Magdalena ?lvarez alega indefensi¨®n por su imputaci¨®n en el ¡®caso ERE¡¯

La exministra y exconsejera andaluza Magdalena ?lvarez alega que el auto del pasado 28 de junio en el que la juez Mercedes Alaya le imput¨® en el caso de los ERE le deja en situaci¨®n de ¡°indefensi¨®n¡±. En el recurso presentado ante la Audiencia de Sevilla, el abogado de ?lvarez, Horacio Oliva, se queja de que la juez le impute sin concretar qu¨¦ delitos le atribuye y sin que de los hechos que Alaya relata pueda deducirse ning¨²n indicio de delito. Esta situaci¨®n, seg¨²n el letrado, vulnera el derecho de la exministra a la tutela judicial efectiva. El abogado rechaza adem¨¢s que la mera utilizaci¨®n por parte de la Junta de la figura de las transferencias de financiaci¨®n para conceder las ayudas de los ERE vulnere la legalidad, como ha argumentado Alaya durante la instrucci¨®n del caso.

La juez remiti¨® este mi¨¦rcoles a las partes el recurso de ?lvarez, a la que Alaya imput¨® junto a otros 17 altos y ex altos cargos de la Junta y dos funcionarios de la Administraci¨®n andaluza. En el caso de la exministra, que fue consejera de Hacienda entre 1994 y 2004, le se?ala como responsable de una orden dictada en junio de 2003 por la que se regul¨® las transferencias de financiaci¨®n, el procedimiento por el que se daban las ayudas a las empresas en crisis y que, seg¨²n Alaya, se dise?¨® para sortear los controles de la Intervenci¨®n general.

Seg¨²n la juez, ?lvarez pudo cometer malversaci¨®n y prevaricaci¨®n, los mismos delitos de los que ve ¡°cierta carga incriminatoria¡± en los siete ex altos cargos a los que se?al¨® en el auto hecho p¨²blico el pasado martes, incluidos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n. En cualquier caso, Oliva afirma en su escrito que ambos delitos habr¨ªan prescrito ya que ?lvarez dej¨® la Junta en 2004.

La ¡°indefensi¨®n¡± que el abogado de ?lvarez cree que genera en la exministra su imputaci¨®n merece de por s¨ª la nulidad del auto. Pero Oliva sostiene adem¨¢s que no hubo delito porque las transferencias de financiaci¨®n que regul¨® ?lvarez son una ¡°herramienta habitual y esencial¡± en la financiaci¨®n de las empresas de Andaluc¨ªa y de ¡°otras muchas comunidades aut¨®nomas¡±. Esta figura de financiaci¨®n ya ven¨ªa utiliz¨¢ndose en la Administraci¨®n andaluza y la orden que dict¨® la exconsejera de Hacienda, advierte su abogado, no la introduce como una novedad, sino que se limita a establecer una regulaci¨®n espec¨ªfica.

El abogado admite que el uso de esta figura presupuestaria puede resultar ¡°controvertido¡±, ser materia de discusi¨®n ¡°t¨¦cnico-presupuestaria¡± e incluso ¡°inadecuado¡±, pero rechaza que de ah¨ª pueda concluirse que sea ¡°ilegal¡± y que quienes lo autorizaron estuvieran cometiendo un delito.

¡°Es la ley la que determina la legalidad del uso dado a las transferencias de financiaci¨®n, por lo que resultar¨ªa l¨®gicamente incongruente calificar como ilegal lo que la ley avala¡±, se?ala el abogado. Y Oliva entiende que si no hay ilegalidad, tampoco puede haber indicio de delito de la exministra, ¡°salvo que quiera imputarse por prevaricaci¨®n al Parlamento andaluz en su conjunto¡±.

En cualquier caso, el letrado cree que si la juez insiste en considerar ilegal el procedimiento, esta culpa nunca podr¨ªa recaer en la exministra porque sus competencias en Hacienda se limitaban a confeccionar los presupuestos y establecer el l¨ªmite de gasto de las dem¨¢s consejer¨ªas. No le correspond¨ªa, aduce, controlar a qu¨¦ destinaba cada departamento el dinero que se le hab¨ªa asignado. En el caso de la partida en la que se origin¨® el fraude, este control debi¨® ejercerlo, seg¨²n el abogado, la Consejer¨ªa de Empleo, cuyo titular en ese periodo era Jos¨¦ Antonio Viera, uno de los aforados se?alados el martes por Alaya en el auto en el que apunta una futura imputaci¨®n de Chaves y Gri?¨¢n.