El rev¨¦s judicial a la privatizaci¨®n desbarata las cuentas de la Comunidad
El Gobierno deber¨ªa modificar los presupuestos por segundo a?o consecutivo
![Fern¨¢ndez-Lasquetty, la semana pasada despu¨¦s de la primera paralizaci¨®n.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/WIUMQD3MDT2HBNJSHQTDI6W5YM.jpg?auth=bd45c3fb54c238c57115292f15fefb641942dc52d13d4cc7485b66249ac517a2&width=414)
La Comunidad nunca imagin¨® que sus planes para privatizar la gesti¨®n de seis hospitales de la red p¨²blica se vendr¨ªan abajo por fuego amigo. Acostumbrado a un control omnipotente de la pol¨ªtica madrile?a, el Partido Popular, a los mandos de la regi¨®n de forma ininterrumpida desde 1995, cay¨® ayer noqueado por los profesionales de la sanidad p¨²blica. En especial, por el activismo del sector que componen los m¨¦dicos, entre los que abundan los votantes del Partido Popular. Un hecho especialmente doloroso para el consejero de Sanidad, Javier Fern¨¢ndez-Lasquetty, anteriormente ide¨®logo del think tank neoliberal de FAES y que siempre ha atribuido la marea blanca y sus consecuencias al Partido Socialista.
Si la semana pasada el Ejecutivo madrile?o recibi¨® con pasmo el auto que paralizaba el proceso, el varapalo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) trastoc¨® la estrategia del Gobierno de Ignacio Gonz¨¢lez. ¡°Esto s¨ª que no nos lo esper¨¢bamos; para nada lo ve¨ªamos venir¡±, dec¨ªan ayer en la Comunidad. De entrada, porque adem¨¢s de ordenar la suspensi¨®n cautelar de la privatizaci¨®n, legitima a la Asociaci¨®n de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), la pesadilla de Lasquetty en todo el proceso.
El golpe ¡ªque se a?ade al fiasco ol¨ªmpico de Madrid 2020 y al anuncio del Gobierno de Mariano Rajoy de no reformar ¡°por el momento¡± la ley antitabaco en contra de las pretensiones de los impulsores de Eurovegas¡ª fue de tal magnitud que en la Comunidad ya se mentalizan para tener que retocar, m¨¢s como una certeza que como una probabilidad, los presupuestos de este ejercicio. Un horizonte doblemente ingrato, pues Esperanza Aguirre ya los modific¨® a mitad de 2012, recortando 1.045 millones en un hecho sin precedentes (dos meses despu¨¦s dimiti¨®). En este caso, la cantidad no ser¨ªa muy representativa dentro de un presupuesto de 17.048 millones de euros, pero la imagen del Ejecutivo popular se ver¨ªa afectada, al tener que corregirse por segundo a?o consecutivo y a un mes y medio de la presentaci¨®n de los de 2014, con la consiguiente sensaci¨®n de desorden.
Un clima que no ha abandonado al plan m¨¢s pol¨¦mico de la era Gonz¨¢lez desde que se anunci¨® formalmente a finales de octubre del a?o pasado. Con el paso de los meses, la incertidumbre del proyecto ha alcanzado unas cotas enormes solo tres semanas despu¨¦s de que las tres empresas concesionarias (Hima San Pablo, Ribera Salud y Bupa Sanitas) resultaran adjudicatarias en una decisi¨®n justificada por un supuesto ahorro del 20%. En este sentido, el auto del TSJM dice que el ahorro no est¨¢ acreditado, en la misma l¨ªnea que el del juez de la semana pasada, que lo tach¨® de ahorro ¡°virtual¡±. Once meses despu¨¦s, el Gobierno regional sigue sin presentar un estudio econ¨®mico que demuestre la eficiencia de la gesti¨®n privada.
Adem¨¢s, el TSJM deja en una situaci¨®n particularmente dif¨ªcil al gabinete de Gonz¨¢lez, al que obliga a revisar su t¨¢ctica en los tribunales sin poder jugar la carta, empleada la semana pasada, de cuestionar la competencia del poder judicial como hizo con el magistrado Carlos G¨®mez del juzgado n¨²mero cuatro de lo contencioso-administrativo.
La Comunidad reflej¨® al detalle en los presupuestos de 2013 el cambio de gesti¨®n que pretend¨ªa imponer en los hospitales. Mientras en a?os anteriores las partidas destinadas a mantener estos seis centros inaugurados en 2008 se consignaban en su totalidad en el art¨ªculo 89, de ¡°aportaciones a empresas y entes p¨²blicos¡±, este a?o parte de esas cantidades fue transferida a otro concepto: ¡°asistencia sanitaria y servicios sociales con medios ajenos¡±. En concreto, 52,9 millones de euros. Se trata del dinero que el Gobierno preve¨ªa destinar a los ¨²ltimos meses del a?o, cuando las concesionarias privadas ya estar¨ªan al mando de los hospitales. Ni la Consejer¨ªa de Sanidad ni la de Econom¨ªa y Hacienda quisieron explicar ayer c¨®mo tendr¨¢ que modificarse el presupuesto para adecuarlo a las nuevas circunstancias ahora que, seg¨²n las fuentes jur¨ªdicas y empresariales consultadas, parece claro que el proceso no se va a poder retomar en lo que queda de a?o.
¡°La Comunidad va a tener que hacer una modificaci¨®n presupuestaria para cambiar del art¨ªculo 25 al 89 esas cantidades, y adem¨¢s tendr¨¢ que dotar adecuadamente a estos seis hospitales, porque les hab¨ªa asignado un 22% menos que el a?o anterior¡±, considera el portavoz de Sanidad del PSM, Jos¨¦ Manuel Freire. Una rebaja que, en su opini¨®n, no significa que la gesti¨®n privada que ten¨ªa previsto implantar el Gobierno regional fuese a ser m¨¢s barata. ¡°En realidad, sal¨ªa m¨¢s cara. El Gobierno regional adelantaba dinero a estas empresas para cubrir la asistencia sanitaria de los ciudadanos, pero parte de esa asistencia la iban a seguir haciendo los hospitales tradicionales de gesti¨®n p¨²blica¡±, reflexion¨®.
Menos dinero
El dinero para los seis hospitales p¨²blicos que el Gobierno regional quiere pasar a manos privadas cambi¨® en los Presupuestos de 2013, y previsiblemente habr¨¢ que hacer modificaciones ahora que se ha paralizado cautelarmente el proceso.
El hospital Infanta Leonor, de Vallecas, puede servir de ejemplo. En 2012 recibi¨® 99,8 millones, dentro del art¨ªculo 89 (aportaciones a empresas p¨²blicas). En 2013, solo recibe 71,1 millones. Otros 13,4 aparecen en el art¨ªculo 25 (asistencia con medios ajenos). Son 15,3 millones menos.
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