Gonz¨¢lez reconoce supuestos da?os a las adjudicatarias de los hospitales

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonz¨¢lez, sali¨® ayer por primera vez a defender la privatizaci¨®n de seis hospitales p¨²blicos tras la paralizaci¨®n cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Y lo hizo cuestionando la actuaci¨®n de las instancias judiciales y anticipando supuestos derechos econ¨®micos a los adjudicatarios de los centros sanitarios. ¡°La gesti¨®n que tienen que llevar adelante los responsables pol¨ªticos¡± no puede estar condicionada ¡°permanentemente al albur de que se vayan produciendo sistem¨¢ticamente fallos judiciales contradictorios¡±, dijo.

Gonz¨¢lez reconoci¨® unos hipot¨¦ticos perjuicios econ¨®micos a las concesionarias en caso de que, finalmente, los tribunales declaren nulo el concurso. Una interpretaci¨®n ins¨®lita, puesto que si los reclamaran se lo har¨ªan a la propia Comunidad de Madrid. El presidente regional sostuvo que las repercusiones econ¨®micas no ser¨ªan solo presupuestarias ¡ªel Gobierno regional asegura que ahorrar¨ªa 200 millones con la externalizaci¨®n, aunque en 11 meses no ha hecho p¨²blico ning¨²n estudio econ¨®mico que lo sustente¡ª, sino que aventur¨® que los adjudicatarios ¡°han generado unos derechos¡±. Una afirmaci¨®n que, seg¨²n los expertos en derecho administrativo consultados, no tiene fundamento, ya que los afectados (Ribera Salud, Bupa Sanitas y el grupo puertorrique?o Hima San Pablo) tendr¨ªan que demostrar en un procedimiento judicial posterior que ha habido un funcionamiento anormal y negligente de la Administraci¨®n y reclamar responsabilidad patrimonial.

Diego Vera, catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de la Universidad de M¨¢laga, considera que ¡°no se sostiene¡± que las adjudicatarias tengan alg¨²n derecho, ¡°cuando precisamente el TSJM ha paralizado el proceso cautelarmente para evitar que se generasen da?os¡±. Adem¨¢s, si hubiese apreciado da?os a los adjudicatarios, el TSJM podr¨ªa haber impuesto aval a los que ped¨ªan la suspensi¨®n, algo que no ha hecho.

El TSJM afirma en su auto que no puede dejar de

¡°ponderar los perjuicios que, tanto para los recurrentes, como para los licitadores, como para el inter¨¦s general se producir¨ªan en caso de que estim¨¢ramos el recurso una vez adjudicados y formalizados los contratos y una vez entregada la gesti¨®n del servicio p¨²blico a las concesionarias¡±. Los contratos no se han firmado, pero incluso en el caso de que as¨ª fuese, a juicio del abogado Diego Mart¨ªn Reyes, ser¨ªa ¡°muy dudoso¡± que las adjudicatarias pudiesen reclamar una indemnizaci¨®n a la Administraci¨®n.

Una de las alegaciones de los abogados de la Comunidad de Madrid a la petici¨®n de suspensi¨®n fue, precisamente, el supuesto perjuicio econ¨®mico de no poder poner en marcha el plan. Es decir, no ahorrar lo previsto. La Comunidad llega a cuantificar ese perjuicio en 10,8 millones de euros mensuales durante los seis primeros meses y solicita al TSJM que, si accede a la suspensi¨®n que pide la asociaci¨®n de m¨¦dicos demandante, Afem, le requiera una cauci¨®n o garant¨ªa de 65,2 millones de euros. Ese es el dinero que, seg¨²n alega, ahorrar¨ªa entregando la gesti¨®n a las empresas. Estos c¨¢lculos, sin embargo, han estado cuestionados desde el primer momento por la oposici¨®n pol¨ªtica, las organizaciones de la marea blanca y expertos en econom¨ªa de la salud. Sanidad asegura que los seis hospitales cuya gesti¨®n quiere privatizar cuestan ahora 600 euros por habitante y a?o, mientras que los de gesti¨®n privada salen por 441. Sin embargo, ni los presupuestos ni ninguna otra documentaci¨®n oficial corroboran esas cifras, como le han afeado en varias ocasiones.

Yaiza Cabedo, abogada administrativista, considera que los adjudicatarios ¡°no han generado ning¨²n derecho¡± y solo podr¨ªan reclamar una indemnizaci¨®n ¡°si hubiesen realizado alguna inversi¨®n en los hospitales¡±. Y en ese caso, asegura que tendr¨ªan que reclamar al Estado por el funcionamiento de la Administraci¨®n de Justicia y no a la Comunidad de Madrid.

Jos¨¦ Ignacio Ju¨¢rez, socio de L¨®pez Rod¨® & Cruz Ferrer, concede que ¡°cualquier decisi¨®n administrativa puede dar derecho a indemnizaci¨®n porque se haya incurrido en alg¨²n gasto¡±. Sin embargo, dice, no hay que olvidar que la suspensi¨®n es ¡°un reproche a la actuaci¨®n de la Administraci¨®n¡±, es decir, que si se ha parado el proceso es porque, de seguir adelante, el da?o ser¨ªa irreversible. ¡°Es decir, el no ahorro ser¨ªa imputable a la Administraci¨®n, no al tribunal por parar el proceso ni a los demandantes¡±, subraya.