La Fiscal¨ªa considera acreditada la prevaricaci¨®n del exalcalde de Gondomar

Tras dos jornadas de vista oral, la fiscal¨ªa ha ratificado hoy sus acusaciones contra el exalcalde de Gondomar, Mart¨ªn Urgal, del PP, y el exconcejal de Urbanismo, el tr¨¢nsfuga del PSOE Alfonso de Lis, para quienes ha pedido dos a?os de c¨¢rcel, ocho de inhabilitaci¨®n y una multa de 22.500 euros por un delito de prevaricaci¨®n urban¨ªstica continuada. La fiscal considera que el juicio, que ha concluido hoy en el juzgado de lo Penal n¨²mero 2 de Vigo, ha demostrado que Urgal y De Lis prevaricaron cuando, de com¨²n acuerdo, apartaron de sus funciones a la secretaria municipal y a una t¨¦cnica de Urbanismo, debido a que hac¨ªan ¡°informes desfavorables con mucha frecuencia¡±, seg¨²n declararon las funcionarias.

El juicio ha permitido reconstruir la pol¨ªtica urban¨ªstica de Urgal tras apear al nacionalista Ant¨®n Ara¨²xo de la alcald¨ªa mediante una moci¨®n de censura. Seg¨²n el relato de las funcionarias, que fueron quienes trasladaron los hecho a la Fiscal¨ªa, las presiones para que informaran favorablemente la concesi¨®n de licencias fueron inmediatas. Ante su negativa, fueron apartadas de sus funciones y sustituidas por un asesor externo, el abogado Jos¨¦ Mart¨ªnez Torea, a quien la fiscal acusa como cooperador necesario.

La representante del ministerio p¨²blico ha considerado en su informe final que Urgal y De Lis dictaron la resoluci¨®n de apartamiento de funciones de la secretaria y de la t¨¦cnica de Urbanismo ¡°a sabiendas de que era injusta¡± y sin que mediase el preceptivo expediente disciplinario. Los dos encausados optaron por contratar a un asesor externo para de esa manera contar con informes favorables en los expedientes de concesi¨®n de licencias urban¨ªsticas, ha a?adido la Fiscal¨ªa.

Las irregularidades denunciadas por la fiscal no terminan ah¨ª, ya que considera que tampoco se ajust¨® a derecho la contrataci¨®n del asesor, que contaba con un informe de la intervenci¨®n municipal en el que se advert¨ªa de que se trababa de un acuerdo de mayor entidad de la declarada y que deb¨ªa ser fiscalizado. Dicho informe alertaba tambi¨¦n de que el recurso a los servicios del abogado Torea supon¨ªa una ¡°duplicidad de gasto¡± para las arcas municipales, puesto que el Ayuntamiento contaba con servicios jur¨ªdicos. ¡°Las t¨¦cnicas no se negaron a informar sobre los expedientes, como sostienen los acusados. Lo que ocurre es que eran desfavorables y ellos necesitaban informes favorables para cubrirse ante cualquier responsabilidad¡±, ha subrayado la fiscal. Seg¨²n el ministerio p¨²blico, los acusados ¡°se saltaron la v¨ªa legal¡±. Respeto al asesor, lo considera cooperador necesario en el delito, puesto que ¡°conoc¨ªa la problem¨¢tica de Gondomar y era el que ten¨ªa los conocimientos jur¨ªdicos¡±.

La defensa de Urgal y De Lis ha admitido por su parte irregularidades en la actuaci¨®n de ambos, pero ha negado que se puedan considerar delictivas. As¨ª, sostuvo que ¡°pudo haber actuaciones no acertadas, pero no con intenci¨®n maliciosa¡± ni que re¨²nan los requisitos que exige la ley para hablar de prevaricaci¨®n. Entre esos errores se encontrar¨ªa la ¡°desacertada redacci¨®n¡± de la resoluci¨®n de alcald¨ªa por la que se retiraban a las dos funcionarias sus atribuciones. ¡°Parec¨ªa entenderse que las apartaba, pero no se pretendi¨® eso. De hecho, nunca se las releg¨® de sus funciones¡±, ha afirmado la abogada de la defensa, quien ha opinado que los hechos deber¨ªan haberse sustanciado en la v¨ªa contencioso-administrativa, y no a trav¨¦s de una denuncia penal.

La letrada ha apelado a la ¡°par¨¢lisis urban¨ªsitca¡± de la localidad del Val Mi?or para justificar la actuaci¨®n de Urgal y De Lis. Cuando el primero asumi¨® la alcald¨ªa, Gondomar ¡°llevaba cuatro a?os sin resolver un expediente¡±. Ante la negativa de las funcionarias a informar los expedientes con arreglo a las normas subsidiarias en vigor, optaron por la contrataci¨®n de un asesor para ¡°desbloquear la actividad urban¨ªstica del Ayuntamiento¡±, lo que, ha sostenido, ¡°no puede tipificarse como delito¡±. La abogada ha pedido la libre absoluci¨®n de ambos, al igual que ha hecho el de Torea, quien ha asegurado que se han ¡°violado¡± los derechos fundamentales de su cliente. El mismo letrado ha acusado a la fiscal de referirse a su defendido de forma ¡°injuriosa¡± y ha alegado que, gracias a la actuaci¨®n de Torea, Urgal y De Lis, se produjo un ¡°desbloqueo¡± del urbanismo ¡°que ahorr¨® muchos quebraderos de cabeza a los vecinos¡±.