Una mara?a de empresas se reparte los distintos escalones de las emergencias
Tres sociedades se ocupan de los parques comarcales, una empresa de publicidad atiende el servicio 112 y una uni¨®n de empresas asumen los helic¨®pteros
La atenci¨®n a las emergencias en Galicia se ha convertido con la privatizaci¨®n sucesiva pero imparable de servicios en un marasmo de sociedades privadas y responsabilidades diluidas que trae de cabeza a los trabajadores, que llaman la atenci¨®n sobre el riesgo potencial que esto conlleva para servicios p¨²blicos b¨¢sicos, desde la extinci¨®n de incendios a la alerta telef¨®nica. El accidente de Angrois en Santiago y los fallos de coordinaci¨®n han servido de altavoz a las quejas de los profesionales del sector.
¡°Hay una precarizaci¨®n de los servicios de emergencias que la ciudadan¨ªa no est¨¢ viendo¡±, dice Isabel Moares, trabajadora del 112, el servicio de atenci¨®n telef¨®nica a las emergencias que suele ser el primer punto de contacto entre la emergencia y la ayuda. Con una plantilla de 90 personas, que se reparten en verano en tres turnos de entre ocho y 12 personas, el servicio est¨¢ subcontratado a una empresa de publicidad telef¨®nica, Telemark. Moares no abunda en los problemas laborales que supone depender de una compa?¨ªa que trabaja en r¨¦gimen de concesi¨®n, pero s¨ª incide en la sensaci¨®n de inseguridad que implica desconocer si al t¨¦rmino del contrato se van a quedar en la calle. ¡°Esto no es como vender seguros por tel¨¦fono¡±, explica. Los empleados tienen que pasar dos ex¨¢menes y durante un tiempo no est¨¢n solos al tel¨¦fono, pero una vez pasado el periodo inicial, se acaba la formaci¨®n. ¡°Tratamos con suicidas, familiares de fallecidos en situaci¨®n l¨ªmite y no recibimos la formaci¨®n adecuada. Cuando fue el accidente de Angrois, por ejemplo, se abri¨® una l¨ªnea de informaci¨®n a las v¨ªctimas; son situaciones bastante fastidiadas¡±.
La precariedad empuja a veces a los trabajadores a prescindir del protocolo para agilizar la atenci¨®n. ¡°Si un parque de bomberos comarcal tiene que apoyar a una brigada forestal pero no sabe d¨®nde, llama al 112, pero nosotros no tenemos comunicaci¨®n directa, sino que tenemos que llamar a la central de bomberos, que a su vez llama al distrito, capataz y brigada. Y eso tanto a la ida como a la vuelta. Los protocolos a veces ralentizan la actuaci¨®n y si ves que hay una vida en peligro se saltan, pero sabiendo que a lo mejor el coordinador te puede llamar la atenci¨®n¡±, comenta.
El 112 est¨¢ privatizado, pero al menos es un servicio ¨²nico. Los bomberos privados se las ven y las desean para ponerse de acuerdo. En Galicia hay tres empresas que gestionan parques. Veicar, que gestiona 12 de 23 parques, la mayor¨ªa en la provincia de A Coru?a, Matinsa, que acaba de aterrizar en los parques privados de la provincia de Pontevedra y Natutecnia, que lleva tres en A Coru?a y uno en Lugo, pero que a trav¨¦s de varias asociaciones con otras empresas tiene un papel destacado en la gesti¨®n global de emergencias. Es la encargada, por ejemplo, del Grupo de Apoyo Log¨ªstico que depende de la Axencia Galega de Emergencias. Con base en Silleda, se concibi¨® como un instrumento de la Xunta para apoyar situaciones de emergencia cuando otros servicios de emergencia lo requieren, pero seg¨²n fuentes de los trabajadores su efectividad es limitada. La plantilla ¡ªque se nutre de los propios empleados de la empresa en los parques que controla¡ª tiene que estar permanentemente a una distancia de no m¨¢s de tres cuartos de hora de la base, pero hay empleados que viven en Ferrol o as Pontes que dif¨ªcilmente pueden cumplir tal par¨¢metro. Sucede adem¨¢s, seg¨²n insisten trabajadores de la compa?¨ªa, que en los d¨ªas en que un empleado est¨¢ de guardia en Silleda deja desatendido su base habitual, lo que afecta incluso a jefes de parque. Los empleados tambi¨¦n aseguran que en estas listas de personal figuran directivos de la empresa y no especialistas en intervenci¨®n de emergencias, lo que incumplir¨ªa unos pliegos de condiciones cuyo control es reducido.
Natutecnia extiende su campo incluso a la gesti¨®n de personal de las brigdas helitransportadas, concedidas por contrato a una uni¨®n de empresas en la que participa junto a Inaer, la compa?¨ªa que suministra los aparatos. Natutecnia participa asimismo en la elaboraci¨®n de los planes de extinci¨®n de incendios de la Xunta, en fijar las directrices de coordinaci¨®n de los medios a¨¦reos e incluso en analizar la respuesta de los medios desplazados con an¨¢lisis t¨¦cnicos, tres tareas para las que ha llegado a cobrar m¨¢s de 280.000 euros en un a?o.
La otra pata de esa fruct¨ªfera uni¨®n empresarial, Inaer, tambi¨¦n se beneficia de los contratos p¨²blicos para las emergencias en el mar, con el a?adido de que disfruta de una ventajosa venta de dos helic¨®pteros, anteriormente propiedad de la Xunta, cuyo coste de mantenimiento anual se paga 1,5 millones de euros m¨¢s caro de lo que costaba cuando los aparatos eran de propiedad p¨²blica, al tiempo que se reducen las guardias presenciales obligatorias para los trabajadores.
Ayuda a destiempo
La intervenci¨®n privada en las emergencias tambi¨¦n aumenta con las prisas de ¨²ltima hora. La apuesta de la Xunta por recuperar las brigadas municipales contra incendios, en detrimento de las que gestiona directamente, ha llevado a que algunos municipios optasen por subcontratar la contrataci¨®n de efectivos a empresas privadas, por incapacidad material y para sacudirse las acusaciones de enchufismo que vuelven a proliferar. As¨ª ha sucedido en Moa?a, que cedi¨® a Tragsa la gesti¨®n del personal. El retraso de la Xunta alcanza hasta las ayudas a comunidades de montes para tareas de prevenci¨®n, reci¨¦n adjudicadas y todav¨ªa por ponerse en uso, como confirma Xos¨¦ Alfredo Pereira desde la Organizaci¨®n Galega de Comunidades de Montes.
Tragsa tiene este verano un papel menos destacado que otros a?os en la pol¨ªtica contra incendios de la Xunta, pero gestiona desde este a?o y hasta 2016 el contrato del servicio de extinci¨®n y prevenci¨®n de incendios forestales, adjudicado en marzo por 82 millones de euros por el Ministerio de Medio Ambiente.
Las carencias laborales y operativas empiezan a cristalizar en movimientos transversales de los propios trabajadores, que se organizan en las ¨²ltimas semanas para crear una plataforma de emergencias a escala auton¨®mica con la que canalizar sus exigencias.
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