La Comunidad se queda con todo el poder de decisi¨®n sobre la Ca?ada Real

La Ca?ada Real ya est¨¢ en manos de la Comunidad de Madrid, que desde el 4 de julio puede decidir unilateralmente el futuro de esta franja por la que anta?o trashumaban las ovejas y que desde hace medio siglo es el mayor asentamiento irregular de la regi¨®n, con 7.725 habitantes censados.

El Gobierno regional, presidido entonces por Esperanza Aguirre (PP), aprob¨® una ley el 29 de marzo de 2011 por la que se desafectaban esos terrenos. Se abr¨ªa un plazo de dos a?os para pactar una soluci¨®n de consenso con los tres municipios que cruza (fundamentalmente, Madrid, con casi 13 kil¨®metros y un ancho de 40 a 80 metros; Rivas, con tres kil¨®metros; y Coslada con 900 metros) y la Delegaci¨®n del Gobierno.

Todas estas Administraciones las gobierna el Partido Popular, con la excepci¨®n de Rivas, de Izquierda Unida, pero los dos a?os de negociaciones crearon dos bloques con puntos de vista enfrentados: por un lado, la Comunidad, con el respaldo total de Coslada y de la Delegaci¨®n, y por el otro Madrid y Rivas. Ya antes, la ley hab¨ªa sido aprobada con la oposici¨®n de los tres municipios, y del Partido Socialista e Izquierda Unida en la Asamblea. El punto de fricci¨®n durante las negociaciones fue el plan social para realojar a las miles de personas a las que habr¨ªa que desplazar de las infraviviendas que ahora ocupan, en especial en el sector VI, que discurre ¨ªntegramente por la capital.

La Comunidad de Madrid asegura: ¡°Es cierto que se ha producido un retraso, pero el acuerdo est¨¢ a punto de firmarse y mantendr¨¢ el esp¨ªritu de consenso con el que se inici¨® la mejora de la Ca?ada Real; de hecho se han incorporado las propuestas hechas por las diferentes Administraciones¡±. Eso s¨ª, no se da fecha alguna para la presentaci¨®n del proyecto, ni se avanza c¨®mo se solventar¨¢n las opiniones enfrentadas entre todas las partes en conflicto.

Tanto Madrid como Rivas consideran imprescindible cerrar un plan social que garantice una salida digna para los habitantes de la Ca?ada antes de ponerse a decidir qu¨¦ hacer con el suelo que quedar¨¢ libre. La Comunidad, sin embargo, present¨® en enero, como si fuera el b¨¢lsamo de Fierabr¨¢s, un v¨ªdeo de tres minutos y pico que bautiz¨® como plan urban¨ªstico para la Ca?ada y que apostaba por vender el suelo donde se asientan las viviendas, ahora irregulares, a sus due?os. Rivas y Madrid pusieron el grito en el cielo, y eso fue lo ¨²ltimo que se supo de las negociaciones. Pocas semanas despu¨¦s, se present¨® un plan de seguridad que era m¨¢s bien una declaraci¨®n de intenciones ¡ªcuatro folios sin plazos ni datos concretos¡ª, aunque la Delegaci¨®n lo consider¨® suficiente. A ese acto ya se neg¨® a acudir Rivas.

Del plan social nada se sabe. La falta de consenso ha impedido alcanzarlo, pese a que es el ¨²nico requisito recogido expresamente en la ley. El art¨ªculo 3 permite a la Comunidad ¡°enajenar, ceder, permutar o cualquier otro negocio¡± los terrenos de la Ca?ada, ¡°preferentemente a los Ayuntamientos¡± y si no ¡°a terceros¡±. Durante el citado plazo de dos a?os, se exig¨ªa ¡°que previamente las Administraciones implicadas hayan alcanzado el acuerdo marco de contenido social¡±. Adem¨¢s, esos dos a?os deb¨ªan servir para que los Ayuntamientos, ¡°despu¨¦s del acuerdo¡±, definieran los usos del suelo (residencial, industrial, etc¨¦tera). Ni lo uno ni lo otro se ha cumplido.

El acuerdo social es la clave de b¨®veda del futuro de la Ca?ada, puesto que gran parte de sus moradores no podr¨¢n comprar las chabolas en las que viven (muchas se alzan sobre terrenos no urbanizables, tienen condiciones insalubres, amenazan ruina...).

Tanto el Ayuntamiento de Madrid como el de Rivas mantienen su postura: la desafecci¨®n no puede llevarse a cabo sin que se apruebe antes el plan social. Sin embargo, fuentes municipales reconocen que ¡°est¨¢ todo parado¡±. El alcalde de Rivas, Jos¨¦ Masa, se ha negado incluso a negociar hasta que la Comunidad acepte que ¡°un plan serio de intervenci¨®n social¡± debe anteceder al dise?o urban¨ªstico. En enero, tras presentar su propuesta urban¨ªstica sin haber acordado antes el plan social, el presidente regional, Ignacio Gonz¨¢lez, afirm¨®: ¡°Va a tener que aceptar el plan, va a tener que ver que es el ¨²nico remedio¡±.

La propuesta de la Comunidad pasa por vender el suelo a sus moradores a un precio razonable (que no se ha fijado o desvelado, tal y como denuncian los vecinos), y confiar en que promotores privados compren el resto en el que ahora no vive nadie a mayor coste. El dinero recaudado se invertir¨ªa en la urbanizaci¨®n (asfaltado, saneamiento, suministro el¨¦ctrico, etc¨¦tera). El problema es que el precio de venta debe ser reducido para que sea accesible para familias con recursos limitados, y seg¨²n el consejero de Asuntos Sociales, Jes¨²s Fermosel, a menor coste, peores calidades.

Eso enoja al Ayuntamiento de Madrid, que considera que todos los vecinos de la ciudad, independientemente de d¨®nde vivan, deben tener los mismos servicios.

Pero urbanizar es caro: en el tramo de la capital costar¨ªa cerca de 250 millones, a lo que se sumar¨ªan otros 100 millones para realojo de las familias que no pudieran permanecer en sus viviendas. La venta de parcelas a los vecinos no costear¨ªa ni de lejos esas cantidades, por lo que la ¨²nica salida para cuadrar las cuentas sin tener que tirar de dinero p¨²blico ser¨ªa que, del mill¨®n de metros cuadrados de superficie que tiene la Ca?ada, la parte que no est¨¢ ocupada de forma irregular y que se catalogue como residencial interesara a promotores privados.

Este problema afecta fundamentalmente a la capital. En la zona de Coslada viven 927 personas, pero la Ca?ada est¨¢ integrada en el casco urbano y no hay apenas chabolismo. ¡°Nosotros no estamos en la misma situaci¨®n que Rivas o Madrid. Lo que ha presentado hasta ahora la Comunidad nos parece bien¡±, se?alan fuentes municipales. La Delegaci¨®n del Gobierno tambi¨¦n apoya al Ejecutivo auton¨®mico y quita importancia a que haya expirado el plazo para negociar: ¡°Se trata de una previsi¨®n establecida en la ley que no influye ni tiene por qu¨¦ hacerlo en los aspectos relacionados con la seguridad, en los que se est¨¢ trabajando en el marco del protocolo firmado en febrero con la Comunidad y los Ayuntamientos de Coslada y Madrid¡±.

La Comunidad prometi¨® en 2009 ¡°una soluci¨®n definitiva y consensuada¡± al problema de la Ca?ada Real. Han pasado cuatro a?os y el consenso parece complicado. Ahora s¨®lo depende del Gobierno regional forjarlo.