?lvarez se examina de los ERE

Hoy es un d¨ªa decisivo para el caso ERE. Magdalena ?lvarez, el m¨¢s alto cargo de la Junta imputado hasta ahora, responsable de sus finanzas durante una d¨¦cada (1994-2004) como consejera de Hacienda, declara ante la juez Mercedes Alaya. La vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) expondr¨¢ sus argumentos para defenderse de las acusaciones de la magistrada. Y la expectaci¨®n es m¨¢xima: en primer lugar para ver c¨®mo concreta Alaya su imputaci¨®n contra la exministra de Fomento, y a continuaci¨®n por conocer el tono del di¨¢logo, dados los fuertes caracteres de ambas protagonistas (instructora y acusada), y del que pueden saltar chispas. A pesar de que la c¨²pula de la Junta, con los expresidentes Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y Manuel Chaves, ha sido se?alada por Alaya, ?lvarez es el m¨¢s alto representante del Ejecutivo aut¨®nomo, junto al exconsejero Antonio Fern¨¢ndez, en comparecer ante la juez.

? Imputaci¨®n de Alaya. La juez acusa a la exconsejera de Hacienda de haber dise?ado el sistema de pago de los ERE a trav¨¦s de las transferencias de financiaci¨®n, cuyo empleo considera intencionadamente inadecuado y que responde a un plan trazado para evitar los controles de la Intervenci¨®n General. ¡°Fue la persona que dict¨® las normas en las que se recog¨ªa el concepto presupuestario de las transferencias de financiaci¨®n a trav¨¦s de la orden de 4 de junio de 2003¡±, establece el auto en el que se imput¨® a ?lvarez el pasado junio junto a otros 19 altos cargos y funcionarios de la Junta. Alaya argument¨® contra el n¨²mero dos de ?lvarez, Jos¨¦ Salgueiro, que promovi¨® el uso de las transferencias de financiaci¨®n para realizar pagos a terceros ordenados por la Consejer¨ªa de Empleo a trav¨¦s del Instituto de Fomento de Andaluc¨ªa (IFA), cuando estaban dise?adas ¡°para financiar operaciones gen¨¦ricas de las empresas p¨²blicas¡±. Adem¨¢s, imput¨® a Salgueiro y previsiblemente lo har¨¢ con ?lvarez, haber ¡°actuado de espaldas a la Ley de Presupuesto a trav¨¦s de las modificaciones presupuestarias¡±.

? La fiscal¨ªa apoya a la juez. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n aval¨® la imputaci¨®n de la exministra socialista porque consideraba que existen indicios de que pudo haber conocido el ¡°uso perverso¡± del fondo de los ERE y por tanto ¡°lo hizo posible o sencillamente no lo evit¨®¡±. Anticorrupci¨®n se refiri¨® a ese ¡°uso perverso¡± para referirse a la utilizaci¨®n inadecuada de las transferencias de financiaci¨®n, que elud¨ªan el anterior control que la Intervenci¨®n ejerc¨ªa sobre las subvenciones excepcionales.

La fiscal¨ªa censura la supuesta inacci¨®n de la exconsejera por no haber evitado el dise?o del fondo. ¡°La f¨®rmula montada tiene una apariencia formal de legalidad pero una ¨²ltima finalidad fraudulenta, indiciariamente delictiva, que supera la categor¨ªa de infracci¨®n o irregularidad administrativa¡±, argumenta el fiscal anticorrupci¨®n.

? ?lvarez responde. La exministra ya ha avanzado que responder¨¢ a la juez, a la fiscal¨ªa y a su abogado con sus argumentos sobre el sistema de las transferencias de financiaci¨®n. De este modo, la exconsejera rompe la estrategia del silencio puesta en marcha por Salgueiro y los dos ex directores generales de Presupuestos Lozano y Aguilera.

?lvarez intent¨® frenar su imputaci¨®n ante la Audiencia de Sevilla y aleg¨® sufrir ¡°indefensi¨®n¡± dado que la juez no le hab¨ªa concretado qu¨¦ delitos le atribu¨ªa y ni le relataba los hechos de los que pudiera deducirse indicios de delito, por lo que se vulneraba el derecho de la exministra a la tutela judicial efectiva.

La juez estima que ?lvarez pudo cometer malversaci¨®n y prevaricaci¨®n, delitos que el abogado Horacio Oliva considera que habr¨ªan prescrito ya que su defendida abandon¨® la Junta en 2004. El letrado considera que la ¡°indefensi¨®n¡± que sufri¨® ?lvarez merece la nulidad del auto de su imputaci¨®n. La exconsejera defiende que las transferencias de financiaci¨®n son una ¡°herramienta habitual y esencial¡± en la financiaci¨®n de las empresas de Andaluc¨ªa y de ¡°otras muchas comunidades aut¨®nomas¡±.

?lvarez alega que el mecanismo de pago ya fue utilizado con anterioridad por la Junta y que figuraba en la Ley de Presupuestos: ¡°Es la ley que determina la legalidad del uso dado a las transferencias de financiaci¨®n, por lo que resultar¨ªa l¨®gicamente incongruente calificar como ilegal lo que la ley avala¡±.