?Cumplir la ley?
En momentos de erosi¨®n democr¨¢tica, las leyes constituyen un refugio frente a la discriminaci¨®n y la arbitrariedad
En momentos como lo actuales, el cumplimiento de la legalidad amenaza con convertirse en una suerte de arma con la que atizar a los que disienten, se atreven a pensar o simplemente tratan de buscar salidas a los atolladeros en los que estamos metidos. Pero, al mismo tiempo, el cumplimiento de la legalidad se est¨¢ convirtiendo cada vez m¨¢s en una reivindicaci¨®n de car¨¢cter revolucionario. Me explico. Hay claramente un uso selectivo de la Constituci¨®n y de las leyes por parte de los poderes p¨²blicos. En muchos casos sustentado por la modificaci¨®n alevosa, hecha manu militari, del art¨ªculo 135 por parte de PP, PSOE y CiU para cubrir las exigencias de prohibici¨®n del d¨¦ficit que nos impuso Merkel y su UE. Partidos, por cierto, estos ¨²ltimos que ahora se quejan del uso abusivo que hace el gobierno Rajoy de una excepcionalidad que ellos mismos alimentaron.
En Italia se ha organizado un gran movimiento, liderado por Stefano Rodot¨¤ y Paolo Flores d'Arcais, que el pasado 12 de octubre reivindic¨® en Roma que se cumpla la Constituci¨®n, ante el peligro de que las propuestas de reforma que se han ido planteando all¨ª acaben perpetrando una clara erosi¨®n de las libertades y derechos hasta ahora consagrados.
Asistimos aqu¨ª a una clara regresi¨®n de los derechos consagrados en la Constituci¨®n y en el Estatut. Los derechos subjetivos est¨¢n cada vez m¨¢s condicionados a las disponibilidades presupuestarias. En los servicios sociales de los ayuntamientos son plenamente conscientes de que, en la pr¨¢ctica, el n¨²mero de expedientes que efectivamente se tramitan ha alcanzado un techo, por mucho que lleguen m¨¢s personas que cumplan los requisitos para acceder a la prestaci¨®n. Lo mismo ocurre con las ayudas a la dependencia. No digamos con todos aquellos derechos no subjetivos, que en la Constituci¨®n y en el Estatut no est¨¢n debidamente protegidos y acaban siendo simples brindis al sol, como los que se refieren al trabajo, a la vivienda y a tantas otras cosas.
Hemos de tomar ejemplo de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, cuyos miembros aprovechan todo lo que pueden las leyes, las interpretan, las exprimen para conseguir proteger a los m¨¢s d¨¦biles, en una din¨¢mica en la que cuentan crecientemente con el apoyo de jueces cansados de servir de instrumentos ciegos e indiferentes de los poderosos. El amparo del Tribunal de Estrasburgo ha sido clave para evitar que el bloque ocupado de Salt acabase desalojado sin ofrecer alternativa alguna a personas ocupando pisos vac¨ªos, de propiedad p¨²blica y rescatados con nuestros recursos.
Ha sido significativo ver como los que todos los d¨ªas nos ponen las leyes como barrera, se remueven y despotrican con el mencionado Tribunal de Estrasburgo tras el fallo sobre los afectados por la "doctrina Parot". Sobresale el otrora moderado Ruiz Gallard¨®n, convertido ahora en el adalid del populismo punitivo, cargando por ejemplo contra el magistrado L¨®pez Guerra por haber antepuesto su sentido de la justicia a lo que el PP entiende que ser¨ªa su insoslayable deber patri¨®tico.
De hecho, en momentos en que cualquier excusa parece buena para hacer retroceder el sistema de libertades y la obligaci¨®n de rendir cuentas de los que gobiernan en nuestro nombre, parece claro que el cumplimiento de la legalidad constitucional y la movilizaci¨®n ciudadana pueden tener muchos m¨¢s puntos de conexi¨®n, haciendo coincidir radicalismo democr¨¢tico, iniciativa pol¨ªtica y resistencia social ante p¨¦rdida de derechos. No son los ciudadanos los que sienten desafecci¨®n ante el funcionamiento de las instituciones representativas, sino que son estas las que parecen no tener consideraci¨®n alguna para con los ciudadanos. Cuando observamos la impunidad con la que parecen actuar los Mossos d'Esquadra en casos como el de la Calle Aurora en el Raval, conviene recordar la frase de Flores d'Arcais: ¡°La legalidad es muchas veces el poder de los sin poder¡±. El autoritarismo acaba siempre incumpliendo su propia legalidad, empujando por hacer cumplir su voluntad por encima de cualquier cortapisa.
No hemos de entender la Constituci¨®n o el Estatut como un simple marco de relaciones entre los poderes. Son expresi¨®n de un r¨¦gimen ciudadano, una experiencia ordinaria de civilidad, en un ¨¢mbito de micropol¨ªtica en el que uno deber¨ªa sentirse seguro ante una actuaci¨®n policial que deber¨ªa ser siempre proporcionada y autorestrictiva.
La ley, en momentos de erosi¨®n democr¨¢tica, constituye un refugio frente a la discriminaci¨®n, el capricho y la arbitrariedad. Fuera de la ley se impone el fuerte, el corruptor y el corrupto, el rico y el poderoso. Pero, en esa l¨ªnea, la ley no es letra muerta. Debe experimentarse. Y si no recoge el sentir ciudadano debe modificarse, sin utilizarla como muralla, ya que entonces se incumple la virtud autoreformadora de la democracia y todo el andamiaje cruje.
Joan Subirats es catedr¨¢tico de Ciencias Pol¨ªticas de la UB.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.