Envite a la tierra bald¨ªa

Han pasado tres d¨¦cadas desde que Andaluc¨ªa se atreviera a acometer una reforma agraria, tan pol¨¦mica como provocadora, cuya l¨ªnea de flotaci¨®n atacaba de lleno a la propiedad de la tierra. Hoy el campo andaluz poco o nada tiene que ver con la agricultura improductiva de los a?os de la Transici¨®n, aunque es cierto que se mantienen anacronismos similares en cuanto a la tenencia de la superficie agr¨ªcola. Sea como fuere, el Gobierno andaluz est¨¢ a punto de iniciar un camino que, salvando las distancias, hereda parte del esp¨ªritu de la reforma agraria de los a?os ochenta.

En pleno proceso negociador de los Presupuestos andaluces para 2014, Izquierda Unida est¨¢ presionando a su socio en el Gobierno andaluz (PSOE) para que apruebe un decreto-ley que alumbre al llamado banco de tierras, un instrumento que recupera las expropiaciones de fincas privadas que lleven al menos dos a?os abandonadas as¨ª como la creaci¨®n de un fondo andaluz para luchar contra los latifundios. Son, sin duda, los dos puntos m¨¢s controvertidos del borrador elaborado por IU con el apoyo de otros colectivos sociales, aspectos que marcan la l¨ªnea divisoria con su socio en el gobierno de coalici¨®n. El PSOE habla de un observatorio de la tierra, en el que se pueda explotar las fincas del extinto Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), tras fracasar la venta de este patrimonio en la anterior legislatura.

¡°La reforma agraria no lleg¨® a culminarse, y en las circunstancias actuales la agricultura andaluza est¨¢ abocada al retroceso¡±, asegura la parlamentaria de IU Lola Quintana, una de las que ha participado en el borrador del banco de tierras. Quintana sostiene que la concentraci¨®n de la propiedad agraria ¡°es mayor que en los a?os treinta¡±, como lo demuestra que en torno al 80% de las ayudas comunitarias que llegan al campo andaluz se las repartan el 20% de los propietarios.

De acuerdo con el documento elaborado por IU, las expropiaciones de fincas podr¨¢n ser solicitadas por los municipios y deber¨¢ acreditarse que su abandono est¨¦ causando da?os ecol¨®gicos al medio ambiente o a explotaciones lim¨ªtrofes. Tambi¨¦n se podr¨¢ avalar el inter¨¦s social de la comarca afectada, aunque la declaraci¨®n de emergencia social se acordar¨¢ mediante decreto del Consejo de Gobierno. Adem¨¢s, la Junta ejercer¨¢ el derecho de tanteo y de retracto en aquellas fincas r¨²sticas mayores de 250 hect¨¢reas en secano y de 30 hect¨¢reas en regad¨ªo que sean objeto de subasta judicial.

¡°Aspiramos a la soberan¨ªa alimentaria a trav¨¦s de la funci¨®n social de la propiedad agraria¡±, indica Lola Quintana. El banco p¨²blico de tierras tambi¨¦n incorporar¨ªa las fincas de la Junta del antiguo IARA, unas 10.000 hect¨¢reas seg¨²n IU (de las 22.000 hect¨¢reas que forman el patrimonio agrario andaluz) que estar¨ªan en disposici¨®n de explotarse. La Consejer¨ªa de Agricultura rebaja esa cifra a 4.800 hect¨¢reas, un desfase que se justifica en los aprovechamientos forestales, y no agr¨ªcolas, en el resto del patrimonio agrario andaluz. En esos casos se garantizar¨ªa la titularidad p¨²blica de la tierra y su concesi¨®n a cooperativas o agricultores por un periodo no inferior a los 25 a?os.

Son fincas p¨²blicas como las de Majaramb¨², en Castellar de la Frontera (C¨¢diz), cuyo Ayuntamiento aguarda que la Junta haga efectivo su compromiso de cesi¨®n al municipio, la sevillana de Las Turquillas, la cordobesa de Somontes, la jiennense de El Chantre o la malague?a de Pe?arrubia, todas ellas objeto de ocupaciones simb¨®licas por parte del movimiento sindical y jornalero en los ¨²ltimos a?os. En todo caso, desde las organizaciones agrarias se relativiza la trascendencia de esta norma. ¡°Es una oportunidad, pero no es la panacea, sobre todo si se tiene en cuenta que estamos hablando de 10.000 hect¨¢reas sobre cuatro millones y medio de hect¨¢reas de superficie agraria ¨²til que hay en Andaluc¨ªa¡±, sostiene Eduardo L¨®pez, de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG).

La funci¨®n social de la tierra es lo que une a organizaciones como Ecologistas en Acci¨®n, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) o la COAG, que est¨¢n participando en el dise?o del banco p¨²blico de tierras. ¡°Podr¨ªan integrarse tanto las fincas p¨²blicas de la Junta como las que cedieran los propietarios privados, que mantendr¨ªan la titularidad¡±, indica Eduardo L¨®pez, que insiste, eso s¨ª, en la necesidad de contar con ¡°garant¨ªas jur¨ªdicas¡± antes de acometer las expropiaciones. La COAG, que aboga por primar en las concesiones a las explotaciones familiares antes que a las cooperativas, cree que la reforma agraria tradicional no cabe en la actualidad. ¡°Lo importante no es quien tiene la propiedad de la tierra, sino su funci¨®n social y que haya una regularizaci¨®n de los mercados para que sea rentable la producci¨®n de alimentos¡±, reflexiona L¨®pez.

Izquierda Unida apremia a la Junta a acelerar este proyecto que, aunque no figuraba en el acuerdo de Gobierno con el PSOE, s¨ª que lo quieren enmarcar dentro de la Ley Integral de Agricultura a la que se comprometieron con su socio de gobierno. ¡°Queremos que en los Presupuestos andaluces de 2014 ya haya una consignaci¨®n para este banco de tierras¡±, indica Lola Quintana. El documento elaborado por la coalici¨®n plantea que se aporte anualmente el 0,40% para nutrir el fondo andaluz antilatifundista.

El borrador de IU contempla la prohibici¨®n de los transg¨¦nicos

Otra v¨ªa de ingresos llegar¨¢ a trav¨¦s de los concesionarios, que estar¨¢n obligados a aportar un 5% del beneficio total obtenido en la explotaci¨®n para el fondo contra los latifundios, y un 1% de los ingresos totales obtenidos en la explotaci¨®n estar¨¢ destinado a la solidaridad internacional y al apoyo de otros proyectos cooperativos locales. Tambi¨¦n se prev¨¦n sanciones de hasta 6.000 euros por incumplir la funci¨®n social de la concesi¨®n, la no presentaci¨®n de las cuentas anuales a la C¨¢mara de Cuentas para su fiscalizaci¨®n o el cultivo de especies ajenas al proyecto aprobado.

El borrador del banco de tierras contempla, de igual modo, el fomento de la agricultura y ganader¨ªa ecol¨®gica, la prohibici¨®n de los transg¨¦nicos en las tierras disponibles y la creaci¨®n de un instrumento de financiaci¨®n propio denominado Entidad de Cr¨¦dito Agr¨ªcola, vinculada a la futura Banca P¨²blica Andaluza.

Con todo, las negociaciones entre PSOE e IU no se auguran nada f¨¢ciles, sobre todo despu¨¦s de que la nueva consejera de Agricultura, Elena V¨ªboras, hablase de que la hoja de ruta de su departamento la marca el observatorio de la tierra al que hizo alusi¨®n la presidenta de la Junta, Susana D¨ªaz, en su discurso de investidura. ¡°El observatorio solo sirve como inventario del patrimonio agrario, pero tenemos que ir mucho m¨¢s all¨¢¡±, advierte la diputada de IU Lola Quintana. Elena V¨ªboras muestra su voluntad de ¡°mano tendida¡± hacia sus socios de Gobierno y elude entrar a valorar los aspectos m¨¢s pol¨¦micos del borrador elaborado por IU. ¡°Estamos dispuestos a tender puentes con IU, porque somos dos fuerzas progresistas, pero de momento no podemos valorar su propuesta porque a¨²n no la conocemos formalmente¡±, dice la consejera. No obstante, su antecesor en el cargo, Luis Planas, ya advirti¨® que el nuevo escenario no supone una vuelta a la reforma agraria del siglo pasado. ¡°Queremos impulsar un modelo de agricultura moderna y competitiva¡±, dijo Planas en su d¨ªa, dejando entrever los recelos que el banco de tierras promovido por IU suscita en las filas socialistas.