El desv¨ªo del Guadalete acaba en juicio

La Justicia sentar¨¢ en el banquillo a los siete imputados por la Operaci¨®n Pinsapar, uno de los mayores casos de corrupci¨®n urban¨ªstica en la sierra de C¨¢diz. Ocho a?os despu¨¦s de que vecinos de Grazalema y Ecologistas en Acci¨®n denunciaran el desv¨ªo del r¨ªo Guadalete para la construcci¨®n de viviendas, el entonces alcalde, el socialista Antonio Mateos, el perito del Ayuntamiento, dos constructores, dos promotores y un arquitecto tendr¨¢n que responder en los tribunales por la ejecuci¨®n de proyectos ilegales bajo el pago y cobro de comisiones.

La juez de primera instancia e instrucci¨®n de Ubrique, Raquel L¨®pez Vizca¨ªno, afirma en un auto que, ¡°sin licencia¡±, se modific¨® el cauce natural del Guadalete para ganar terreno y construir un bloque de viviendas que, adem¨¢s, contaba con m¨¢s edificabilidad de la prevista en el permiso de construcci¨®n municipal. El inmueble empez¨® a levantarse en agosto de 2005. El colectivo ecologista denunci¨® el caso y la sucesora de Mateos en la alcald¨ªa, Mar¨ªa Jos¨¦ Lara, tambi¨¦n socialista y sobrina de su predecesor, paraliz¨® la obra por orden de la Junta.

Los ecologistas piden a la Junta que devuelva el Guadalete a su cauce original

En mayo de 2006 la alcaldesa revel¨® el contenido de una reuni¨®n con tres profesionales de la construcci¨®n. En ese encuentro, hab¨ªan reconocido que el arquitecto t¨¦cnico del Ayuntamiento de Grazalema, Juan Prieto, les hab¨ªa cobrado comisiones para conseguir licencias de obras. La regidora llev¨® el asunto a la fiscal¨ªa y la Guardia Civil inici¨® la denominada Operaci¨®n Pinsapar que se sald¨® con el ingreso en prisi¨®n de Prieto y la detenci¨®n de cuatro constructores y promotores. Todos est¨¢n en libertad a la espera del juicio.

La magistrada exculpa a la alcaldesa y mantiene la imputaci¨®n al resto. El auto judicial acusa a Prieto de la presunta comisi¨®n de los delitos de cohecho, prevaricaci¨®n, contra la ordenaci¨®n del territorio y negociaci¨®n prohibida a los funcionarios por ¡°cobrar a constructoras comisiones¡± de hasta 36.000 euros por concesiones y adjudicaciones de obras y por ¡°eludir o relajar las normas de planeamiento¡±. Tras Prieto, la juez acusa por cohecho y un delito contra la ordenaci¨®n del territorio al arquitecto Antonio del Canto Boh¨®rquez, a los promotores Rafael Torres y Ra¨²l Gasc¨®n, as¨ª como a los constructores Crist¨®bal Barrera y Daniel Salguero por pagar cantidades de dinero a cambio de obtener licencias. La resoluci¨®n tambi¨¦n apunta que los constructores deber¨¢n responder por ¡°la realizaci¨®n de obras en la casa del perito municipal¡± en respuesta a las adjudicaciones.

El juzgado procesa tambi¨¦n al exalcalde socialista por prevaricaci¨®n. La sala entiende que hay ¡°indicios racionales de que conoc¨ªa las irregularidades sin hacer nada para impedirlas¡±.

El portavoz de Ecologistas en Acci¨®n, Juan Clavero, muestra su satisfacci¨®n por el auto pese a que ¡°la lentitud de la Justicia¡± provoca ¡°sensaci¨®n de impunidad¡±. ¡°Algunos imputados ya han dejado la actividad pol¨ªtica. Les va a importar poco que los inhabiliten¡±, apostilla. Clavero insta a la Junta a ordenar ¡°el derribo del bloque de viviendas a medio construir¡± y a ¡°devolver el r¨ªo Guadalete a su estado original¡±. ¡°El mensaje debe ser que la corrupci¨®n no sale gratis¡±, protesta Clavero.