susana D¨ªaz, ha entornado esa puerta hoy al manifestar que "lo razonable y lo l¨®gico" ser¨ªa que el Gobierno regional costee la minutas de los abogados de los altos cargos que "resultaran inocentes" al final del proceso judicial por los ERE fraudulentos. Diego Valderas (IU), vicepresidente de la Junta, ha ido un paso m¨¢s all¨¢ al afirmar que el Gobierno regional "no se va a hacer cargo de ninguna defensa" de altos los cargos imputados, ni directa ni indirectamente. En su opini¨®n, "la coherencia del propio Consejo de Gobierno le lleva a no tener ninguna previsi¨®n de actuar con fondos p¨²blicos en la defensa de nadie".

El martes fue el portavoz de la Junta, Miguel ?ngel V¨¢zquez, el que plante¨® esta posibilidad tras ser interrogado por los periodistas sobre la posibilidad de que el Gobierno andaluz asuma la defensa de los ¨²ltimos imputados por Alaya. V¨¢zquez circunscribi¨® este asunto a "una cuesti¨®n normativa". Y se refiri¨® al reglamento de organizaci¨®n del Gabinete Jur¨ªdico de la Junta, en el que se se?ala la posibilidad de que "las autoridades y personal al servicio" de la Administraci¨®n regional sean defendidos por los servicios jur¨ªdicos del Gobierno andaluz. El portavoz asegur¨® que se deben cumplir dos requisitos: que los imputados sigan dentro de la Administraci¨®n y que soliciten acogerse a esta cl¨¢usula. Adem¨¢s, para que la Junta pague su defensa ser¨ªa necesario un informe previo del Gabinete Jur¨ªdico.

D¨ªaz ha a?adido este mi¨¦rcoles una cuarta condici¨®n al apuntar que "esa defensa jur¨ªdica solo ser¨ªa entendible en aquellos casos, en aquellos supuestos, que sean declarados inocentes" los cargos y funcionarios de la Administraci¨®n. La consejera tambi¨¦n ha recordado que son los servicios jur¨ªdicos "los que tienen que responder individualmente en cada caso", informa Europa Press.

La consejera ha entrado en este asunto tras la pol¨¦mica que se ha generado. Lo parad¨®jico en este asunto es que los letrados del Gobierno regional ya est¨¢n personados en la instrucci¨®n, pero como acusaci¨®n.

Otras comunidades aut¨®nomas tienen reglamentos parecidos al andaluz. Es el caso de Galicia. En Santiago tambi¨¦n se produjo una fuerte pol¨¦mica ante la posibilidad de que el Ayuntamiento costeara la defensa de un concejal imputado en el caso Pok¨¦mon. El Consistorio, que tambi¨¦n hab¨ªa puesto como condici¨®n que fuera declarado inocente, hab¨ªa aceptado sufragar las minutas. Pero, ante la pol¨¦mica, el edil finalmente anunci¨® que renunciaba a esta posibilidad.

En el caso de los ERE fraudulentos no hay constancia de que alguno de los 20 cargos y funcionarios imputados por Alaya haya pedido acogerse a esta posibilidad. Al menos cuatro de ellos siguen en la Administraci¨®n: el actual viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano; el ex director general de Presupuestos Buenaventura Aguilera; el director de Idea, Antonio Valverde; y Juan Alonso Luque, interventor delegado de Empleo. La juez imput¨® a estas 20 personas al apreciar indicios delictivos en el procedimiento administrativo que amparaba el fondo de los ERE.